La percepción de millones de mexicanos es unánime: en nuestro país la ley se aplica con base en dos premisas: el poder del dinero y el poder público. Por tanto, siguiendo el axioma impuesto por la realidad y la carencia de una mínima ética en la aplicación de la deontología jurídica, en México tenemos una justicia selectiva que ha terminado por borrar la existencia mínima del estado de derecho.
La Constitución y las leyes en las distintas materias son letra muerta, sobre todo y es lamentable decirlo, porque los jueces, magistrados y ministros, que deben actuar con base en dos poderosos fundamentos: su conciencia y el conocimiento de las leyes, no se sujetan, la mayoría de las veces, a lo estrictamente establecido en el orden jurídico sino a la consigna política o el interés económico.
Todo el país se vio reflejado en el ya célebre documental Presunto culpable, exhibido en febrero de 2011, donde José Antonio Zuñiga, un joven tianguista, fue acusado de homicidio y condenado a 20 años ocho meses de prisión por el juez Héctor Palomares Medina, quien basó su veredicto en la declaración de un testigo falso, desechando todo un cúmulo de pruebas que incluso ubicaron al inculpado en otro sitio, el día y hora de los hechos.
De no haber salido a la luz pública tan atroz abuso, Zuñiga se hubiera hecho viejo en prisión, pero para vergüenza del país, hay miles de presuntos culpables aún tras las rejas, como sucede con los once trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, a los que el gobierno federal les fabricó delitos por la manifestación de sus ideas y la lucha por recuperar su empleo.
Tales son los casos de nuestros compañeros, presos políticos: Miguel Márquez Ríos, detenido arbitrariamente en Puebla y que a la fecha ha cumplido un año diez meses de injusta reclusión; también, nuestros compañeros Eusebio Valdez M; Francisco J. Domínguez; Alvaro Figueroa; Gabriel Rodríguez; Ulises Uribe; Marco Cortés; Hugo Medina; Rogelio García; Rodolfo Vivas y Gilberto Burgos, que llevan un año cuatro meses, presos en el Reclusorio Oriente.
En el caso de Miguel Márquez, los delitos que se le imputan: privación ilegal de la libertad de policías federales; resistencia a particulares e ir en contra del consumo y la riqueza nacional, fueron modificados en las reformas al artículo 366 del Código de Federal de Procedimientos Penales. Y al no ser catalogados como graves, permiten llevar el proceso en libertad bajo caución; sin embargo, los jueces no resuelven y actúan bajo consigna. Los 10 presos políticos del Oriente enfrentan delitos de motín, daño en propiedad ajena, robo en pandilla y con violencia, los cuales no se aplicaban desde la época de Díaz Ordaz, cuando se ejecutó la brutal represión a los estudiantes del 68.
Es una lástima que en nuestro país la ley pueda negociarse o aplicarse con criterios políticos pese a las declaraciones rimbombantes y los buenos deseos de los ministros de la Corte.
Y por más justa que aparente ser, la ley manipulada desde las más altas esferas oficiales sencillamente no es justicia, pues se asemeja más a un ajuste de cuentas a favor de los hombres del poder, permitida con toda la inmoralidad por los altos magistrados que no sólo aniquilan el equilibrio de poderes sino que se convierten en lacayos de los políticos en turno.
¿O habrá alguien que lo dude?
