sábado, 5 de octubre de 2013

Aún sin apoyo, unos 50 pueblos de la Montaña: damnificados

Aún hay poblados sin apoyo del Fonden en Guerrero
Acatepec y Atlixtac, en la región de la Montaña Alta
Acusan que autoridades locales han desviado la ayuda y que sólo entregan despensas bajo presión
En Zihuatanejo piden investigar a constructoras de casas, sin considerar los daños ambientales
Sergio Ocampo Arista y Héctor Briseño | Corresponsales | Periódico La Jornada | Sábado 5 de octubre de 2013, p. 2
Chilpancingo, Gro., 4 de octubre.- Comisarios municipales y delegados de unos 50 poblados del municipio de Acatepec, en la Montaña Alta de Guerrero, denunciaron que el gobierno del estado no envió ningún tipo de apoyo a los damnificados por Manuel e Ingrid; además, debido a que los pueblos siguen incomunicados, más de 500 niños siguen sin clases.

Albino Ortega Cantú dijo que en la comunidad El Chirimoyo murieron siete personas y no seis como informó el gobierno estatal, y acusó que autoridades locales desviaron la ayuda enviada a los pueblos de Acatepec, pues de mil 32 caseríos, sólo 50 recibieron apoyos.

Incluso, el secretario del ayuntamiento Antonio Cayetano Díaz les entregó bajo presión unas mil despensas. “Sabemos que tienen guardadas otras 4 mil en una bodega de Chilpancingo”.

Afirmaron que el edil perredista, Juan Paulino Neri, “ni siquiera se ha asomado al municipio, porque dice que en Acatepec ya está todo resuelto”.

El indígena tlapaneco Ángel Aguilar Romero mencionó que “hay hambruna y brote de enfermedades en todas las comunidades, no hay luz, ni médicos y mucho menos medicinas y, por si fuera poco, ni el municipio de Acatepec ni el de Atlixtac fueron incluidos en el Fondo Nacional de Desastres (Fonden)”.

Recalcó que no hay clases en al menos 50 escuelas. El municipio tiene 102 comunidades, y casi 70 por ciento de las casas quedaron dañadas.

Habitantes de colonias de Coyuca de Benítez, en la región de la Costa Grande, recibieron ayuda humanitaria a más de 15 días del paso de Manuel. Brigadistas de la Cruz Roja lograron ingresar a la comunidad de Barrio Nuevo La Laja por medio de una tirolesa, pues la creciente del río impide arribar al sitio de otra forma.

En el lugar sólo se mantienen secos y de pie la iglesia y una escuela primaria, por lo que los lugareños pidieron ser tomados en cuenta en programas de reubicación del gobierno federal.

Por separado, habitantes de Zihuatanejo pidieron a la Federación investigue el funcionamiento de empresas desarrolladoras de casas de interés social que construyeron sin considerar el daño ambiental que causarían, incluso colonos de la colonia Flamingos señalaron que Casas Geo no tiene planta tratadora de aguas residuales en un complejo habitado por mil 500 familias.

La tesorera del comité de dicha colonia, Elizabet Arviza Ceballos, denunció que las aguas negras de la zona van a parar a un canal del lugar donde habitan. Advirtió que la laguna negra desemboca a Playa Linda con todas las aguas sucias y temen que proliferen las enfermedades.

Incomunicados, en la Sierra Madre del Sur

Pobladores de unas 400 comunidades, de un total de mil 277 poblados de 14 municipios ubicados en la Sierra Madre del Sur, denunciaron que las 36 rutas carreteras en esa región están totalmente destrozadas, es decir, poco más de 3 mil 377 kilómetros, que tienen que ser rehabilitadas.

En conferencia de prensa, los representantes vecinales Rigoberto Acosta, Severo Oyorzábal y Enoé Salto Cortés exigieron la instalación de 74 sedes que surtan de alimentos a dichas comunidades “debido a la incomunicación que existe por tierra y aire, pues no ha llegado la ayuda”.

Dijeron que desde la semana pasada entregaron al gobernador Ángel Aguirre Rivero un diagnóstico de la situación en los municipios de la sierra, pero ni así los han ayudado. Aseguraron que el gobierno envió víveres sin conocer el terreno.

“Varios helicópteros han regresado con la ayuda, debido a que no conocen la sierra y no pueden aterrizar, lo que hace evidente que no hay coordinación entre las dependencias estatales y federales, por no tomar en cuenta a los municipios”.

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Fuente: La Jornada