Arturo Alcalde Justiniani | Opinión-La Jornada
Josefina Vázquez Mota suele repetir hasta el cansancio que el país reclama una reforma laboral. En todos los foros señala que con ella se podría facilitar el acceso al mercado laboral y la creación de empleos. Afirma que los jóvenes serían los principales beneficiarios. Nunca va al detalle, rehúye aclarar sus propuestas y su equipo se niega consistentemente a cualquier debate puntual sobre la materia. Cuando se le exige alguna explicación prefiere hacer referencia a grandes objetivos: competitividad, globalización, equidad, fortalecimiento de la impartición de justicia.
¿Cuál es la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) frente a los millones de trabajadores del país? En concreto, ¿cuál es su respuesta frente a los reclamos de millones de mexicanos que día a día ven reducidos sus salarios y que sufren crecientemente la carencia de empleos? No les resultará fácil responder. Quince años atrás la totalidad de su fracción parlamentaria en el Senado, en la LVI Legislatura, propuso un novedoso cambio a la legislación laboral. Sugería promover la productividad sobre bases de concertación entre trabajadores y empresarios para lograr una mejor distribución de beneficios, ampliar la contratación colectiva y, como aspecto fundamental, reformar el sistema de justicia, sustituyendo las juntas de conciliación y arbitraje por jueces de lo social.Ya en el poder, el PAN cambió radicalmente de opinión. Se olvidó de sus anteriores propuestas y asumió los planteamientos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) como propios. Josefina Vázquez Mota, asesora en algún tiempo de la Coparmex, según ostenta en su currículum, también hizo suyos los objetivos centrados en facilitar el despido libre y barato, reducir la estabilidad en el empleo, destruir por la vía de la tercerización (outsourcing) la responsabilidad del empleador y mantener los vicios de una justicia ineficiente, haciendo pagar a los trabajadores el costo de su lentitud.
Cabe preguntarse entonces, ¿cómo podrá justificar Josefina en su campaña la propuesta de reducir a seis meses máximo el costo de los salarios de cualquier despido, frente a un escenario de juicios que duran tres o cuatro años? ¿Qué explicación dará a quien le pregunte sobre sus propuestas de promover la subcontratación que sólo garantiza salario mínimo y seguridad social? ¿Cómo justificará su desesperación por coincidir con la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y su famosa consigna de
firmamos completita la iniciativa, sacrificando de un plumazo los reducidos espacios de su propuesta en materia de libertad y democracia sindical?
Nada fácil será decirle a la población trabajadora que la solución a sus problemas está en reducir su estabilidad laboral, flexibilizar unilateralmente sus condiciones de trabajo y mantener las estructuras sindicales viciadas. Más difícil aún será explicar por qué las propuestas de este PAN son diametralmente distintas a las del otro; la única salida es mantenerse en el grado de abstracción en que ha actuado hasta ahora.
A Enrique Peña Nieto le será también difícil explicar sus propuestas de reforma laboral coincidentes con la propuesta panista. Cuando se le pregunte por qué son tan diferentes las iniciativas de ley presentadas por el PRI en diciembre de 2010 y marzo de 2011, ¿qué respuesta lógica podrá esbozar? ¿Por qué ha apoyado el PRI las propuestas depredadoras de la estabilidad laboral y el modelo de subcontratación que nulifica de tajo los derechos de los trabajadores? ¿Cómo explicar que así se los exigió el Consejo Coordinador Empresarial?
En contraste, existe en el país otra visión del mundo del trabajo que propone reorientar la competitividad por la vía de la productividad con beneficios compartidos, que entiende la importancia de mejorar el salario como un factor que dinamice el mercado interno como lo vienen haciendo otros países; que plantea un nuevo pacto social que propicie conducir la reorganización del trabajo en el nuevo escenario de los mercados, apoyándose en la innovación tecnológica. Esta nueva visión considera la transparencia y la democracia sindical como premisas básicas para lograr una negociación informada y responsable de las condiciones de trabajo. Como expresión de esta nueva visión basta reproducir algunas palabras de Cuauhtémoc Cárdenas en el acto donde presentó la propuesta programática 2012, el pasado 7 de febrero: proponemos
realizar una reforma laboral que promueva una mayor movilidad, no para facilitar el despido como lo demandan los grupos conservadores, sino para corresponderse con las transformaciones que han ocurrido en el mundo del trabajo, como efecto de los avances tecnológicos y la globalización de la economía, que preserve los avances en los derechos laborales logrados en años de lucha, prohíba los contratos de protección, elimine la cláusula de exclusión y la toma de nota, dé transparencia al manejo de los recursos sindicales y garantice los derechos de asociación y negociación colectiva.
Esta posición es coherente con lo planteado por el candidato de las izquierdas a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, tres días antes, frente a los trabajadores electricistas en Villa Nicolás Romero, estado de México, donde resumió como aspectos centrales en materia laboral
la urgencia de promover la libertad de asociación y la negociación colectiva como parte de un nuevo modelo de relaciones de trabajo y de una nueva institucionalidad sustentada en organizaciones gremiales democráticas, representativas y autónomas de gobiernos, patrones y partidos políticos.
Lo que se ve claro es que con sus votos los trabajadores del país decidirán su futuro. No se trata de un tema menor, sino de un aspecto clave del que depende en buena medida su calidad de vida y la suerte de sus familias.
En otros países el tema laboral forma parte central del debate en los procesos electorales por su íntima vinculación con las condiciones de vida de la población. Hagamos que en el nuestro también lo sea, para que el día de mañana no nos arrepintamos de haber dado nuestro voto a una opción que claramente atentaba contra nuestros derechos como trabajadores.
