3 mayo 2012 | Arturo Rodríguez García | Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- A un año del siniestro en el carbonero Pozo 3 de BINSA, localizado en Coahuila y que cobró la vida de 14 trabajadores, la impunidad, así como el incumplimiento de leyes y compromisos oficiales, se patenta en la falta de sentencias judiciales y el abandono de las familias.
La impunidad en este caso favorece a poderosos personajes, como la familia del exgobernador de esa entidad y exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Rogelio Montemayor Seguy, así como a integrantes del clan de los González Garza, al que pertenece Melchor González Vélez, dueño de la empresa Beneficiarios Internacionales del Norte, S.A. de C.V. (BINSA), que operaba de manera irregular el pozo carbonero.
El 3 de mayo de 2011, el pocito ubicado en Sabinas registró una explosión que dejó sepultados a los trabajadores Mario Alberto Anguiano Montes, Leobardo Sánchez Flores, Isaías Valero Pérez, Julio César Reséndiz Domínguez, Eleazar López González, Juan Carlos Escobedo Chávez, Víctor Hugo Silva Santos, Néstor Manuel Carmona Martínez, Santos Vallejo Ríos, Rogelio Robledo Esquivel, Reyes Francisco García Cruz, Julio César Sifuentes Vásquez, Juan Alberto Sifuentes Ávila y Hermilo Pérez Mandujano.
Además, Jesús Fernando Lara Ruiz, de 14 años, quien trabajaba en el exterior, perdió su brazo en el accidente.
Para denunciar la impunidad y recordar a sus muertos, los deudos colocaron 14 cruces en las inmediaciones de la carretera federal 57, muy cerca de donde se ubica la mina siniestrada, en las afueras de Sabinas, Coahuila.
En aquella ocasión, el entonces titular del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, se trasladó a la zona e instaló un campamento a pie de bocamina para coordinar las labores de recuperación de los cuerpos.
Entonces se comprometió a agilizar el trámite de pensiones a los deudos y la entrega de una casa al menor de edad. A la vuelta de un año, la situación fue denunciada por la Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC), surgida de entre los deudos del siniestro ocurrido en 2006, donde murieron 65 trabajadores.
“Para los familiares de los mineros fallecidos la situación es dramática debido a que, pese los anuncios hechos por la Profedet y que corresponden a las falsas promesas del entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, de entregar pensiones conforme al salario diario real de 500 pesos, las pensiones para las familias continúan siendo en promedio de 2 mil 600 pesos al mes y tampoco les entregaron las casas ofrecidas por el mentado secretario, ahora aspirante a senador por el PAN”.
En un comunicado, la OFPC repudió las frecuentes dilaciones del Ministerio Público local y del juez penal, quienes hasta ahora no sólo intentaron inhibir las denuncias y promovieron la conciliación de las viudas con BINSA, sino que han pospuesto numerosas audiencias, por lo que hasta ahora no existe un fallo.
Inclusive, el MP del fuero común fue incapaz de integrar un expediente que fuera más allá de la denuncia por homicidio simple culposo, por lo que los responsables, de llegar a ser condenados, saldrían libres mediante el pago de una fianza y unos 120 mil pesos por reparación del daño.
Según la OFPC, el caso BINSA es el de siempre:
“Negligencia e impunidad para estas 15 familias afectadas del Pocito 3, como lo ha sido para las más de 125 familias desde el siniestro de Pasta de Conchos (de las que 60 corresponden al acumulado del sexenio de Felipe Calderón y su secretario del Trabajo Javier Lozano), y resulta la misma historia de las aproximadamente mil 725 familias que han perdido a un ser querido en las minas de carbón y plantas de beneficio en Coahuila”.
En su pronunciamiento por el primer aniversario del siniestro, los integrantes de la OFPC consideran que no hay diferencia entre los gobiernos priistas o panistas cuando se trata de proteger los intereses políticos y económicos, aunque ello implique impunidad empresarial y una permanente exposición a la muerte para los trabajadores.
Por el caso del Pozo 3 de BINSA, así como por el de Pasta de Conchos, el Estado mexicano deberá responder en junio próximo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), contra lo dicho por Lozano Alarcón en repetidas ocasiones, quien declaró que el caso está cerrado en el mencionado organismo internacional.
Fuente: Proceso
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