En un acto grandilocuente, mediático, el martes 12 en Aguascalientes, Enrique Peña Nieto dio a conocer las bases de su Programa Nacional de Prevención del Delito. Sin embargo, afirman sus críticos, para la elaboración de su estrategia el presidente desdeñó a la sociedad, a los estados y a los municipios, que por ley debieron participar, y la tachan de incompleta, superficial e ilegal.domingo, 24 de febrero de 2013 | Álvaro Delgado | Proceso
MÉXICO, DF. (Apro).- Ante más de 70 mil muertos, 27 mil desaparecidos y la percepción de inseguridad de 90% de los mexicanos, situación que le heredó la guerra de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto prometió que su primera decisión como presidente de la República sería crear el Programa Nacional de Prevención del Delito, "un cambio de paradigma sin precedentes en la promoción de la paz y en la disminución de la violencia".
El problema es que ni Peña Nieto ni su gobierno respetan lo que ordenan las leyes en la materia para cumplir con esa promesa.
El martes 12 Peña Nieto dio a conocer en Aguascalientes las bases del Programa Nacional de Prevención del Delito que –enfatizó– buscará evitar la estrategia policiaco-militar "como única arista o como única forma de combatir a la delincuencia organizada".
Pero lo hizo al margen de lo que dispone la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ordena tomar en cuenta a los estados, municipios y a la sociedad civil en el diagnóstico, elaboración, supervisión y evaluación del programa de prevención.
Peña Nieto sólo instaló la Comisión Intersecretarial de Prevención Social de la Violencia y el Delito, creada el domingo 10 e integrada por nueve secretarías de Estado que diseñarán las acciones en el ámbito de sus responsabilidades, pero cuya existencia no está prevista en la ley.
En los "lineamientos" del programa prometido por Peña Nieto se ignoran los mecanismos previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en vigor desde el 25 de enero de 2012.
Esta última establece las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, y confiere al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana la tarea de elaborar el programa nacional ofrecido por Peña Nieto.
Este centro nacional es el órgano técnico en el que, según la propia ley invocada por el gobierno de Peña Nieto, se apoya el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para coordinar e implementar la política de prevención del delito que ordene el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que a su vez preside el mandatario priísta.
‘ACTO MEDIÁTICO’
"Pero el Consejo Nacional y el Centro Nacional de Prevención del Delito están totalmente marginados en el diseño del programa", asegura Juan Miguel Alcántara, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón.
Además de que se violan disposiciones expresas de ambas leyes generales, asegura Alcántara, lo anunciado en Aguascalientes fue sólo un "acto mediático" del gobierno de Peña Nieto, que desdeñó a la sociedad, los estados y a los municipios en la elaboración del diagnóstico y los lineamientos.
"(Peña Nieto) parte del mismo error de la estrategia de Calderón: Ninguno de los dos arrancó de un diagnóstico nacional, esto es, elaborado desde los ámbitos municipales, luego estatales y finalmente el nacional. Es un diagnóstico muy superficial, sólo de estadísticas de delitos con datos federales.
"Y lo más grave: En el diagnóstico no se consideraron las comunidades violentas, que deben determinar las prioridades de un programa que sea verdaderamente nacional."
También quedó al margen la sociedad civil. "Fue un evento exclusivamente de la Secretaría de Gobernación con una escenografía de los integrantes de la Comisión Intersecretarial y de los representantes de la sociedad civil organizada y no organizada que se subieron en el avión a contemplar la presentación de un programa unilateralmente definido".
–¿Fue sólo un acto propagandístico?
–Se le puede poner el adjetivo que sea, pero yo sólo describo hechos.
Al respecto, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, responsable de coordinar el diseño del programa ofrecido por Peña Nieto, aclara que lo único que se dio a conocer en Aguascalientes fueron las bases del programa y que éste se emitirá después del Plan Nacional de Desarrollo.
OCULTAMIENTO
Campa, rechaza también el señalamiento de Alcántara en el sentido de que se margina a la sociedad, algo que contraviene la ley, y que la Secretaría de Gobernación está pidiendo a los gobernadores ocultar las cifras de incidencia delictiva.
"Eso no es cierto", subraya Campa, y critica los señalamientos de Alcántara, quien de subprocurador general de la República pasó a ser secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al que renunció en noviembre de 2011, confrontado con Calderón.
"Mi amigo Alcántara salió del sistema porque no le quedó suficientemente claro que la seguridad no es para hacer política. No le quedó claro entonces ni le quedó claro ahora", subraya.
Sin embargo fue el gobernador priísta de Colima, Mario Anguiano, quien reveló públicamente el pasado 26 de enero que el gobierno federal mostró a los gobernadores estudios del impacto de la violencia y determinó que era perjudicial informar sobre hechos violentos.
Expuso Anguiano: "Hubo un acuerdo (entre la federación y los estados) donde solamente se va a estar informando de las personas detenidas cuando sea estrictamente necesario".
Esto se suma a lo que el propio subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, reveló que pediría a los gobernadores: Dejar de hacer apología del delito, no llamar por sus alias a los presuntos delincuentes, decir de qué cártel forman parte ni hablar de su patrimonio.
Campa justifica que "la estrategia de comunicación del gobierno es para informar y para darle tranquilidad a la gente", porque la percepción de inseguridad de la sociedad es enorme, conforme a todas las encuestas.
