México SA-Carlos Fernández-Vega
En su primera edición (19 de septiembre de 1984), La Jornada denunció que por aquellos no muy lejanos ayeres la situación socio-económica de los tarahumaras se equiparaba a la registrada un siglo atrás, en pleno porfiriato: hambre, desempleo, marginación, explotación, represión y miserables condiciones de vida, por decir lo menos. Hoy, ya en el siglo XXI, tal circunstancia se ratifica, porque los rarámuris siguen muriendo de hambre, como parte de la geografía nacional de la pobreza.
Entre lo más reciente, “al menos seis personas han muerto de hambre en poblados del municipio de Carichí, ubicado en la zona suroeste de Chihuahua, en la sierra Tarahumara (65 mil kilómetros cuadrados), casos que fueron confirmados con las actas de defunción (…), en las cuales el médico legista puso como causa de muerte la desnutrición que enfrentan pobladores de esa región –sin comida suficiente hasta por cuatro meses consecutivos– como consecuencia de la sequía. Las comunidades donde murieron de hambre las seis personas son Napuchi, Wisarorare, Baquiachi y Pasigochi, donde el índice de mortalidad por la falta de alimento es un factor que ha propiciado casos de lesiones y de muertes de los adultos de 55 a 60 años de edad... Hubo algunos casos de fallecimiento de niños por la falta de alimentos, pero esta situación se atendió y no han muerto más menores por este problema”, según representantes del gobierno estatal (La Jornada, Rubén Villalpando, corresponsal).
Lamentablemente, el autodenominado gobierno sólo “reacciona”, por llamarle así, cuando casos como el citado alcanzan cobertura de los medios de comunicación y es “manchada” la imagen de la supuesta autoridad (como si no lo estuviera por esa e infinidad de razones adicionales). En los crudos hechos, sin embargo, la situación de las rarámuris (como la de tantos otros mexicanos) no tiene por qué ser distinta, pues el olvido y la desatención de que son víctimas son permanentes.
Ya en 1984, como en su momento denunció La Jornada, la situación era grave de por sí, pero 27 años después resulta peor. Y cada día que pasa los es más. Por ejemplo, en 2000 el municipio de Batopilas fue catalogado de muy alto rezago social; en 2010 tal condición fue ratificada, con el agravante de que en el primero de los años citados formaba parte de los 139 municipios más pobres de la República, mientras que en el segundo se había integrado a los 44 municipios más depauperados (o si se prefiere, ocupaba el escalón número 2 mil 413 de 2 mil 457 posibles, incluidas las delegaciones del Distrito Federal).
Como si fuera una situación coyuntural, el gobierno de César Duarte, por medio de su vocero, Juan Ramón Flores, brincó a la palestra mediática para exigir que no hagan “declaraciones irresponsables”, pues si bien los tarahumaras han vivido en condiciones complicadas durante muchos años, no han llegado a los suicidios… No existe alerta”. Tal vez tenga razón: es tal el hambre, que no hay necesidad de suicidarse; la primera hace su chamba puntualmente.
De acuerdo con la información oficial, 23 son los municipios tarahumaras. En ellos, la norma es el elevadísimo índice de pobreza, de tal suerte que con sequía y/o heladas, o sin ellas, el rezago social es permanente. Algunos ejemplos municipales de esta zona, con base en la estadística del Coneval: Balleza, con 85.7 por ciento de la población en pobreza; Carichi, 84.8 por ciento, que se ubica entre los primeros lugares de rezago social en el país; Guachochi, 83.2 por ciento; Guadalupe y Calvo, 89.9 por ciento; Batopilas, 91.1; Urique, 86.8 por ciento; Boycona, 65.9 por ciento; Nonoava, 71 por ciento. Los citados son los ocho asentamientos más poblados de la citada etnia, pero “no existe alerta”, dice el vocero del estado de Chihuahua. Como se observa, no se requieren heladas o sequías para que los rarámuris mueran de hambre.
El municipio tarahumara con menor índice de pobreza –si en realidad se puede calificar de menor– es Guerrero, con 48 por ciento de su población en tal circunstancia. De acuerdo con el Coneval, la Tarahumara es una de las regiones de México en donde los índices de marginación y pobreza crítica son más severos, en donde la norma es desnutrición, analfabetismo, mortalidad infantil, dispersión geográfica y falta de servicios de educación, salud, energía eléctrica, agua entubada y drenaje. En esta zona de la República se registra el mayor rezago social de Chihuahua, lo que para el gobierno estatal, según reconoce, no es señal de “alerta”.
Seis años atrás, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo divulgó su informe sobre el Desarrollo Humano de los pueblos indígenas de México, con base en información del año 2000, y en él advertía que “la existencia de brechas en los niveles y ritmos de desarrollo humano colocan a todos los pueblos indígenas de México por debajo de los niveles promedio alcanzados por el resto de la población. El índice de desarrollo humano más bajo del país se ubica justamente en la Sierra Tarahumara, siendo 49.1 por ciento por debajo del promedio de desarrollo nacional. Los dos municipios con la más baja sobrevivencia infantil del país corresponden a Morelos (90 por ciento de la población en pobreza) y Batopilas (91 por ciento) de la región Tarahumara de Chihuahua, pero dentro de esta misma región, también se ubican Uruachi (89.7 por ciento) y Urique (86.8 por ciento) que se encuentran entre los 20 municipios con menor sobrevivencia infantil”.
El mismo informe subrayaba que en la Tarahumara casi 86 por ciento de la población no era derechohabiente de las instituciones de salud; 40 por ciento no recibía ingresos monetarios por su trabajo, y el grado de escolaridad de la población de 15 años y más era, en promedio, 4.2 años. Lo anterior, sin considerar desempleo, salarios miserables, altísimo grado de explotación y demás gracias que no representan señal de “alerta” para el gobierno de Chihuahua, aunque éste exige “no hacer declaraciones irresponsables”.
Las rebanadas del pastel
El indecente payaso Platanito tiene garantizado un puesto en el gabinete calderonista, porque, tal cual sus actuales integrantes, ha hecho público su desprecio por la trágica muerte de los 49 niños de la guardería ABC de Hermosillo. Al igual que el inquilino de Los Pinos y su familia política –que goza de cabal impunidad junto con Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours y Carla Rochín Nieto–, ese nefasto personaje de la tele avala y promueve la discriminación, y se burla del sufrimiento de los padres, que es el de todos nosotros. Y en esto la fábrica de sueños tiene un pendiente adicional que resolver.
