Archiva PGR expediente esperando evidencias que inculpen a implicados en sobornos de la paraestatal
25 noviembre 2011 | Abel Barajas | Reforma
La Procuraduría General de la República (PGR) guardó durante cinco años la averiguación previa sobre la presunta corrupción de altos mandos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al estimar que en aquel momento no había datos suficientes para pedir órdenes de captura contra los probables implicados en recibir sobornos de contratistas.
El 30 de agosto de 2005, luego de concluir una auditoría interna, la compañía suiza ABB denunció a la Procuraduría que algunos de los directivos de su empresa presumiblemente pagaron sobornos a funcionarios de la paraestatal a cambio de otorgarle contratos.
ABB despidió a su directivo John O'Shea, tras descubrir los movimientos de dinero desde una partida de la empresa y su filial mexicana Equipos y Sistemas de México (Esimex).
Por lo anterior, la PGR inició la averiguación previa 89/UEIDCSPCAJ/2005, que se instruyó en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, por los posibles sobornos de la empresa.
En aquel entonces, el denunciado era Gustavo Alonso Salvador Torres, ex subdirector del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), a quien señalaron de presuntamente recibir un crucero y un viaje a Las Vegas a cambio de contratos para la contratista helvética.
En el amparo que en octubre pasado promovió Néstor Moreno Díaz, ex director de Operación de la CFE, se señala que el Ministerio Público Federal determinó el no ejercicio de la acción penal sobre esta indagatoria que, en principio, no lo tenía a él como blanco de la PGR.
Es decir, que la PGR no procedió penalmente contra los implicados en los presuntos cohechos, pero tampoco lo desechó en forma definitiva, y prefirió guardarlo en el escritorio hasta que aparecieran o fueran ofrecidas nuevas evidencias.
El caso finalmente fue reactivado el 16 de agosto de 2010, cuando los detalles del caso ya eran de dominio público en la prensa estadounidense.
En esa fecha compareció ante la PGR el abogado general de la CFE, Abel Huitrón, para denunciar y comunicar la existencia de notas periodísticas de la Unión Americana que hablaban del caso de los sobornos a funcionarios de la paraestatal.
El 25 de agosto siguiente volvió para hacer del conocimiento de otra nota periodística en inglés sobre el mismo tema, en este caso la publicada por The Wall Street Journal titulada "US Probe leads to utility chief". Esta vez el objetivo de las autoridades ya era Néstor Moreno.
Otro de los denunciantes fue Guadalupe Aulo Gelio Lara Arellano, apoderado general para pleitos y cobranzas de la CFE.
La PGR consignó una parte de este expediente por enriquecimiento ilícito de más de 33 millones de pesos contra Moreno, y dejó abierta otra indagatoria por lavado de dinero, fraude y cohecho contra el mismo indiciado y otros tres funcionarios.
Una juez federal del Distrito Federal ordenó la aprehensión de Moreno el 8 de agosto pasado, y la Procuraduría detuvo al indiciado en Toluca el 3 de septiembre; sin embargo, en las primeras horas del día siguiente quedó en libertad porque otro juez de Monterrey notificó que estaba vigente una suspensión de amparo.
El 5 de septiembre le negaron la suspensión definitiva y desde entonces está prófugo.
Fuente: Reforma
