Comunicado a los medios
Boletín Oficial | SME
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), hace un enérgico llamado a las autoridades federales y locales del Estado de Veracruz, para que se avoquen con seriedad al esclarecimiento de la muerte de cuatro periodistas sucedidos en menos de una semana en aquella entidad, pues consideramos que los cobardes y arteros crímenes constituyen una flagrante amenaza a la libertad de expresión en México.
El sábado pasado el país se enteró de la muerte de la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, Regina Martínez, quien con toda alevosía fue asesinada en su domicilio de la ciudad de Jalapa, hoy nuevamente las noticias trágicas enlutan al gremio de los comunicadores al descubrirse en los márgenes de Boca del Río, los cuerpos sin vida de los periodistas Gabriel Huge Córdoba, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez Rodríguez. Todo ellos con visibles muestras de tortura.
Es vergonzoso y lamentable que en un país cuyo gobierno se jacta de ejercer la democracia dentro de un estado de derecho, el oficio del periodismo se convierta en una profesión de alto riesgo al grado de que organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la ONU, sitúen a México como el país donde más riesgos corren los comunicadores, aún por encima de naciones como Irak y Colombia.
El febrero del 2006, el gobierno de Felipe Calderón anunció la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP), pero hasta la fecha éste organismo burocrático de la Procuraduría General de la República (PGR), no ha resuelto uno sólo de los casos de homicidios y desapariciones de comunicadores en todo el país, a pesar de la abundancia de pruebas.
Es preciso que todos los sectores sociales nos unamos con los periodistas del país ante la avasallante impunidad con que se conducen las autoridades federales y locales. Es importante recordar que en febrero del 2008 el reportero Gabriel Huge Córdoba ya había denunciado ante organismos internacionales como la OEA el “levantón” de que había sido objeto, no por parte del crimen organizado sino de elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP). Lamentable que no sólo sean los miembros de los cárteles, los enemigos de los comunicadores serios y objetivos sino los propios cuerpos policiales.
Es válido cuestionar al Presidente y a la PGR: ¿Por qué no se actúo contra los agresores del periodista veracruzano hace cuatro años? ¿Por qué se ignoran las quejas y denuncias de los comunicadores y se mandan al archivo muerto?
Estamos seguros que no estamos solos en la exigencia de justicia para los cuatro periodistas asesinados en Veracruz y las decenas de comunicadores que han muerto o se encuentran desaparecidos en cumplimiento de su deber. De igual forma, enviamos nuestras más sinceras condolencias al gremio periodístico y a los familiares de los reporteros fallecidos.
Y le decimos al gobierno federal y al de Veracruz que al asesinar a un periodista se está asesinando a la libertad de expresión, a la democracia y al Estado de Derecho.
A t e n t a m e n t e
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México, D.F a 4 de mayo de 2012.
Martín Esparza Flores
Secretario General
Comité Central
Comisiones Autónomas
