21 agosto 2011 | Santiago Igartúa | Proceso
Este año fueron 200 mil los aspirantes que se quedaron sin un lugar en alguna de las instituciones de educación superior en el Distrito Federal, por lo que algunos comenzaron a organizarse. Alzan la voz para reclamar a las autoridades porque, dicen, la educación superior fue excluida de la agenda del gobierno; porque las autoridades privilegian la guerra; por la política de minimización de las universidades públicas; porque se niegan a que la juventud sólo sea considerada como reserva del crimen organizado… pero sobre todo objetan que el mismo sistema que los margina les cuelgue el ofensivo mote de ninis.
Cada agosto trae filas interminables de jóvenes que no podrán tener una profesión, al menos no sin las opciones que se obtienen con dinero. Los admitidos en el sistema educativo mexicano son una élite. El resto queda a las puertas del comercio informal, la delincuencia o la nada. Son calificados por un examen que metódicamente los excluye, marcada la reprobación en su piel.
Este año el estigma pesa sobre un estimado de 200 mil jóvenes marginados de las universidades públicas solamente en el Distrito Federal y su área conurbada. De ellos, apenas unos mil 400 se integraron al Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAEES), fundado en 2006 para demandar al gobierno federal que garantice la educación superior pública y gratuita como un derecho constitucional, no como un favor, para todos los jóvenes que la soliciten.
Por ser “discriminatorio” al basarse en la condición económica y la escuela de procedencia, exigen también que se cancele el examen de admisión como mecanismo para el ingreso a las universidades para sustituirlo con un procedimiento basado en la “justicia” y la “equidad”.
De esos muchachos nació la iniciativa de plantarse cinco días y seis noches en la Plaza de Santo Domingo, a las afueras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del viernes 5 al miércoles 10 de agosto.
El martes 9, 300 de ellos marcharon 24 horas continuas en la Plaza de la Constitución. Ese día hubo ahí no menos de cinco manifestaciones. Los jóvenes caminaron lanzando “¡goyas!” e insultos al presidente. “Por el gobierno que no me deja estudiar”, “por los policías que nos quieren acribillar”, “yo soy el rechazado”, rezaban las protestas.
Las leyendas “educar para no matar” o “aquí no hay ninis, hay chicos peleando por la educación”, se leía en pancartas sostenidas por las manos de quienes hace poco fueron niños.
Eduardo Jesús Contreras, rechazado de las escuelas de psicología de la UNAM y la UAM en 2010 y 2011, fue el primero en hablar con el reportero. Mencionó su proceso de rechazo y su frustración, el desdén institucional: “El hecho de que te nieguen un proyecto de vida porque no tienen espacio es muy injusto”, dice. Le queda la condena de ser rechazado y la tristeza que se agudiza con la falta de recursos. “Si no puedo estudiar es porque soy uno de los millones de pobres de este país”.
Selección exclusiva
La falta de espacios en escuelas públicas de educación superior es un tormento para los jóvenes que vuelve año con año. El proceso de selección, dicen los estudiantes que no dejan ser, responde a un mecanismo de exclusión que con la excusa de garantizar una educación de calidad deja una estela de humo que esconde el hecho de que sólo 30% de los jóvenes en edad de cursar el nivel superior está inscrito en el sistema educativo.
“Para ser profesionista”, aseguran, “sólo pueden llegar los mejores. Nosotros decimos que todos tenemos capacidad y los mismos derechos. La preparación que nos dan es dispar. Pero todos llegamos con un certificado extendido por las mismas autoridades que después nos cierran la puerta. Es un absurdo. Son ellos los responsables de la disparidad en el nivel académico del país; que la afronten, la asuman y la solucionen, no que nos coarten el futuro. No pueden culpar a los alumnos como individuos de las falencias del sistema educativo”, suelta Eduardo Contreras a las puertas de la SEP.
En 2006 sumaron 150 mil los rechazados de las universidades. A lo largo de este sexenio la cifra anual fue en aumento hasta rondar los 200 mil este año.
Simplemente del proceso de selección en abril para ingresar a una de las 85 licenciaturas entre los sistemas escolarizado, abierto o a distancia de la UNAM, fueron descartados 122 mil 750 alumnos contra 10 mil 300 que ingresaron. Un año atrás, en el examen de abril de 2010 en la misma institución, 91% de los aspirantes no pudo calificarse.
Para el presente ciclo, el IPN admitió 24 mil alumnos de 90 mil aspirantes; la UAM dio cabida a menos de 7 mil jóvenes.
