Presenta informe sobre derechos económicos, sociales y ambientales
Víctor Ballinas | Periódico La Jornada | Martes 17 de enero de 2012, p. 7
Al presentar el informe denominado Situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México, el presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el sacerdote Miguel Concha Malo, destacó que la difusión del documento se da en una situación difícil, ya que “en el norte del país y en otras regiones hay hambruna”.
Por ello, dijo, el informe da cuenta de que la situación del derecho a la alimentación, educación, salud, al trabajo, a la vivienda digna y al medio ambiente “sigue siendo precaria en el país y el Estado mexicano continúa sin cumplir con sus obligaciones de garantizar, promover y respetar estas garantías”.
Por ello, dijo, el informe da cuenta de que la situación del derecho a la alimentación, educación, salud, al trabajo, a la vivienda digna y al medio ambiente “sigue siendo precaria en el país y el Estado mexicano continúa sin cumplir con sus obligaciones de garantizar, promover y respetar estas garantías”.
En el documento, detalló el religioso, se da cuenta de que “en lugar de que el Estado cumpla con sus obligaciones de garantizar, promover y respetar los derechos, sigue privilegiando intereses empresariales frente a las garantías básicas de las personas. En diversas ocasiones, disfrazadas de proyectos de infraestructura y supuesto progreso, se ha dado paso a grandes trasnacionales de la minería, la alimentación y la construcción”.
La difícil situación “de emergencia en algunas regiones del país, como en la sierra Tarahumara, debe ser ocasión no sólo para atender la urgencia alimentaria, sino para revisar a fondo las políticas sociales y la situación del campo mexicano por parte de los tres niveles de gobierno, y en especial, por parte del gobierno federal, que es el que elabora las políticas nacionales”, aseveró.
El campo, subrayó, “debe ser absolutamente prioritario en la agenda nacional, en las políticas públicas y en la política social, pues desde hace más de 75 años no habíamos tenido una situación tan grave como la que se está registrando actualmente por sequía, inundaciones, heladas y en general por el cambio en las condiciones climáticas”.
Insistió en que esta “situación cruda, de emergencia en el campo y en la Tarahumara, es una manifestación de que ha habido un descuido de los gobiernos por no dar la prioridad que requiere el agro para garantizar el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria”.
En el capítulo del derecho a la alimentación, el informe apunta que “después de dos décadas de luchas sociales se reconoció el derecho a la alimentación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 13 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición de un párrafo tercero al artículo 4, y un segundo párrafo de la fracción XX del artículo 27”.
Se precisa en el texto de 196 cuartillas que “para que un derecho humano sea en verdad garantizado debe contarse con los medios jurídicos para su defensa y protección. Esto no se ha logrado del todo en México y por ello es indispensable la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales”.
Refiere el informe que en el país “la pobreza alimentaria (extrema) sigue presente entre la población, por lo que este derecho humano no está garantizado. Existe distribución desigual del ingreso y de las oportunidades, así como desigualdad social y económica entre las diferentes entidades, y dentro de éstas, en los municipios y localidades más pequeñas”.
El reporte señala que “México destina gran cantidad de recursos al sector agropecuario con resultados deficientes, pues no se ha incrementado la productividad. Los programas se han vuelto peligrosamente asistencialistas, destinados a crear beneficios sociales sin llevar aparejada la necesaria generación de capacidades.
“Sólo 17 por ciento de los recursos del Programa Especial Concurrente se destinan al desarrollo rural; ello es insuficiente para solucionar problemas como la falta de infraestructura, la concentración de tierras por grandes empresas agroindustriales, así como prácticas de comercialización ventajosas para intermediarios en detrimento de pequeños productores”, concluye el documento presentado por Concha.
