México SA-Carlos Fernández-Vega
Oficializada una semana atrás, sólo hasta ayer la Comisión Federal de Competencia (CFC) detalló su negativa de autorizar a Televisa la adquisición de 50 por ciento de las acciones de la telefónica Iusacell, del Grupo Salinas Pliego, por medio del pago de mil 600 millones de dólares. La decisión del ente regulador (tres votos contra dos) no se basó únicamente en dicha operación, sino fue más allá: evitar la colusión del duopolio en otros mercados como el de televisión de paga, televisión abierta, publicidad y prácticamente en todos los negocios en los que "coincidan” tales corporativos.
“La concentración, en los términos planteados por las empresas, no se reduce a una coinversión en Iusacell, sino que induce casi forzosamente la coordinación entre ambos grupos económicos en todos los mercados en los que coinciden”.
“La concentración, en los términos planteados por las empresas, no se reduce a una coinversión en Iusacell, sino que induce casi forzosamente la coordinación entre ambos grupos económicos en todos los mercados en los que coinciden”.
De acuerdo con la CFC, tal intento de “asociación” no genera riesgos para la competencia en el mercado de telefonía móvil, pero sí, y graves, en televisión abierta. “Se trata de un mecanismo que crea nuevos incentivos para la coordinación entre las dos empresas que representan, en conjunto, 95 por ciento de las concesiones totales de televisión abierta y el 100 por ciento de las cadenas nacionales, en un mercado con altísimas barreras a la entrada. La competencia en televisión abierta tiene un impacto horizontal en otros mercados, y a través de ellos en el bienestar de los consumidores: 57 por ciento del gasto total en publicidad en México se destina a la televisión abierta, lo cual muestra que publicitarse en este medio es esencial para competir en diversos mercados, sobre todo de bienes de consumo masivo. Si el precio de la publicidad en televisión abierta se incrementa como resultado de una menor competencia en este mercado, las empresas anunciantes enfrentan costos mayores e incrementan sus precios al consumidor final, que a su vez ve reducido su bienestar” (le faltó mencionar el importantísimo mercado político, que al duopolio representa jugosos ingresos, todos ellos de los contribuyentes).
Por lo que toca a la televisión restringida, “la participación de los canales de televisión abierta en la audiencia total es de más de 40 por ciento. La probable coordinación entre Televisa y Tv Azteca provoca riesgos de que estos contenidos de televisión abierta (entre ellos, por ejemplo, la totalidad de los derechos de transmisión de partidos de futbol de la primera división mexicana) se utilicen como palanca para desplazar indebidamente del mercado a empresas de televisión restringida que no están integradas verticalmente con las partes”.
Bien por el ente regulador, pero ¿dónde estaba a la hora del ignominioso reparto de concesiones de televisión abierta y restringida? ¿Dónde, pues la concentración es brutal, y el duopolio impide cualquier posibilidad de competencia, que un tercer tirador, o más, participe en el sector? La propia CFC lo tiene documentado: “a nivel nacional hay 461 estaciones concesionadas de televisión abierta; Grupo Televisa cuenta con 224 concesiones y transmite su programación en otras 34 estaciones afiliadas, lo cual representa 56 por ciento de las concesiones de televisión abierta en México, con lo cual conforma tres cadenas nacionales y transmite en 20 canales regionales locales. Por su parte, Grupo Salinas cuenta con 180 concesiones, incluyendo una local y una empresa afiliada, que representa 39 por ciento del total de concesiones, con lo cual cuenta con dos cadenas nacionales”. Así, 95 por ciento de las concesiones se concentran en dos empresas.
El ente regulador indica que “Grupo Televisa tiene poder sustancial en el mercado de comercialización al mayoreo de señales de televisión abierta para su transmisión en sistemas de televisión y audio restringidos. La operación (la de telefonía móvil), en caso de concretarse, llevaría el comportamiento coordinado de los Grupos Televisa y Salinas, que detentan 95 por ciento del total de estaciones concesionadas de televisión del país”. Ambos consorcios, apunta, “en forma coordinada tendrían incentivos y la capacidad de desplazar a empresas en televisión restringida al negar el abasto o elevar el costo de venta de sus canales de tv abierta utilizadas como contenido en tv restringida”.
Los grupos Televisa y Salinas “acaparan las transmisiones de 100 por ciento de los partidos de futbol de primera división, los cuales son transmitidos en sus canales de tv abierta. Esta cuota de equipos (diez para el caso de Televisa y ocho para Grupo Salinas) se han mantenido durante los últimos años; de hecho, el año anterior el equipo que ascendió a primera división fue el Necaxa, del cual Grupo Televisa también es dueño; (sus partidos) fueron transmitidos por Grupo Salinas, manteniéndose dicha cuota de mercado”.
Y por el lado de la publicidad: “para 2010 el mercado global de publicidad en México representó aproximadamente 59 mil millones de pesos. Se estima que para ese año alrededor de 57 por ciento del total nacional (cerca de 33 mil millones de pesos) fue destinado a televisión abierta. El 99 por ciento de la inversión de los principales anunciantes en televisión abierta se concentró en Grupo Salinas y Grupo Televisa. Como resultado de la operación (la de telefonía móvil, negada por la CFC) ambos corporativos tendrían incentivos muy específicos para actuar en forma coordinada, incurriendo en posibles prácticas sancionadas por la ley, fortaleciendo por esa vía el poder de fijar precios unilateralmente o restringir sustancialmente el abasto o suministro en el mercado de publicidad en televisión abierta, sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder”.
Sólo falta el coletazo del duopolio, auxiliado por los dos comisionados (Luis Alberto Ibarra Pardo y Cristina Massa Sánchez) que votaron favorablemente por la citada concentración en telefonía móvil, pues, según ellos, “los posibles efectos contrarios a dicho proceso en otros mercados pudieron haber sido corregidos o prevenidos mediante condiciones impuestas por esta autoridad”.
Las rebanadas del pastel
Por un lado, la Secretaría de Hacienda presume el “crecimiento sostenido” del padrón de causantes; por el otro, no cobra los impuestos, sea porque las grandes empresas simplemente no los enteran, o porque el resto no tiene con qué pagarlos. Como informó La Jornada (Víctor Cardoso), en 2011 se registró un “boquete” fiscal por 743 mil millones de pesos, de los que 22 por ciento es “incobrable” y 60 por ciento está “en litigio”.
