24 enero 2012 | María del Pilar Martínez / El Economista
A dos años tres meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el Sindicato Mexicano de Electricistas acudió a interponer una queja internacional, bajo el cobijo de organizaciones sindicales de Estados Unidos y Canadá, en contra del decreto con el que se liquidó a alrededor de 44,000 trabajadores.
De tal manera que la Oficina Nacional Administrativa de Canadá y la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales de Estados Unidos notificaron que fue admitida la queja en contra de los Acuerdos de Colaboración Laboral del Tratado de Libre Comercio, pues según Martín Esparza, dirigente del SME, “estos acuerdos obligan a los gobierno es a respetar la legislación laboral vigente de cada país, así como el contenido de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esparza Flores argumento que “nuestra queja cumplió con todas las formalidades del caso y se acusa al gobierno federal de violar los derechos laborales de los más de 44,000 trabajadores despedidos de Luz y Fuerza del Centro, así como de violar los principios fundamentales de la libertad sindical y la contratación colectiva”.
Agregó que la queja fue admitida el día 13 de enero por ambas oficinas internacionales del TLCAN, “lo que por si mismo representa un triunfo, no sólo para el SME sino también para el movimiento sindical internacional”.
En ese sentido, dijo que la admisión de la queja del SME en el contexto de la mesa de negociaciones con el gobierno federal se convierte “en un factor de presión internacional a favor de la solución de las demandas del SME, que no son otras, que la reintegración al trabajo en el sector eléctrico de los 16,599 trabajadores.
Destacó que en la mesa de negociación ya se tiene cuantificado el monto para reinsertar a los trabajadores a un empleo, lo que representaría 2,500 millones de pesos, a fin de que Comisión Federal de Electricidad los incorporara.
Agregó que las propuestas a analizar con la Secretaría de Gobernación está la creación de una empresa local en la capital del país o en su caso integrar a CFE a la mayoría de los trabajadores que no han cobrado liquidaciones.
Fuente: El Economista
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