25 julio 0212 | Arturo Rodríguez García | Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Por la brecha que surge de la carretera Múzquiz-Barroterán, rumbo al mineral La Florida, Gloria Arellano camina a toda prisa desde su casa en Palaú, Coahuila. Le avisaron que hubo una explosión en un pocito de carbón.
La mujer es conocida en la región, desde que se sumó al clamor de justicia de decenas de familias que han perdido a los suyos en las mortales minas de carbón. En esos rudimentarios socavones, tajos y minas formales, en seis años han muerto 145 trabajadores.
Hace dos años, el 30 de julio de 2010, el hijo de Gloria, Ramón Sánchez Arellano, abonó a esa estadística tras perder la vida en el rudimentario e inseguro pocito Boker.
Hoy Gloria Arellano corre para conocer la suerte de otro de sus hijos. En el curso de la mañana se enteró que Fidencio falleció tras la explosión registrada esta mañana en el pocito de Barroterán –legendario pueblo carbonero–, junto con otros seis trabajadores.
El estallido fatal ocurrió alrededor de las 8:30 horas en el paraje minero conocido como La Florida. Noventa minutos antes los trabajadores del turno de la mañana iniciaron su ingreso por la bocamina, pero como el tambo que baja es reducido, algunos no alcanzaron a entrar y salvaron la vida.
Aunque no ha concluido el peritaje sobre el siniestro, los indicios apuntan a que fue una explosión producto de una alta concentración de gas metano.
En la comunidad hay luto familiar. Junto con Fidencio murieron César Javier Medina Camacho, de 24 años, y su primo Guillermo González Medina, de 22. También los hermanos Alcalá Ramírez: Héctor, de 32 años, y Pedro Rubén, de 36, primos éstos de Daniel Iván y Omar Efraín Ramírez Rivera, de 26 y 20 años, respectivamente. Todos vivían en Palaú.
El “pocito” funcionaba de manera irregular, ya que semanas atrás la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) había ordenado su cierre por las condiciones inseguras en que operaba.
En un comunicado difundido esta tarde, la dependencia informó que el centro de trabajo donde ocurrió el accidente es operado por la empresa Minera El Progreso, S.A. de C.V., que ya había sido inspeccionada en 16 ocasiones por la STPS, derivado de lo cual se había ordenado la restricción de acceso a uno de los pozos por carecer de salida de emergencia.
La mina pertenece a Federico Quintanilla, exalcalde priista de Progreso, uno de los cinco municipios que conforman la región carbonífera de Coahuila.
Tras la explosión, el exalcalde arribó al lugar y aseguró que todo en la mina estaba en regla y que los trabajadores estaban debidamente asegurados en el IMSS. Su perorata resultó falsa, pues los deudos lo desmintieron in situ.
Caótico rescate
Con una temperatura que superaba los 50 grados centígrados, las familias arribaron a la mina, luego de transitar la larga brecha de terracería.
Lejos quedaron las consideraciones que el gobierno estatal dispensó a las familias en otros accidentes mineros, pues ahora la Policía Estatal colocó un dispositivo para impedir que los deudos ingresaran con sus vehículos.
A quienes sí se les permitió el libre acceso en vistosas camionetas, fue a miembros de las dos asociaciones de productores del carbón y a funcionarios públicos y policías. Y en esta ocasión ni siquiera se colocó un toldo para proteger del sol a los dolientes.
Un agente de Protección Civil asignado al lugar calificó como “inhumano” el dispositivo, pues bajo el sol la temperatura ascendía a 58 grados. Eso no importó.
Las maniobras de rescate, que iniciaron desde temprano, se convirtieron en un desastre aderezado de riesgos. Y es que con la finalidad salvar a los mineros –hasta entonces con el estatus de “atrapados”–, alrededor del mediodía tres trabajadores del pocito de Quintanilla estuvieron a punto de bajar, sin que antes se hubiera hecho una medición de gas metano. El riesgo era mortal.
La activista Cristina Auerbach Benavides, de la organización Familia de Pasta de Conchos, intervino para decirles que además de no tener la medición de gas metano, los trabajadores no portaban equipo de salvamento en caso de que enfrentaran algún percance en el interior de la mina.
La maniobra se detuvo y en ese momento una agente del Ministerio Público que había llegado al lugar ordenó a los policías que retiraran a la activista. Las familias se opusieron.
Minutos después llegó un grupo de rescatistas de Minerales Monclova (Mimosa), la única empresa que tiene cuadrillas bien equipadas para efectuar rescates. Con rapidez, descendieron en la cantera y confirmaron la muerte de los siete trabajadores.
Daños colaterales
A unos 300 kilómetros del lugar, en Saltillo, el gobernador Rubén Moreira encabezaba los festejos por los 435 años de la fundación de la ciudad. Ahí concedió una breve entrevista y dijo que su gobierno ha insistido en que la seguridad minera sea una prioridad.
“Ya salió para allá (a Barroterán) la gente de Protección Civil. Es otra más de las tragedias y hemos estado insistiendo en que la seguridad de las minas debe ser una prioridad y que el gobierno del estado está listo ahora para el rescate”, puntualizó.
Tras lamentar lo ocurrido, Moreira continuó con su agenda de celebración. Nada dijo sobre la paraestatal Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), que sirve de intermediaria comercial entre los pocitos de carbón y la Comisión Federal de Electricidad.
Por separado, Cristina Auerbach ofreció detalles que las autoridades se negaron a dar. Por ejemplo, que el pocito no tenía salida de emergencia ni ventilación (lo cual favorece la concentración de gas), y que por las condiciones en que iban a iniciar la búsqueda, antes de que llegaran los rescatistas, no hay costumbre de medir los niveles de gas metano.
Además, confirmó que ninguno de los trabajadores estaba asegurado en el IMSS.
“Ya no hay pretextos para mantener los pocitos de carbón. Es una actividad extractiva mortal que no se puede justificar en la generación de empleo ni en la economía regional, como han venido diciendo todos estos años. Si este tipo de minería sigue, quiere decir que para los gobiernos los mineros muertos no son más que daños colaterales de la producción carbonera”, remató.
En tanto, por instrucciones de la titular de la STPS, Rosalinda Vélez, el director general de Inspección Federal del Trabajo, Alejandro Alcántara Torres, y el delegado federal del Trabajo, Manuel de Jesús Hernández Rocha, se trasladaron al lugar de los hechos para coordinar las labores de inspección.
La STPS lamentó el accidente ocurrido y aseguró que continuará realizando las acciones de inspección relativas a centros de trabajo de alto riesgo en todo el país.
Fuente: Proceso
