Exige el Frayba garantizar la integridad de comunidad zapatista
La Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas ha denunciado la represión y criminalización de sus integrantes como una estrategia orquestada por una coalición de funcionarios de la CFE, la PGR y los gobiernos estatales, principalmente de Chiapas, Campeche y Veracruz
Hermann Bellinghausen | Enviado | Periódico La Jornada | Jueves 15 de septiembre de 2011, p. 14
Tonalá, Chis., 14 de septiembre. Listas para recibir este jueves por la mañana a la caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, las comunidades reunidas en el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa, adherentes de la otra campaña, dieron a conocer que han iniciado una "campaña nacional e internacional contra el hostigamiento judicial y la criminalización a defensores de los derechos humanos".
En México, señala el consejo, “existe no sólo la desastrosa guerra contra el ‘crimen organizado’, sino otra contra la gente y sus luchas por una vida digna, que no está de acuerdo en ser pisoteada y tratada como mercancía o delincuente”. Con persecución y represión "el gobierno de cualquier nivel enfrenta a los pueblos que se organizan para defender su tierra y sus recursos".
El consejo sostiene que en nuestro país ser defensor de derechos humanos 2se ha vuelto peligroso". Es así para quienes se dedican a asuntos relacionados con el medio ambiente o los derechos de mujeres, campesinos, periodistas, migrantes e indígenas.
"Existen muchos intereses económicos, y una pugna por vender y poseer los recursos. Lo que estorba en sus planes son los pueblos que defienden su forma de vida y su trabajo, que viven y cuidan sus recursos, sus tierras, su agua".
En Chiapas es el caso, "entre muchos otros", destaca el consejo, de Nataniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, con sede en Tonalá, el cual "ha acompañado los trabajos y la lucha del Consejo Autónomo Regional, y fue detenido en dos ocasiones por cargos a nivel estatal y federal".
Actualmente enfrenta cinco procesos penales "totalmente bajo consigna y amañados, los cuales son una muestra más de que en México la justicia no existe, la impunidad es lo que prevalece".
Relata el consejo que en los últimos cinco años ha surgido un movimiento de comunidades y barrios que resisten las altas tarifas de energía eléctrica impuestos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Ese movimiento se encuentra al menos en 11 estados de la República, y tiene en la costa de Chiapas uno de sus bastiones principales. A pocas horas de recibir a la también llamada "caravana al sur", las comunidades destacan la persecución policiaca y judicial contra al menos ocho de sus miembros.
"El movimiento de resistencia civil ha impulsado diversas demandas en torno de la energía eléctrica en el país, como es la oposición al modelo energético neoliberal que favorece la privatización de la energía", señala.
La Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas ha denunciado la represión y criminalización de sus integrantes como una estrategia orquestada por una coalición de funcionarios de la CFE, la Procuraduría General de la República y los gobiernos estatales, principalmente de Chiapas, Campeche y Veracruz.
En otro orden, el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) envió comunicaciones al gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero; al secretario de Gobierno, Noé Castañón León, y al procurador estatal, Raciel López Salazar, así como a las autoridades federales, demandándoles asumir su responsabilidad en evitar que la comunidad zapatista de San Patricio, en el municipio autónomo La Dignidad (ayuntamiento oficial de Sabanilla), sufra agresiones aún más graves de las que se han suscitado desde el pasado 11 de septiembre.
El Frayba emitió hoy una acción urgente para llamar la atención de la sociedad civil y de las autoridades gubernamentales sobre esta situación, que la JBG de la zona norte define como "muy crítica e insoportable".
Exigió que se garantice "de forma inmediata" la vida y la integridad de la comunidad. Asimismo, demandó respeto al proceso de resistencia y autonomía que ejercen las bases del EZLN "de conformidad a los tratados internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Acuerdos de San Andrés".
