Miércoles 25 de julio de 2012 | Alberto Barranco-El Universal
Frustrada la posibilidad de renegociar el contrato de suministro durante 15 años de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad firmado el 28 de septiembre de 2007, la firma española Repsol está jugando una nueva carta: cancelar éste, pese al riesgo de una cuantiosa pena pecuniaria.
En el juego del pragmatismo la firma calcula que aún así saldría ganando, dada la disparidad en el precio que se le pagaría en México y lo que ganaría al revender el combustible a costo mucho mayor en el exterior, especialmente en Asia.
Como usted sabe, la mercancía de la discordia no la produce la compañía española, sino la firma peruana Perupetro. Repsol, pues, es una simple intermediaria.
Su compromiso es llevar el combustible a una planta regasificadora de su propiedad instalada en Manzanillo, donde la tomaría el cliente.
El problema se inició cuando el precio de referencia del gas natural licuado, es decir el determinado por el índice Henry Hub de los Estados Unidos, cayó a su nivel más bajo: dos dólares por millón de BTU’s, unidad térmica de Gran Bretaña, ante una oferta extraordinaria en el país del norte.
Según los españoles el nivel ya no resultaba viable para su causa; por más que en los cinco años anteriores, cuando el precio del producto había oscilado entre seis y 12 dólares, había realizado el gran negocio.
Desde otra perspectiva de medición, en Europa el combustible se cotiza en 10 dólares el millón de BTU’s, en tanto en Asia llega a 16.
La salida inicial de los españoles era, naturalmente, modificar el precio de referencia, es decir inclinar la balanza para mantener vivas las ganancias.
Haga de cuenta una ruleta con imanes, para burlar la ley suprema de oferta y demanda.
El pretexto, además, es que el gobierno peruano está condicionando la venta del producto con proa al mercado externo a que su empresa petrolera mantenga suficientes reservas para garantizar el abasto interno.
Estas se calculan con alcance a 20 años.
En paralelo, el seis de julio del 2010 el gobierno que encabezaba entonces Alan García expidió un Decreto Supremo para que el impuesto a la exportación de gas natural licuado sea idéntico al que se cobra en materia de ventas internas.
El tributo es de 15%.
Sin embargo, Repsol podía haber exhibido el contrato a 15 años firmado con el gobierno de México y sancionado por el peruano, cuya alteración podría provocar un conflicto internacional a dirimirse en los tribunales de arbitraje.
El punto central, el eje de la ruptura, pues, es la disparidad del precio. Allá me pagan ocho veces más, por más que me juzguen de oportunista o convenenciero.
Lo inaudito del caso es que ante la crisis de abasto de gas natural que sufre la industria en el bajío, el occidente y el norte del país, las autoridades nacionales habían ideado una supuesta fórmula mágica: canalizar el combustible traído al país por Repsol con proa hacia la Comisión Federal de Electricidad a las firmas privadas… a un costo equivalente al de Europa.
Naturalmente, nadie aceptó la “oferta”.
Por lo pronto, la empresa española de la que es socio Petróleos Mexicanos, y a la que el presidente Felipe Calderón defendió con enjundia digna de mejor causa cuando se le expropió su participación en la empresa petrolera de Argentina, le volteó nuevamente la espalda al país.
¿Se acuerda usted los aspavientos en España cuando la paraestatal mexicana intentó aliarse con una firma local para asumir el control de la empresa? ¿Se acuerda usted la defensa tenaz de la “hispanidad” en el capital de la firma?
Bussiness are bussiness, diría el cinismo.
