7 mayo 2012 | Leopoldo Gavito Nanson | La Jornada Veracruz
En febrero de 2006 fue el desastre minero de Pasta de Conchos en Coahuila. Acumulación de gas metano en un socavón carbonífero al que malamente le llamaban “mina”. Sesenta y cinco trabajadores quedaron atrapados y la mina fue sellada con ellos dentro. Todo tipo de pretextos y sofismas técnicos fueron esgrimidos para no intentar el rescate o la recuperación de los cuerpos.
El Grupo México poseía y operaba las minas, declaró que los trabajadores se encontraban a 150 metros de profundidad. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la Republica Mexicana, dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, estaba a casi 500 metros. Días antes de la explosión los mineros ya se habían quejado de una alta concentración de gas metano en la mina.
El Grupo México poseía y operaba las minas, declaró que los trabajadores se encontraban a 150 metros de profundidad. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la Republica Mexicana, dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, estaba a casi 500 metros. Días antes de la explosión los mineros ya se habían quejado de una alta concentración de gas metano en la mina.
Siete días después de la explosión el secretario de Trabajo del estado, Francisco Javier Salazar Sáenz, y el gobernador Humberto Moreira anunciaron que la mina sería cerrada indefinidamente en cuanto todos los cuerpos fueran recuperados, lo cual jamás sucedió.
Pocos días antes de la tragedia de pasta de Conchos, el 17 de febrero de 2006, el gobierno de Vicente Fox había sustituido a Napoleón Gómez Urrutia como líder del Sindicato Minero. Desde entonces ha sido perseguido por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Canadá le concedió asilo y luego residencia.
Los gobiernos panistas acusaron a Gómez Urrutia de operar una red de lavado de dinero a través de varias empresas y con la ayuda de otras 26 personas. Según la Procuraduría General de la República el líder operaba una red de delincuencia organizada dedicada al chantaje, amenaza, fraude y lavado de dinero. En la misma averiguación previa se involucraba a Scotia Bank.
En 2006, Vicente Fox y Marta Sahagún junto con algunos secretarios de Estado, se aliaron con las mineras Grupo México y Grupo Villacero. Luego, Felipe Calderón continuó la persecución con Javier Lozano, porril secretario del Trabajo durante casi toda la administración. Los dos gobiernos panistas conspiraron contra el Sindicato Minero. Al poco tiempo Felipe Calderón llevó las cosas aún más allá cuando tomó por asalto la compañía Luz y Fuerza del Centro.
Ahora, apenas la semana pasada un examen pericial de la PGR ratificó que las firmas que se usaron para destituir a Gómez Urrutia y –literalmente– nombrar a Elías Morales fueron falsificadas. Ello condujo al Cuarto Tribunal Colegiado en materia laboral a otorgar unánimemente el amparo y, consecuentemente, asumir el cargo de secretario general del sindicato. Los protagonistas subordinados de la conspiración gubernamental empresarial fueron en su momento el finado Carlos Abascal, Francisco Javier Salazar y, posteriormente, Javier Lozano. Este último con un especial patrocinio de Germán Larrea, presidente de Grupo México.
Gómez Urrutia puede ser un hombre controversial, pero queda claro que no desvió 55 millones de dólares de un fideicomiso del sindicato minero como lo han acusado las dos administraciones panistas. Tampoco de lavado de dinero.
Lo que sí ha sido documentado es que la PGR ha actuado de mala fe a lo largo de todos estos años con la sustracción del expediente documentos sustantivos para el caso en donde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores niega que las hipótesis con las que se persigue a Gómez Urrutia tengan sustento en la realidad y por escrito se afirma que el dinero del fideicomiso de marras fue retirado legalmente en marzo de 2005 y depositado en una cuenta bancaria en BBVA Bancomer.
Seis años después de iniciada la persecución la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió al sindicato minero el amparo que promovió en contra de la negativa de la Secretaría del Trabajo de darle la toma de nota a la dirigencia encabezada por Napoleón Gómez Urrutia; negativa que, de principio, no tiene el gobierno porqué. El único ministro que votó en contra de la resolución fue Salvador Aguirre Anguiano. No es de extrañar. Otro ministro se abstuvo. Fernando Franco González Salas. Había sido subsecretario de Trabajo cuando se negó la toma de nota.
Javier Lozano, ex secretario del Trabajo y ahora vocero del PAN, fuera de toda proporción y prudencia lamentó que la SCJN otorgara el amparo. Dijo que ello fue por la existencia de una ley laboral obsoleta. Luego regaló al respetable con su opinión valorativa, que por lo demás es irrelevante. Pero fue con los gobiernos panistas y especialmente bajo la responsabilidad de Javier Lozano la explosión de trabajadores mineros contratados a través de empresas terciarias, sin capacitación para realizar actividades peligrosas. Los trabajadores mineros no cuentan con seguro de vida y sus salarios oscilan entre 150 y 70 pesos diarios. La industria que tiene el mayor número de defunciones por accidentes de trabajo, junto con la de construcción.
Los golpes dados al sindicalismo nacional han sido el preámbulo a la ampliación de las políticas que enajenan los intereses nacionales, sea en materia de generación de energía como en la extracción y explotación de riquezas mineras.
No puede ser en absoluto casualidad la agresión al Sindicato Minero, justo antes de que el gobierno federal otorgara no menos de 750 concesiones de explotación minera a cielo abierto que implican otorgar el control de la tercera parte del territorio nacional a empresas de minería metálica. Particularmente canadienses.
