Periodico La Jornada - El Correo Ilustrado | Jueves 1 de Diciembre 2011
Amargura beligerante es lo que caracteriza al presidente Calderón en su actitud de amenazar a quienes lo han denunciado ante la Corte Penal Internacional. El presidente, en principio, debe preguntarse, voltear y reflexionar que son miles de muertos en su administración, miles de desaparecidos, cientos de desplazados, miles de ejecutados y, lo peor, involucrando a civiles inocentes, entre ellos mujeres y niños.
Y lo más abominable: ejecutar a familiares, por lo menos a tres, que investigaban ellos mismos la desaparición de sus hijos, y una más la ubicación del autor de la muerte de su hija, como es el caso de Nepomuceno Moreno, en Sonora; Marisela Escobedo, en Chihuahua (en las puertas del Palacio de gobierno); Leopoldo Valenzuela, en Durango, entre otros, pues en lugar de haberse realizado investigaciones eficientes, fueron asesinados-ejecutados simplemente por pedir lo que es obligatorio de toda autoridad policiaca en México: investigar un delito.
Al gobierno del presidente Calderón se le denuncia, entre otras razones, por omisión de una de sus obligaciones elementales: la protección de la integridad física y sicológica de miles de civiles, como es obligación de un presidente en cualquier país civilizado del mundo.
Lo mínimo que debe hacer su gobierno es no sólo darle protección a los familiares de todos los civiles inocentes involucrados por esa su estrategia, sino otorgarles a todos los dependientes de esos civiles una reparación del daño integral de inmediato, si es que en realidad está dolido por la deficiencia o complicidad de sus policías.
José Lavanderos, Abogados por la Justicia y los Derechos Humanos
