Cuando el poder ejecutivo no puede evitar las manifestaciones en las calles, o es condenado por la represión, interviene el legislativo para legalizar el uso de la fuerza y la restricción de derechos.
21 julio 2014 | Carlos A. Ventura Callejas | Desinformémonos.org
México. Existe una andanada de intentos por restringir la participación de las personas y pueblos en las decisiones medulares del país. La organización social es mal vista por los gobiernos, y poco a poco se construyen entramados legales que dejan al libre arbitrio de las autoridades la “pertinencia” de las protestas sociales.
En medio de reformas neoliberales, despojos de territorios y bienes comunes, adelgazamiento de derechos sociales y falta de acceso a la justicia, las personas y colectivos denuncian esta avalancha de violaciones sistemáticas a sus derechos. En su mayoría, las organizaciones sociales se visibilizan precisamente a través de manifestaciones en el espacio público. La protesta social se configura como un mecanismo que debe ser considerado por los gobiernos como privilegiado para la resolución de los asuntos públicos. Es un indicador del grado de descontento o exigencia que existe entre la población. Sin embargo, pretenden eliminarla.
Si aumentan las manifestaciones de protesta, es porque hay más demandas, exigencias y desavenencias con un Estado que no cumple sus obligaciones respecto a la realización de la justicia, la paz y la vida digna de las personas y pueblos. Las protestas también son muestra de la crisis del sistema representativo, y a través de éstas surgen nuevas formas de participación política directa. Si se limitan las protestas, se coarta la vida de los pueblos y se invisibilizan problemáticas que conocemos por medio de ellas.
En México, en los últimos meses entramos en un debate sobre manifestaciones y espacios públicos. Los congresos federal y local iniciaron la aprobación de legislaciones que limitan derechos asociados con la protesta social, por ejemplo, los reconocidos en los artículos 13, 16 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los artículos 19, 21, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El poder legislativo asume con estas nuevas propuestas de leyes la restricción de derechos, y argumenta falsamente la protección de personas a las que se les impiden derechos como el libre tránsito, la protección de sus propiedades, o bien su derecho a la paz y el orden público. Privilegian la protección de las instituciones políticas y económicas antes que a las personas que se manifiestan. En realidad, buscan acabar de tajo con el derecho fundamental a la protesta social.
Las legislaturas pretenden, a través de estas argucias, consolidar un marco regulatorio para las protestas e incluso usar la fuerza pública para impedirlas. Si la parte administrativa del poder ejecutivo no puede detener por la fuerza que las personas salgan a la calle a protestar, entonces la legislación se endurece, y so pretexto del Estado de Derecho y el orden público, se violentan derechos humanos.
Desde 2012, con el ascenso del nuevo gobierno federal, el país es testigo de represiones violentas, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en contextos de manifestaciones públicas. La política del Estado, en lugar de privilegiar las vías del diálogo y la negociación, invierte el sentido de la fuerza pública y la impulsa hacia las personas titulares de derechos: pone la yunta delante de los bueyes.
Después de más de un año de este escenario, y ante la reprobación generalizada de los actos violentos de cuerpos de seguridad, el Estado giró la estrategia y llevó al campo de lo legal la posibilidad de reprimir el disenso. Esto es una práctica recurrente en países donde la brutalidad policial en protestas es evidenciada; el siguiente paso entonces es legalizar esa represión: se promulgan leyes penales o administrativas restrictivas de derechos, se penalizan los actos de organización social y se estigmatizan como dañinos para la sociedad, se procesa como delincuentes a activistas y líderes comunitarios, y en los procesos judiciales se anula el debido proceso. Esto genera un artefacto usado por el Estado que denominamos criminalización de la protesta social.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló, en repetidas ocasiones, que el uso de la criminalización para inhibir la participación política de las personas y pueblos hace imposible la construcción de Estados democráticos. Los Estados tienen que concebir a la protesta, organización y participación social como conductos para el ejercicio de muchos otros derechos económicos, sociales, políticos y civiles. Por ello, deben abstenerse de acallar las voces en las calles, de lo contrario son, como ahora lo vemos, proclives al autoritarismo.
