Agravios de la reforma energética

Javier Jiménez Espriú / II y última | Opinión-La Jornada
Como continuación a mi anterior artículo con el mismo nombre, entro en más detalle de lo que considero algunos de los riesgos y agravios más delicados de la reforma energética, que afectarán el futuro del desarrollo nacional: La reforma no garantiza un suministro energético suficiente ni una disminución de precios de la electricidad y de las gasolinas. Por el contrario, pretende mantener “los gasolinazos hasta 2017”, y, aunque se haya excluido la pretendida eliminación de los subsidios al consumo eléctrico, como se irá a precios de mercado en el futuro, subirán las tarifas de ambos de aquí en adelante, contrariamente a las promesas.

Se vulnera la seguridad energética nacional y la soberanía del país sobre los recursos naturales, al no fijar plazos para las concesiones petroleras, lo que prácticamente perpetuará el control de empresas trasnacionales sobre el petróleo mexicano y porque los intereses de esas empresas, que buscan el mayor rendimiento para sus inversiones, en el menor plazo posible, provocará sobre explotación de nuestras reservas y su más pronta declinación.

Prevé la extracción del petróleo por empresas privadas bajo fórmulas contractuales, que analizaremos en el próximo artículo, que les permitirán llevarse la mayor parte del valor de los hidrocarburos.

Estas fórmulas contractuales prevén que el Estado les rembolse la totalidad de sus costos, sin mecanismos que permitan supervisarlos, creando una supercarretera hacia la corrupción y otorgándoles un cheque en blanco a costa de los mexicanos.

Deja en el vacío el control y la propiedad de activos tan relevantes como la generación de electricidad hidráulica en las grandes presas que el país ha construido con grandes esfuerzos y sacrificio de la población local.

Se crea un Fondo Mexicano del Petróleo, cuya principal función es ser una caja de pagos para reembolsar los costos de las empresas trasnacionales y no el ahorro a largo plazo.

Socava los derechos de ejidatarios, indígenas y propietarios rurales sobre sus tierras, al otorgar prioridad a las empresas privadas que lleven a cabo actividades vinculadas a los hidrocarburos y la electricidad.

Se prevé la contratación de empresas privadas para la comercialización del petróleo mexicano en los mercados internacionales, cobrando una comisión y dejando nuestros canales de venta a merced de los intereses privados.

Se impone un requisito de 35 por ciento de contenido nacional, pero a nivel de la industria y no por contrato. Se le podrá exigir a Pemex cumplirlo a totalidad y liberar a sus competidores de esta obligación.

Reduce y desmantela innecesariamente a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, empresas públicas que han sido pilar del desarrollo industrial del país, que han sostenido el suministro energético de los mexicanos y las finanzas públicas del gobierno desde hace más de 57 años. Y no digamos lo relacionado con los brazos tecnológicos del sector. El Instituto Mexicano del Petróleo no merece en la reforma más que un par de artículos transitorios sobre cuándo y dónde tiene que transferir sus bienes y la información de que dispone. Del de Investigaciones Eléctricas ni se acordaron. Seguro no saben ni dónde está ni qué hace.

Deja en manos del mercado servicios públicos esenciales de manera irresponsable, sin organismos de regulación maduros, lo que expondrá la explotación de hidrocarburos y el suministro de electricidad a riesgos irreparables y a vulnerar los derechos de los consumidores y de la Nación.

Se enfrenta al país a conflictos legales, que no serán resueltos en tribunales mexicanos, sino en arbitrajes internacionales en los cuales los Estados han tenido muy malas experiencias.

Se evita un manejo transparente y responsable de los recursos y del sector, sin mecanismos adecuados para evitar el poder corruptor de las grandes petroleras.

No se toman las precauciones necesarias para el cuidado del medio ambiente, las comunidades y la salud de las personas. Se impulsan procesos técnicos controversiales por sus potenciales daños a la naturaleza ( fracking). Se violentan, además, leyes sobre cuidado del medio ambiente.

La reforma que se pretende imponer reducirá, para la Nación, los ingresos petroleros y las divisas captadas por exportación, lo que creará tensiones sobre el crecimiento, la estabilidad monetaria y económica del país.

A contracorriente de los cientos de miles de empleos bien remunerados que ofrecen crear, se producirá el despido de trabajadores de CFE y Pemex y reducirá a importantes sectores de ellos sus derechos laborales. Además, incorpora elementos de excepción para los trabajadores mexicanos que contraten las empresas privadas que participarán en la industria energética para la explotación de hidrocarburos, como la eliminación del derecho al reparto de utilidades, lo que violenta la legislación laboral mexicana.

¡Ah!, y en cuanto al tránsito hacia la necesaria transferencia del balance energético con fuentes limpias y renovables, eso queda señalado con tenues pinceladas para cuando lleguemos al reino de la utopía… y apenas estamos entrando a la dictadura perfeccionada.

Fuente: La Jornada