4 marzo 2013 | Arturo Rodríguez García | Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reveló que no hubo modificaciones en la política de contratación y subrogación de guarderías, luego del incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños por el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009.
Además, los funcionarios del IMSS intentaron mantener en la opacidad las sanciones aplicadas por esos hechos, al alegar que éstas no eran de su competencia.
Y, cuando finalmente dieron a conocer una información parcial, se descubrió que una de las supuestas amonestadas no aparece en el Registro de Servidores Públicos Sancionados.
Sin embargo, sus argumentos para ocultar esa situación fueron desechados por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFA), que resolvió revocar la incompetencia alegada por el IMSS.
Hace unos meses, un ciudadano realizó una solicitud de acceso a la información al IMSS, en que pidió los nombres de los servidores públicos sancionados por su responsabilidad en el incendio, así como los documentos que sustentan las nuevas medidas que adoptó el organismo de seguridad social para la subrogación de guarderías.
El caso es uno de los episodios más trágicos del gobierno de Felipe Calderón, pues una cadena de negligencias provocó que el siniestro matara a 49 pequeños por quemaduras mortales y asfixia, en tanto que otros 76 resultaron heridos.
Las víctimas tenían edades entre los cinco meses y los cinco años.
Inclusive, el caso de la guardería ABC es emblemático por la corrupción y el favoritismo, ya que entre los socios de la guardería estaba Marcia Gómez del Campo, prima de la esposa de Calderón, Margarita Zavala.
Los hechos quedaron en la impunidad y, hasta el momento, se desconoce quiénes y cuántos fueron los servidores públicos sancionados, por lo que la instrucción del IFAI al IMSS abre la posibilidad de que por primera vez se sepa hasta dónde llegaron y en qué consistieron las sanciones en materia administrativa, en caso de que este último organismo acate la resolución de transparencia.
Durante la sustanciación del caso en la ponencia de la comisionada Jacqueline Peschard Mariscal, el IMSS argumentó que no tenía facultades sancionadoras, por lo que remitió al solicitante a realizar una nueva petición de información pero a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Inclusive, el IMSS reveló que, a partir de 2008, el esquema de contratación para nuevas guarderías se llevó a cabo a través de licitaciones públicas, por lo que aseguró que si bien no ha habido modificación en la forma en la que se contrata o subroga ese servicio, sí se llevaron a cabo acciones para garantizar la seguridad de los menores y trabajadores en esos inmuebles.
En la etapa de alegatos, la Jefatura de Servicios Jurídicos del IMSS modificó su respuesta y comunicó que rescindió por esos hechos a las servidoras públicas Delia Irene Botella Amante, coordinadora zonal de Guarderías, y Noemí López Sánchez, coordinadora delegacional de Guarderías.
Sin embargo, cuando el equipo de Peschard Mariscal intentó corroborar la información, constató que Botella Amante no aparece en el RSPS ni encontró sus antecedentes en el servicio público.
En el caso de Noemí Sánchez López fue sancionada por negligencia administrativa, con inhabilitación del 16 de diciembre de 2009 al 12 de diciembre de 2029, y multa de 3 millones 290 mil 739 pesos.
Aún más. En una consulta al Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012, el IFAI advirtió que se habían dictado resoluciones de inhabilitación y sanción económica a tres funcionarios de la delegación estatal, así como a una persona de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, además de destitución, inhabilitación y sanción económica para dos funcionarios del IMSS Sonora.
En total, seis implicados.
Además, en un comunicado de la SFP se destacó que el delegado estatal en Sonora fue inhabilitado por 20 años, en tanto, otros cinco servidores públicos de la Coordinación de Guarderías del IMSS y tres más del área subordinada local fueron sancionados.
Aunque es posible que se repitan nombres, el área al que supuestamente estaban adscritos los sancionados no corresponde entre las distintas fuentes, por lo que podría tratarse de cuando menos nueve personas más. En total, una lista de 15 sancionados.
Para el IFAI, el IMSS incumplió con sus obligaciones de transparencia, por lo que revocó su respuesta e instruyó para que se busque y entregue la lista de sancionados, así como las reglas aplicadas en los procedimientos de subrogación de guarderías, pues aun existiendo diversos documentos generados para reorganizar el servicio, éstos no fueron entregados por la dependencia al solicitante.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
