Deudos: a un año del incidente aún no hay sancionados
Patricia Muñoz Ríos | Periódico La Jornada | Viernes 4 de mayo de 2012, p. 41
Al cumplirse hoy un año de la explosión en el llamado Pocito 3 de Binsa, en el que fallecieron 14 mineros y un menor perdió un brazo, los deudos de trabajadores denunciaron que su situación “es dramática debido a que, pese a lo anunciado por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y que corresponden a las falsas promesas del entonces secretario del ramo, Javier Lozano Alarcón”, de que se entregarían pensiones conforme al salario diario real, de 500 pesos, las familias sólo han recibido en promedio 2 mil 600 pesos al mes.
Tampoco han entregado las casas ofrecidas por el ex secretario, ahora aspirante a senador por el PAN, informaron deudos y apuntaron que no se ha castigado la avaricia y abuso de las familias concesionarias Montemayor Seguy y González Garza, así como al dueño de la empresa Binsa y a su hijo Melchor González Vélez.
Recordaron que “derivado del siniestro Jesús Fernando Lara Ruiz, de 14 años, quien laboraba en el Pocito, perdió el brazo derecho” y no se le ha dado la pensión y la casa ofrecida por el gobierno federal está sin concluir.
En una práctica dilatoria, el Ministerio Público de Coahuila pospone permanentemente las audiencias a las familias; tampoco ha dictado sentencia contra los responsables de la muerte de los mineros y las lesiones de Lara Ruiz. “La única causal por la que se determinó abrir la averiguación fue por homicidio culposo, al haber un grupo de viudas que rechazan que los responsables paguen la reparación del daño sin mediar sentencia alguna”.
Los deudos de trabajadores del Pocito 3 Binsa y la Organización Familia Pasta de Conchos denunciaron que este caso, como todos los del sexenio de Felipe Calderón y del ex secretario Lozano es la misma historia siempre: negligencia e impunidad.
Anunciaron que la Organización Internacional de Trabajo (OIT) está pidiendo cuentas al gobierno mexicano, porque si bien continúa abierto el caso de Pasta de Conchos, acumula para la audiencia de junio, entre otros, el de Binsa, por el cual deberá rendir cuentas por el informe sobre el trabajo infantil en minas.