Explica: "Cuando se le pregunta a la gente qué tan seguro se siente en su colonia, los porcentajes andan 50-50; qué tan seguro se siente en su estado, el resultado es 70-30, y qué tan seguro se siente en el país, los porcentajes andan menos de 10. ¡O sea 90 inseguros; menos de 10 seguros!".
"Entonces la realidad es que la estrategia de comunicación que se siguió en materia de seguridad (en el sexenio pasado) no aportó para dar información ni para conformar un ambiente y una percepción de seguridad. El gobierno (actual) está obligado a informar, pero también con su estrategia de comunicación tiene que aportar para la seguridad."
Y sobre las críticas de marginar a la sociedad en el diseño del programa de prevención ofrecido por Peña Nieto, Campa no tiene duda. "El programa tendrá éxito sólo si somos capaces de involucrar a la sociedad en el diseño de programas, en el análisis de la información, en la toma de decisiones, en la implementación y en la evaluación".
Además de no cumplir con lo que las leyes establecen en la elaboración del programa de prevención, como describe Alcántara, el gobierno sufrió un revés: La renuncia del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, José Ramón Martel, luego de sólo un mes en el cargo.
Nombrado por el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, el 15 de enero, Martel renunció el viernes 15 y sólo hasta el jueves 21 este funcionario aseguró que fue "por razones personales", aunque Alcántara asegura que obedeció a que no cumplía con el perfil y no sería ratificado por el Senado.
Pero además están acéfalas varias direcciones estratégicas del secretariado, como la Dirección Nacional de Vinculación, que lleva el seguimiento de todos los fondos y subsidios federales para los estados y municipios, y la Dirección General de Planeación.
Estos cargos deberían estar ocupados, dice Alcántara, porque son fundamentales y advierte también de una involución.
LAS VIOLACIONES
En el caso de la implementación del Programa Nacional de Prevención del Delito que Peña Nieto prometió como primera acción de su gobierno, Alcántara describe cómo se violan las dos leyes generales en la materia.
La Ley General del Sistema de Seguridad Pública establece, en el artículo 20, que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tiene como principales atribuciones proponer al consejo nacional lineamientos de prevención social del delito a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas.
También ordena emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las Instituciones de Seguridad Pública en los tres órdenes de gobierno para prevenir la violencia infantil y juvenil, y la generada por el uso de armas y el abuso de drogas y alcohol.
En tanto el artículo 128 de la misma ley dice que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana establecerá mecanismos eficaces para que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del sistema.
Y aclara: "Dicha participación se realizará en coadyuvancia y corresponsabilidad con las autoridades, a través de la comunidad, tenga o no estructura organizativa, y la sociedad civil organizada".
Alcántara explica: "Con fundamento en esas disposiciones, el Consejo Nacional de Seguridad Pública ya emitió los lineamientos de prevención social de la violencia y el delito, los cuales están vigentes, y deben ser acatados por los tres ámbitos de gobierno. El Consejo Nacional es una instancia superior al Ejecutivo federal, a quien, reitero, obligan los acuerdos de aquel consejo. Por supuesto se pueden revisar y mejorar, pero no desconocer".
Lo que se anunció en Aguascalientes, dice, "primero debió haber sido validado en el consejo nacional a partir de la propuesta que le hubiese formulado el Centro Nacional. En consecuencia lo que ahí se anuncia va en contra de la ley general y de acuerdos del consejo nacional".
Pero además esta Comisión Intersecretarial con la que se pretende implementarlo viola otra ley, que es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que da atribuciones tanto al consejo como al Centro Nacional de Prevención del Delito que están totalmente marginados.
También, lamenta, en la ceremonia de Aguascalientes fue evidente la marginación no sólo de los gobiernos estatales y municipales, sino de la sociedad. "No se involucró a la sociedad civil organizada o no organizada, como está previsto en las dos leyes generales; y si no está involucrada la sociedad no es entonces un programa de prevención social".
PROGRAMAS EXITOSOS
Campa, por su parte, defiende las "bases" para la elaboración del programa de prevención y asegura que en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el pasado 17 de diciembre, los gobernadores acordaron realinear decisiones, programas y presupuestos a la prevención.
"Es un acuerdo unánime de todos los gobernadores del país. A partir de este acuerdo emitimos los lineamientos, publicados en el Diario Oficial de la Federación. Los lineamientos definen un mecanismo de trabajo que involucra a gobiernos estatales y municipales."
Y sobre las acciones que contemplará el programa de prevención, el ex diputado federal priísta aclara que no se va a inventar nada y que sólo se van a reconocer las experiencias exitosas.
Y enumera tres: El primero es el programa Línea Verde, implementado en la capital de Aguascalientes, donde se edificó sobre los ductos de Pemex un parque lineal de 15 kilómetros con superficie de 50 hectáreas, dotado de ciclovía, trotapista, gimnasios, canchas, talleres, asadores…
Otro caso es Todos Somos Juárez, lanzado por el gobierno de Calderón luego de la matanza de jóvenes en Villas de Salvárcar, en 2010, donde se invirtieron 6 mil millones de pesos en programas sociales que lograron reducir los índices de violencia.
La tercera experiencia positiva es el programa Prepa Sí, del Gobierno del Distrito Federal, que proporciona a los jóvenes recursos para que no abandonen los estudios.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
