Enrique Calderón Alzati | Opinión-La Jornada
La molestia y la agitación visible en un amplio sector de la población de varias entidades, que incluye no sólo maestros, sino padres de familia, que ven como una posibilidad nada remota estar pagando la educación de sus hijos sin tener los recursos para ello, y que además constituiría una grave violación a la Constitución, son explicables, por una parte, ante la incapacidad o la falta de voluntad de las autoridades gubernamentales de aclarar que la reforma recién aprobada por el Congreso de ningún modo tiene ese objetivo, y asimismo indicar que la reforma educativa no ha sido preparada para atender las propuestas ni los intereses de las empresas privadas y menos aún de Televisa.
Los análisis de diversos especialistas en torno a la gran concordancia entre algunos de los puntos de la reforma educativa y los dichos de altos funcionarios del gobierno con declaraciones hechas por Televisa, a través de su membrete y sus personeros de Mexicanos Primero, actuando como representantes de diversos grupos de la iniciativa privada, parecieran indicar que existe de facto una clara e interesada injerencia de este sector en la política educativa nacional.
Desde mi punto de vista, está haciendo mucho daño la ausencia de un deslinde claro de la Secretaría de Educación respecto de esta asociación que se le imputa, en especial tomando en cuenta la pobre imagen de Televisa como una organización totalmente contraria a la educación, en su ideología (si es que se le puede llamar así), en su visión cultural y en la búsqueda de lucro ilimitado como objetivo esencial y único de sus acciones, estando presente además el vergonzoso incidente del finado titular de Educación de Felipe Calderón, en el que entregó un reconocimiento a las dos cadenas televisoras “por sus grandes aportes a la educación” (¿?)
Por otra parte, me parece importante mencionar que en términos generales la educación privada no ofrece mayor calidad ni mejores resultados que los de las escuelas públicas, aunque se afirme lo contrario, pues existen claras evidencias de ello. De acuerdo con los últimos resultados de Enlace, para la educación media superior, los puntajes medios de las escuelas privadas son menores a los de las escuelas públicas en 18 de las 32 entidades, entre las que se encuentran el estado de México, Jalisco y Veracruz, las más populosas del país; en aquellos estados donde las escuelas privadas tienen puntajes mayores, estos se reducen siempre a las ciudades, dejando la educación pública como única oferta en los municipios rurales y ciudades pequeñas, generalmente con problemáticas educativas, económicas y sociales de mayor precariedad ( Geografía de la Educación Media Superior 2012, Tecnología Educativa Galileo).
Sin embargo, cuando analizamos los resultados de Enlace para las ciudades, de manera que la comparación sea entre iguales, siempre nos encontramos entre 15 y 35 por ciento de escuelas privadas con buenas evaluaciones, mientras 65 por ciento las evaluaciones están por debajo de la media de las escuelas públicas. En otras palabras, para un buen número de ciudades existen escuelas privadas que se han construido una imagen de excelencia, con dedicación y esfuerzo; luego algunas escuelas pequeñas hechas con gran esfuerzo y con un prestigio de calidad en ascenso, similar al promedio de las escuelas públicas, y luego un conjunto mayoritario de escuelas de pésima calidad, como resultado de la inexperiencia, la mediocridad de su personal y el interés de los dueños de magnificar sus utilidades a toda costa.
Hoy la privatización de la educación, con sus más de 25 millones de estudiantes en los diferentes niveles y con amplias diferencias en sus capacidades económicas, ciertamente representa un mercado por demás atractivo; bastaría que 33 por ciento de la población escolar existente asistiera a escuelas privadas; es decir, 17 por ciento adicional a la matrícula actual, para hablar de un negocio supermillonario, aunque su costo económico y social para el país sería desde luego desastroso. Los nuevos negocios de cadenas o de franquicias escolares terminarían destruyendo a muchas de las escuelas privadas ya establecidas de tiempo atrás y de buen desempeño, generando un nuevo tipo de educación masificada con objetivos seguramente diferentes a los que el país necesita.
La razón es clara, la educación es vista cada vez más como “un buen negocio” para un número creciente de inversionistas, cuyos propósitos son obtener buenos rendimientos y que desde luego ven la educación como “un buen negocio” porque después de todo ¿qué diferencia hay entre una cadena de escuelas y otra de tiendas tipo Oxxo? ¿O de almacenes populares como los de Azteca? Si a ello le agregamos una buena campaña promocional de televisión, una banca de créditos educativos con pagos en abonos fáciles y una agencia de evaluaciones a modo, cuyos resultados podrían ser anunciados periódicamente por Carlos Loret y Joaquín López para tener tranquilos y contentos a los padres de familia, el negocio resultaría tan maravilloso que seguramente dejaría atrás al de sus casas de apuestas y casinos.
La Constitución es clara, fue hecha por mexicanos patriotas y visionarios que plantearon una educación que fuera gratuita y obligatoria, proporcionada por el gobierno y bajo la responsabilidad única de éste. Es por ello que considero que es estrictamente necesario que las autoridades de la SEP y el presidente mismo hagan una declaración aclaratoria al respecto.
Por otra parte disiento de la opinión de varios articulistas de nuestro diario, que colocan a la OCDE como parte de esta problemática, siendo que su actuación obedece a razones o intereses totalmente diferentes a los aquí señalados y descritos. México ingresó a la OCDE varios años atrás y al hacerlo estableció varios compromisos con esa organización, uno de los cuales ha sido la aplicación de las evaluaciones estandarizadas conocidas como pruebas Pisa, a una muestra aleatoria y representativa de nuestra población, al término de su educación básica; la prueba es aplicada en todos los países miembros para darles información comparativa con los demás países de la organización; ello de ninguna manera hace de la OCDE un organismo asociado a Televisa. Alguien puede estar en contra de que nuestro país sea miembro de esa organización, pero ello rebasa con mucho el ámbito de la educación, es historia diferente.
Fuente: La Jornada
Fuente: La Jornada