Reforma educativa, ¿qué sigue?

Arturo Alcalde Justiniani | Opinión-La Jornada

En pocos días se ha generado un escenario inesperado en torno a la reforma educativa. Después del cambio constitucional al artículo 3, se esperaba que la ley reglamentaria del servicio profesional docente quedara sujeta al debate público y a la participación de los maestros y especialistas. Se esperaba también una ley que respetara el papel protagónico que se había otorgado al órgano autónomo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), mandatado por la propia Carta Magna, para “…evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional…”
Una ley que impulsara la calidad educativa y que garantizara los recursos para mejorar la infraestructura e impulsar la formación y participación de los órganos colegiados con personal calificado para resolver temas como el de ingreso y promoción. En suma, la expectativa en torno a la reforma se centraba en encontrar la mejor manera de responder a lo que en muchos años se identificó como necesidades para lograr un mejor desarrollo de esta política tan importante para el país.

Lamentablemente el proceso legislativo transitó por una vía distinta. No hubo debate, se omitió una visión integral y no se tomaron en cuenta las observaciones de maestros y especialistas. La ley fue aprobada en un atrabancado proceso que incluyó cambios al texto, agregados la noche anterior a su votación en la Cámara de Diputados, contraviniendo la legalidad interna del órgano legislativo. Así se impidió una votación informada, se impuso la consigna y operó la aplanadora. Todas las reservas fueron rechazadas, negándose incluso la posibilidad de discutirlas.

El producto final fue una ley de corte administrativo-laboral que, si bien contiene aspectos positivos como el examen de oposición para el ingreso, exhibe claramente la intención de controlar y subordinar a los maestros a través de las facultades de evaluación y despido que la ley otorga a la burocracia educativa (hoy priísta) en los diferentes niveles de gobierno, en menoscabo de las atribuciones constitucionales otorgadas al INEE. Prueba de ello es el contenido del artículo 52 de la ley, el cual señala que “las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán evaluar el desempeño docente...” Es cierto que existen facultades complementarias entre el instituto y las autoridades, sin embargo, en el texto de la ley se otorga un amplio margen de maniobra a estas últimas. Por otro lado, coloca a los maestros como los únicos responsables del resultado educativo imponiéndoles un régimen de acoso e inestabilidad permanente, como si la indefensión fuese la vía idónea para lograr su mejor desempeño. Además, la nueva regulación desaparece toda forma de representación colectiva excluyendo incluso al propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El rechazo de los maestros a la nueva ley ha sido creciente y generalizado. No se escuchan voces en su favor. El verdadero sentir se ha expresado en la calle a través de un movimiento de insurgencia que si bien es encabezado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha trascendido sus espacios tradicionales a lo largo y ancho del país. En el ámbito de los especialistas de la educación también aflora una crítica fundada en un enfoque reduccionista de la ley, dejando huecos y omisiones que generan gigantescas dificultades para su instrumentación. En estos pendientes parece estar la clave de la acción organizada de los maestros.

Ante este escenario tan confuso e incierto aparecen distintas interrogantes: ¿Cómo van a lograr consolidar sus fuerzas la CNTE y la insurgencia magisterial que la acompaña? ¿Qué cambios debe llevar a cabo el SNTE para salir del corralito que le ha impuesto el gobierno evitando el desmembramiento que como organización nacional reclaman los sectores más conservadores? ¿Qué actitud debe asumir el órgano autónomo (INEE) para recuperar sus facultades constitucionales frente a los órganos burocráticos que pretenden desplazarlos? ¿Qué comportamiento deben asumir la sociedad organizada y los sectores especializados para impedir un simple recambio en el sistema de control exhibiendo las verdaderas intenciones de sectores como Ciudadanos Primero y Televisa, que hoy pretenden hablar en nombre de la ciudadanía?

La definición dependerá en buena medida de la capacidad de los maestros para consolidar sus fuerzas y de convertir en organización el conjunto de la insurgencia. El SNTE debe comprender que la llave para su supervivencia está en asumir una agenda democrática que permita la defensa colectiva. Constituye un gigantesco error que su dirigencia apoye la represión a los maestros movilizados por su legítimo reclamo en contra de una ley que lesiona a todos. Adoptar el voto secreto universal y directo en todas las instancias sindicales favorecería la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad del SNTE, neutralizando el reclamo empresarial de corte antisindical y creando las condiciones para lograr una nueva correlación de fuerzas en favor de los maestros y de una auténtica reforma educativa en beneficio del país.

Los sindicalistas y los luchadores sociales han demostrado que los movimientos también se ganan o se pierden en la etapa posterior a los acuerdos. El paquete legislativo tiene tantas asignaturas pendientes que no será viable si no participan los maestros. Los convenios que se celebran ante las autoridades podrán incluir agendas locales, desistimiento de medidas represivas o comisiones de análisis y resolución. Sin embargo, los verdaderos avances dependen de la capacidad de organizarse en la cotidianeidad, de dar cauce a la pluralidad que se desarrolla en diferentes regiones del país, de crear un frente común en defensa de los intereses laborales, pero también de los educandos; motivo y razón de tan generosa profesión.

Fuente: La Jornada