John M. Ackerman | Proceso | Lunes 5 de Diciembre 2011
MÉXICO, D.F. (Proceso).- No fue un simple exabrupto el amago del presidente de la República en contra de los 23 mil ciudadanos que promueven la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) en México. Si así fuera, Felipe Calderón no hubiera convertido el comunicado del domingo 27 de noviembre en un costoso desplegado de plana entera en los periódicos de circulación nacional.
Tampoco hubiera mandado a sus voceros periodísticos y aliados políticos a ratificar la amenaza y denostar a los denunciantes a lo largo de la semana pasada. Al contrario, al darse cuenta de su error, simplemente se hubiera retractado de las últimas frases del polémico pronunciamiento.
El lunes 28, en entrevista con Joaquín López Dóriga, la vocera gubernamental Alejandra Sota de ninguna manera se desmarcó de la propuesta de “proceder legalmente” en contra de los ciudadanos peticionarios. Al contrario, ratificó que “se están estudiando todas las alternativas existentes”. Políticos priistas como Emilio Chauyfett y Enrique Peña Nieto, quienes también guardan varios esqueletos en su proverbial closet, han avalado el derecho del gobierno federal a intimidar a los ciudadanos inconformes. El senador Ramón Galindo, del PAN, caracterizó públicamente la petición ante la corte de La Haya como un “escupitajo” y una “estupidez”.
Todo parece indicar que la reacción gubernamental no surge de un momentáneo ataque de furia o de una mala asesoría de parte del rijoso secretario de Trabajo, sino de un temor muy real de parte de algunos elementos del Estado ante la posibilidad de que se inicie una investigación criminal internacional en su contra. En este caso, la fuente real de la errada estrategia mediática serían las fuerzas armadas, y en particular el general Galván y el almirante Saynez, quienes saben perfectamente bien que hoy los militares y los marinos se encuentran en una situación de franca violación a la Constitución y serían los primeros en caer ante una eventual investigación de la CPI.
Lo cierto es que un valiente y brillante joven abogado de 28 años llamado Netzaí Sandoval ha puesto en jaque al Estado mexicano. Su iniciativa ha tenido el enorme valor de traer de nuevo los reflectores nacionales e internacionales hacia la crisis humanitaria y la profunda falta de rendición de cuentas que existen en México. Su ejemplo también sirve de inspiración para los millones de jóvenes indignados, críticos e inteligentes que buscan contribuir a la transformación del país. Si un solo joven puede generar un nuevo contexto de exigencia social para acabar con la impunidad y parar el baño de sangre, no sería difícil imaginar de lo que serían capaces miles o millones de otros Netzaí movilizados a lo largo y ancho del país.
Hace falta aclarar algunas dudas y manipulaciones malintencionadas que se han generado alrededor del tema del proceso que se inicia en La Haya. Primero, el expediente que entregó Sandoval el pasado 25 de noviembre incluye señalamientos en contra de todos los líderes de los principales cárteles de la droga en México, y no solamente en contra del Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa. Segundo, los que respaldamos la solicitud ante la CPI de ninguna manera defendemos a los narcotraficantes ni avalamos la delincuencia organizada. Al contrario, tenemos la convicción de que habría que perseguir a todos los delincuentes por igual con la misma fuerza de la ley, independientemente de si se encuentran dentro o fuera del gobierno.
Tercero, ni el expediente entregado ni ningún otro documento que se ha emitido (www.juicioacalderon.blogspot.com) hablan de la existencia de “genocidio” en México, sino únicamente de “crímenes de lesa humanidad” y “crímenes de guerra”. El gobierno busca distraer la atención pública hacia el tema del genocidio ya que efectivamente este tipo penal difícilmente se aplicaría al caso mexicano porque requiere la existencia de una “intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.
Sin embargo, solamente el más ciego o ingenuo podría negar la existencia de “crímenes de lesa humanidad” en el país. Este tipo penal implica “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque” por medio de asesinatos, esclavitud, privación de la libertad, tortura, violación u otros actos similares. Por ejemplo, las fosas clandestinas encontradas, y las que todavía no conocemos, a lo largo de la frontera norte hablan precisamente de la existencia de un ataque sistemático en contra de la población civil, en este caso de los migrantes que pasan por nuestro país en busca de mejores oportunidades en Estados Unidos.
Existen numerosos señalamientos de la posible participación de agentes del Instituto Nacional de Migración e incluso de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas en el secuestro y posterior entrega a bandas criminales de migrantes centroamericanos. La pregunta entonces sería hasta dónde llegaría el “conocimiento” de esta práctica en la línea de mando gubernamental. O, en su caso, hasta dónde los mandos superiores implícitamente han avalado y auspiciado esta práctica al no sancionar a los agentes o soldados responsables de los ilícitos.
Los que respaldamos la petición a la CPI pensamos que muy probablemente el mismo Calderón y los integrantes de su gabinete son cómplices, por acción u omisión, de la comisión de este tipo de prácticas u otras similares. El discurso de Calderón confirma esta sospecha. Al hablar de “daños colaterales” y la “cantaleta de los derechos humanos”, así como justificar el baño de sangre señalando que 90% de los muertos serían narcotraficantes, el presidente demuestra que tiene un grado de tolerancia verdaderamente escalofriante hacia la muerte de almas inocentes.
Si el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, quisiera desechar de plano el caso de México por “notoriamente improcedente” ya lo hubiera hecho. Calderón hoy encabeza el G20 y sin duda ya ha utilizado todas las herramientas políticas para presionar al fiscal para que ni siquiera revise el expediente entregado por Sandoval. Sin embargo, el pasado martes 29 de noviembre, Ocampo declaró que revisará con cuidado el material entregado como “el principio de una tarea”. Habría que hacer votos para que el funcionario del CPI continúe por el camino del profesionalismo, la independencia y la objetividad y revise a fondo la situación en México antes de decidir si abre o no una investigación que hoy resulta urgente para esclarecer la verdad sobre la “guerra” declarada por Calderón hace cinco años en contra de la sociedad mexicana
