Durante la sesión del miércoles, el diputado del PRD José Luis Jaime Correa trató de llevar a tribuna el caso de la presunta compra de votos a través de tarjetas de Monex, sin embargo, el presidente en funciones de la Permanente, el senador priísta Francisco Arroyo Vieyra, decidió concluir la sesión.El PRI impidió el miércoles que el PRD llevara ante el pleno de la Comisión Permanente la discusión en torno a las operaciones financieras con recursos presuntamente de procedencia ilícita en la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, publica el diario La Jornada.
Durante la sesión del miércoles, el diputado perredista, José Luis Jaime Correa, trató de llevar a tribuna el caso Monex, mediante un punto de acuerdo en el que demandó que la PGR, vía la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), investigue "la posible comisión del delito de lavado de dinero y otros en que pudo incurrir la coalición Compromiso por México y su candidato, Enrique Peña Nieto, al haber efectuado diversas operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita en su campaña electoral".
Sin embargo, no pudo ser presentado, luego de que el presidente en funciones de la Permanente, el senador priísta Francisco Arroyo Vieyra, decidiera concluir la sesión cerca de las 15:00, pese a las protestas del diputado perredista, quien argumentó que había compromiso de la mesa directiva, para que cada bancada llevara al pleno una propuesta.
Reacciones de priistas
El diputado federal por el PRI, Alfonso Navarrete Prida, negó que exista una relación entre su partido y Comercializadora Atama, empresa acusada por el candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador y su equipo jurídico de ser una empresa “fachada” para triangular fondos de Monex hacia el tricolor.
De acuerdo con el periódico Reforma, el legislador informó que el PRI contrató a la empresa Alkino Servicios y Calidad para la gestión de 66.3 millones de pesos destinados a la estructura electoral del dicho partido, negando la contratación a Monex o a alguna otra empresa.
Luego de darse a conocer que la empresa Alkino subcontrató a Comercializadora Atama para que tramitara la gestión al PRI con tarjetas prepagadas de Banco Monex, Navarrete Prida indicó que “lo que haya hecho la empresa Alkino, que fue la que tenía que responderle al PRI, es problema de la empresa Alkino y se hizo a través de un financiamiento, ni siquiera se pagaron completamente los recursos económicos en ese momento” expresó.
“El PRI no tuvo relación con otra empresa que no sea Alkino, eso lo comunicó el PRI al IFE, no hay nada oculto en esto. El monto son 66 millones de pesos que fueron a sus topes de gastos de campaña y se utilizó para pagar gasto corriente”, manifestó el legislador mexiquense, quien reiteró que el PRI utilizó el sistema financiero mexicano porque eran recursos lícitos, y por eso acudió a la PGR a entregar toda la documentación sobre el caso.
El diario cuestionó al vocero de los senadores del PRI, Carlos Jiménez Macías, acerca de por qué contrataron a una empresa gestora para que les consiguiera financiamiento y por qué no se hizo directamente con Monex, a lo cual respondió que cada partido puede escoger el camino para hacer llegar el apoyo a sus colaboradores.
“Es una decisión de la presidencia del partido y de la secretaría de Finanzas, pero insisto en que se puede hacer a través de un gran banco, de un banco pequeño, de una empresa pequeña o grande, no hay ninguna irregularidad en eso”, señaló el senador, quien afirmó que ya le corresponderá al partido proceder en contra de la empresa, si es que ésta no cubrió todos los requisitos.
“No es responsabilidad del partido, en todo caso, es responsabilidad de la empresa”, declaró el priista, quien dijo que no le corresponde al partido investigar a las empresas, “hay autoridades que tiene esa facultad, entonces deben investigarlas”, aseveró Jiménez Macías.
Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, aseguró que ellos no son responsables de las relaciones de Alkino con terceros.
Por su parte la secretaria general del PRI, Cristina Díaz, apuntó que será el IFE el que dirima el caso y adopte una resolución.
