miércoles, 10 de octubre de 2012

Investigan a Sempra por lavado de dinero, fraude fiscal y contrabando

La Procuraduría Fiscal de la Federación da curso a la denuncia presentada por un particular
Se indaga a su presidente y directivos
Simula actos de importación para exportar
Sólo en el papel salen del país gas y electricidad, que en realidad se venden a empresas mexicanas
Enrique Méndez y Roberto Garduño | Periódico La Jornada | Miércoles 10 de octubre de 2012, p. 7
La Procuraduría Fiscal de la Federación inició una investigación por delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y contrabando cometidos por la empresa trasnacional de energía eléctrica Sempra Energy INC, y sus presidentes y directivos Donald E. Felsinger, Debra L. Reed y Jessie Knight.

La Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, a cargo de Ramón Ignacio Cabrera León, dio curso y aceptó la denuncia de hechos presentada por Felipe Ruanova Zárate. El quejoso documentó que la multinacional simula actos amparados en un esquema de importación para exportar bajo el abrigo de supuesta maquila.

Sólo en el papel salen del país los bienes (gas y electricidad) y en realidad se venden a empresas mexicanas. Resulta relevante la investigación de este esquema de simulación y defraudación, en virtud de que se trata de una empresa que factura en promedio anualmente 13 mil millones de pesos, causando un perjuicio relevante al fisco federal, indicó.

Estimuló a otros a delinquir

Sempra no sólo habría defraudado al fisco federal de forma reiterada, sino además estimula a otras empresas del ramo a delinquir utilizando los mismos esquemas de simulación. Muestra de ello es que la trasnacional Royal Dutch Shell, por medio de su filial LNG de Altamira, S de RLN de CV, al principio de su constitución en territorio mexicano pagaba sus impuestos de forma regular, y la indujeron a utilizar el mismo esquema de defraudación fiscal.

El delito de defraudación fiscal –refiere la denuncia presentada por Felipe Ruanova– se configura por no declarar ni pagar impuestos, cuando el domicilio fiscal y lugar donde se genera la riqueza es en territorio mexicano. La sede de su consejo de administración, añade, se encuentra en Ensenada, Baja California –en la mansión denominada Casa Azul–, como citan diversos comunicados de la empresa.

Y han reconocido el hecho de haber constituido fideicomisos fraudulentos como el número 186180. Asimismo, falsean la información relacionada con precios de transferencia, engañando, usando documentos falsos, omitiendo pagar impuestos y obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal, afirma el quejoso.

Respecto del probable delito de lavado de dinero, se entregaron referencias de las siguientes cuentas en distintos bancos de varios países:

Union Bank of California, 4430000298; Royal Bank of Canada, 1001056; Rabobank, 192312634; UBS Caiman Island, 55309; Bank of America, 12338-28541; Banque Bruxelles Lambert SA, 0001541894; Dresdner Bank, 300210035601; Dresdner Bank, 30021035602; Christiania Bank Og Kreditkasse 60030664410; The Toronto Dominion Bank, 076200316012; Bank of America, 61782019; BnpParibas, 43688P; Credit Agricole Indusuez, 0038167; BnpParibas, 43686G; United European Bank, 80306/10w; United European Bank, 80306/12; Bank of America NT and SA, 600836440014, y Bank of America NT and SA, 600836440022.

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Respuesta de la Secretaría de Hacienda a Felipe Ruanova

La denuncia alcanza también a un grupo nutrido de personajes, entre los que se encuentran Javade Chaudhri, Ruan Derrick, Neal Schmale, Mark Shell, George Lipa Ridis, Steven D. Davis, Trevor I. Mehari, Radal B. Peterson, Joyce Rolando, Richard A. Vacari, Patricia Wagner, Paul H. Yang, Robert Bothwick, Randall L. Clark, Raul Smith, Joseph A. Householder, Mark Fisher, Kathryn J. Collier.

También se encuentran en la relación presentada por Ruanova, Arturo Infanzón, Erika Elorduy –hija del ex gobernador de Baja California Eugenio Elorduy–, David Lozano, Alejandro Ríos Ripa, Clemente Raner, los ex secretarios de Comunicaciones y Transportes Carlos Ruiz Sacristán y Luis Téllez Kuenzler; Octavio Simoes, Eduardo Pawluszek, Kimberly McDonnell, John Dill y Mike Kelsey.

En respuesta a la denuncia de hechos número 5120925, recibida el 25 de septiembre en la Procuraduría Fiscal de la Federación, el subprocurador fiscal federal de investigaciones, Ramón Ignacio Cabrera León, expuso: Me refiero a su escrito, dirigido al titular de esta procuraduría, mediante el cual denuncia diversos actos que pudieran constituir posibles ilícitos, entre ellos contrabando, defraudación fiscal y lavado de dinero de Sempra Energy. Fue turnado para su tramitación a esta subprocuraduría fiscal, así como a su diverso dirigido a quien suscribe.

Agrega: “Con fundamento en el artículo 31, fracciones XI y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en relación con el artículo 12, fracciones II y VII 81, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

“Por lo que hace a los petitorios del primero de sus escritos, que marca con los numerales primero y quinto, procede señalar que se le tiene por presentado en los términos de este oficio y será tramitado y desahogado.
“En cuanto al numeral segundo del escrito, se apunta que la ratificación a que alude no está prevista en la ley, por lo que resulta innecesaria para iniciar el trámite ante esta instancia; ahora bien, respecto de la cita para ofrecer testigos y exhibir documentos, le comento que podrá presentarlos y exhibirlos durante la tramitación de este asunto.

Y por lo que toca al tercero, le expreso que a esta autoridad le corresponde, con base en la información que estudie y recabe durante la tramitación de esta investigación administrativa, presentar las denuncias, querellas, declaratorias o declaratorias de perjuicio a que se refiere la legislación fiscal federal vigente ante el Ministerio Público Federal, instancia a la que la Constitución le otorga la facultad exclusiva de investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los jueces penales competentes.

Fuente: La Jornada