De gira por Guanajuato, el lunes 8, Felipe Calderón afirmó que durante su administración la cobertura universitaria estirará una cifra que aún no alcanza 31% hasta 34%. Desoladora comparación: Argentina supera 60%, Chile y Panamá 45%.
Tras extenuantes jornadas de negociación, el miércoles 10 se firmó en las instalaciones de la SEP un acuerdo, del que Proceso tiene copia, donde las autoridades educativas “reconocen la necesidad de ampliar la reflexión” sobre la educación superior en el país y se comprometen a “buscar un mecanismo amplio e incluyente para su análisis”.
En cuanto al ingreso de los aspirantes, la resolución es la misma que se alcanzó en años pasados:
Sólo los estudiantes que tomaron parte en las movilizaciones –mil 400 rechazados de un universo cercano a los 200 mil– podrán ingresar a la universidad pública, de forma diferida, cursando un año en la modalidad abierta, a distancia o con becas completas por parte de la UNAM y el IPN. La SEP solamente aportará financiamientos de mil pesos. Aquellos que mantengan un promedio mínimo de 8 y no reprueben ninguna materia serán incorporados al tercer semestre en algunas de las facultades o escuelas de la Universidad Nacional o el Politécnico.
En las negociaciones participaron Miguel Salcedo, coordinador general de Atención Ciudadana de la SEP; Joaquín Flores, representante de la Subsecretaría de Educación Superior; Isidro Ávila, director general de Administración Escolar de la UNAM; Eduardo Vanegas, representante del IPN y María José Arroyo, coordinadora de Información Institucional de la UAM.
En entrevista con este semanario, dirigentes del movimiento estudiantil constataron que fue el gobierno federal, a través de la representación de la SEP, el actor más renuente a la negociación. “Los de la SEP dicen que no podrían aceptar un debate con nosotros en la Secretaría porque sería aceptar que se está haciendo algo mal”, narra a Proceso Xóchitl Díaz.
Según los relatos de los aspirantes, Miguel Salcedo cayó en el absurdo. El relato es del joven Adrián Santillán: “No les interesa formar profesionistas. El coordinador Miguel Salcedo nos decía que para qué necesitamos más profesionistas para que luego tengan que desemplearse y acaben como taxistas”.
Por parte de la UNAM, denuncian los rechazados, el rector José Narro se negó a reconocer al MAEES como un interlocutor “válido”. “De la UNAM nos dijeron que el rector Narro hacía declaraciones públicas y que su posicionamiento estaba ante los medios de comunicación, como si no hiciera falta hacer un posicionamiento también ante los estudiantes rechazados”, se queja Atzelbi Hernández.
Hasta ahora ninguna de las autoridades de las instituciones educativas ha querido hacer alguna declaración pública sobre el movimiento o los acuerdos alcanzados. Ninguna contestó la solicitud de entrevista de Proceso. A la luz pública, dicen los integrantes del MAEES, los desconocen.
Guerra, la prioridad
Los estudiantes lamentan que no sea la educación una prioridad, “tan siquiera” una alternativa a la epidemia de violencia que lacera al país. Así lo refleja, afirman, el presupuesto destinado para la guerra que encabeza Felipe Calderón, tan lejano al educativo.
“La demanda por mayor educación y menos militares la hemos mantenido como una demanda histórica del movimiento estudiantil en el país. El fortalecimiento a las instituciones de seguridad del Estado ha sido una estrategia del gobierno federal desde hace muchos años, pero este sexenio se agravó muchísimo”, consigna Atzelbi Hernández.
El MAEES ya se integró al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia. Precisamente Atzelbi ha participado en los diálogos con legisladores y el movimiento de Sicilia, en la mesa de jóvenes, discutiendo el problema de la educación como un tema de seguridad.
“En esta situación de guerra de los 50 mil muertos, los 10 mil desaparecidos, los 120 mil desplazados como resultado de la guerra de Felipe Calderón, la gran mayoría de las víctimas son jóvenes que debieron estar en una universidad, estudiando, y que por las mismas circunstancias del país no encontraron otro camino que incorporarse a las filas del crimen organizado o del Ejército.
“Nos parece muy grave que las alternativas que ofrecen a la juventud mexicana sean justamente esas dos: que ante la falta de oportunidades, de manera velada, orillen a los jóvenes a trabajar con las armas porque esos sí son trabajos bien remunerados”, reprocha Hernández.
En las mesas de discusión denunciaron el reclutamiento de menores por parte de las fuerzas armadas: “Cínicamente nos invitan a incorporarnos a las filas del Ejército o las policías. A lo que nos están condenando es a morir”, consigna la joven.