La ONU estima que las protestas son una alternativa a la violencia, y un medio principalísimo de expresión que atrae la atención hacia las preocupaciones relativas a los asuntos públicos y el logro de cambios favorables para la sociedad, por tanto, es obligación del Estado respetar, promover y proteger la realización de este ejercicio entre la población[1].
También es obligación estatal atender el tema del género en las manifestaciones, pues existen actos brutales contra mujeres por parte de los grupos de seguridad, que por lo general repercuten en el ámbito sexual. Es decir, se les ataca intencionada y selectivamente, y con ello se inhibe su participación en espacios de debate público, porque ven amenazada mayormente su integridad y seguridad personal en medio de protestas por el hecho de ser mujeres.
Si existen amplios consensos sobre la importancia de las protestas sociales para las democracias, entonces ¿qué es lo que temen los malos gobiernos? ¿Por qué se oponen a las manifestaciones públicas, sobre todo a las de índole política? ¿Tienen miedo de perder poder, privilegios y comodidad? El Estado está obsesionado por el control extremo no sólo en el espacio público, sino también en el digital. Quienes gobiernan piensan que de esta manera pueden mantenerse estables en el poder, y por ello no dudan en generar políticas de vigilancia y control de la sociedad.
Diversas organizaciones, movimientos y colectivos sociales emprendimos una fuerte denuncia contra los intentos de limitar el derecho a la protesta. Hacemos evidente que existe una tendencia a criminalizar a toda persona o grupo que se presente en los espacios público y digital con reclamos hacia los gobiernos. El Estado en su conjunto, mediante un engranaje perverso de los órganos que le conforman, restringe los derechos de personas que se expresan, defienden sus derechos y hacen uso legítimo de mecanismos de exigencia de sus causas[2].
Este tipo de regulaciones cobran sentido cuando vemos el clima político que vive el país: existe un rechazo hacia la clase política y empresarial que despoja a las comunidades y pueblos de sus bienes y sus derechos. Los conflictos aumentan por las disputas entre comunidades y empresas transnacionales. La falta de consulta y participación en las principales decisiones del país, el clima de violencia incontenible y la lacerante impunidad y corrupción en las instituciones hacen que la sociedad levante la voz, intente transformar y cambiar el rumbo de la realidad de México. Frente a ello, el Estado se erige como salvaguarda de los intereses económicos que están en juego, y no titubea en aplicar el “rigor de la ley” a quiénes osan “desestabilizar el país” y oponerse al desarrollo.
Este Estado usa su maquinaria para contener el descontento social por la fuerza y en beneficio de enormes capitales nacionales o extranjeros. Es él quien dicta las reglas del juego y dice quién es peligroso, violento y contrario al “orden y progreso” del país. Este Estado ya no está legitimado por el pueblo, sino por la fuerza, el miedo y la presión. A este Estado nos enfrentamos, y lo denunciamos ahora como autoritario, violento y contrario a los derechos de personas y pueblos. Sigamos entonces protestando.
El autor es colaborador del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. e integrante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.
21 de julio 2014
[1] Pueden consultarse diversos informes sobre el tema, por ejemplo: Informe del Relator sobre derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, A/HRC/20/27, 21 de mayo de 2012, disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_sp.pdf También véase: Seminario sobre medidas efectivas y mejores prácticas para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/25/32, 29 de enero de 2014, disponible en: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Pages/ListReports.aspx [2] Uno de los ejercicios al respecto fue la conformación del “Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social” que integran nueve organizaciones sociales y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos. En abril de 2014, este Frente emitió un primer informe sobre los retrocesos en relación con el derecho a la protesta social: Control del Espacio del Espacio Público. Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el espacio público, disponible en: http://www.redtdt.org.mx/media/descargables/INFORME_Protesta%20Final%202.pdf
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Fuente: Desinformémonos.org
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