Para Ivonne Cedillo, el modelo que el gobierno pretende para los jóvenes es claro: “Quieren sumarnos a su combate contra el narcotráfico, darnos en lugar de un libro un arma que nos asesine a nosotros mismos, a jóvenes como nosotros. Es monstruoso. En los bachilleratos, donde la mayoría son menores de edad, están yendo a reclutarlos con demostraciones espectaculares. Nos están impulsando a que no optemos por ingresar a la universidad porque no hay espacios”.
Los estudiantes rechazados pelean por el derecho a la educación como única solución a la crisis del país: “Garantizar una formación con gran contenido humanista va a ser lo único que vamos a poder encontrar para salir de la grave situación política, económica y social que sufrimos. Mientras no haya un cambio de estrategia profundo, esta situación (de violencia) se va a trasladar a todo el país, pero el hartazgo de la gente va a ir en incremento cada vez más, hasta que ya no se pueda tolerar”, asegura Atzelbi.
El espejo chileno
El MAEES se suma a las manifestaciones de resistencia en América Latina contra las políticas privatizadoras de la educación.
En el campamento que montaron durante casi una semana se enlazaron en dos conferencias con dirigentes del movimiento contra el sistema de privatización educativo en Chile. Mexicanos y andinos coincidieron en la similitud que hay en ambos conflictos.
Los mexicanos denuncian que el sistema de educación superior aquí ha sufrido un proceso de privatización velado, “una forma encubierta de favorecer al sector privado de la educación superior; un mecanismo de exclusión que en lugar de favorecer la educación pública fomenta la construcción de miles de universidades particulares con muy bajo nivel académico, que contribuyen a que el derecho a la educación sea un servicio más por el que hay que pagar”, declara Atzelbi.
Los aspirantes miran el reprimido movimiento chileno como un referente. Continua Hernández: “Con el ejemplo de los compañeros chilenos vemos que podemos hacer más, que podemos hacernos escuchar. Y mientras ellos (los gobernantes) sigan empecinados en ignorar las voces que desde abajo estamos insistiendo en que tiene que virar la política, nos iremos acercando, cada vez más, a ser un Estado fallido”.
Desde el hartazgo y la fuerza en su discurso los estudiantes advierten: “Va a llegar un momento en que las becas que otorgan la UNAM y la SEP no sean suficientes. Y entonces se van a enfrentar a un problema grave y van a tener que buscar alternativas”, fueron las palabras de Ivonne Cedillo.
Los miembros del MAEES demandan que se reconozca que los cientos de miles de rechazados de las universidades son un problema social que representa una “bomba” de tiempo.
“Sabemos que en Oaxaca, Puebla, Guerrero, Michoacán hay otros movimientos. Son pequeños brotes que van naciendo por la misma necesidad. Estamos seguros de que con información pueden sumarse masas en las calles, como en Chile o España”, concluye Diego del Ángel.
“Ninis”
“Nini por obligación”, podía leerse en una pancarta gris en la manifestación del MAEES. El término ha sido empleado por las autoridades para referirse a los jóvenes que no estudian ni trabajan y que, según datos de la SEP, son más de 7.5 millones.
Los excluidos del sistema de estudios repudian que el Estado mexicano “permita” y “promueva” que se catalogue así a víctimas de una política educativa que los margina desde el propio gobierno.
Califican el término de “ofensivo”, una “burla” que refleja que los jóvenes no son agenda prioritaria. “Nadie decide quedarse sin nada. No está en nuestras manos ingresar a la universidad. Tampoco somos nosotros los que decidimos si se abren más plazas de empleo o no en el país”, asegura Xóchitl Díaz.
José Juan Zamora, del MAEES, señala que el Estado “tendría” que ser el garante para impulsar el desarrollo de los millones de muchachos relegados a la nada.
Diego del Ángel comenta que “con el examen de admisión lo que hacen es culpabilizarnos a nosotros de que no pasamos una prueba, cuando en realidad es parte de un sistema diseñado para que la inmensa mayoría quede fuera”.
Las palabras del rector José Narro ante el Congreso, en el centenario de la UNAM el 24 de septiembre de 2010, dan la razón a los jóvenes rechazados: “El verdadero progreso no se puede generar entre la desigualdad y la exclusión, en medio de la ignorancia y las muertes evitables. (…) Requerimos enfoques que miren al país en el largo plazo. Difícilmente podremos avanzar en este sentido si no damos la debida prioridad a la educación, a la ciencia y al desarrollo tecnológico. (…) No daremos el paso correcto en tanto destinemos 0.7 del PIB a la educación superior y 0.4 a la investigación. No será posible mientras sólo tres de cada 10 jóvenes mexicanos estudien en las instituciones de educación superior”.
