No al olvido; justicia ya | Sentencia ciudadana: culpables
Carlos Fernández-Vega
Felipe Calderón, Margarita Zavala, Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours, Daniel Karam, Fernando Gómez Mont, Francisco Blake, Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez, Marisela Morales, Abel Murrieta Gutiérrez, Guillermo Padrés Elías, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, Gildardo Francisco Urquides Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves, Alfonso Cristóbal Escalante Hoeffer, Antonio Salido Suárez, Carla Rochín Nieto,Sergio Antonio Salazar, Arturo Leyva Lizárraga, Noemí López Sánchez, Wilebaldo Alatriste Candiani, Ernesto Vargas Gaytán, Fausto Salazar Gómez, Jorge Luis Melchor Islas, Ernesto Gándara Camou, Jesús Davis Osuna, Roberto Copado Gutiérrez, diputados, senadores y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Su cinismo y la falta de ética les alcanza para tener la conciencia tranquila y les permita dormir como bebés, al tiempo que impunemente se mantienen como juez y parte. Felices sueños, pero a dos años del incendio en la guardería ABC de Hermosillo seguimos en espera de justicia. No a la impunidad, no al olvido.
María Magdalena Millán García, Andrea Nicole Figueroa, Emilia Fraijo Navarro, Valeria Muñoz Ramos, Sofía Martínez Robles, Fátima Sofía Moreno Escalante, Dafne Yesenia Blanco Losoya, Ruth Nahomi Madrid Pacheco, Denisse Alejandra Figueroa Ortiz, Lucía Guadalupe Carrillo Campos, Jazmín Pamela Tapia Ruiz, Camila Fuentes Cervera, Ana Paula Acosta Jiménez, Monserrat Granados Pérez, Pauleth Daniela Coronado Padilla, Ariadna Aragón Valenzuela, María Fernanda Miranda Hugues, Yoselín Valentina Tamayo Trujillo, Marian Ximena Hugues Mendoza, Nayeli Estefanía González Daniel, Ximena Yanes Madrid, Yeseli Nahomi Baceli Meza, Ian Isaac Martínez Valle, Santiago Corona Carranza, Axel Abraham Angulo Cázares, Javier Ángel Merancio Valdez, Andrés Alonso García Duarte, Carlos Alán Santos Martínez, Martín Raymundo de la Cruz Armenta, Julio César Márquez Báez, Jesús Julián Valdez Rivera, Santiago de Jesús Zavala Lemas, Daniel Alberto Gayzueta Cabanillas, Xiunelth Emmanuel Rodríguez García, Aquiles Dreneth Hernández Márquez, Daniel Rafael Navarro Valenzuela, Juan Carlos Rodríguez Othón, Germán Paúl León Vázquez, Bryan Alexander Méndez García, Jesús Antonio Chambert López, Luis Denzel Durazo López, Daré Omar Valenzuela Contreras, Jonathan Jesús de los Reyes Luna, Emily Guadalupe Cevallos Badilla, Juan Israel Fernández Lara, Jorge Sebastián Carrillo González, Ximena Álvarez Cota, Daniela Guadalupe Reyes Carretas, Juan Carlos Rascón Holguín y 104 niños más, lesionados de por vida.
Las rebanadas del pastel
De la sentencia del juicio ciudadano al Estado mexicano por el incendio de la guardería ABC, el 5 de junio de 2009, en Hermosillo. El 29 de mayo de 2011 se declaró CULPABLES a: Poder Ejecutivo, en lo que corresponde a sus responsabilidades de Estado, a la Presidencia de la República, al IMSS y a la PGR; al Poder Judicial, por la denegación de acceso a la justicia a las víctimas y establecer el peligrosísimo criterio de que los niños y niñas no son sujetos de derechos y desatender de manera grave el principio del interés superior de la infancia (si la muerte de 49 niños y niñas y la lesión de 104 más no es suficiente para que la SCJN considere responsabilidades y actúe en consecuencia, cabe preguntarse ¿qué tendrá que pasar para que lo haga?); al Poder Legislativo, por la omisión en su responsabilidad de legislar para proteger los derechos de niños y niñas, y en particular a la Cámara de Diputados por la falta de asignación presupuestaria para garantizar el ejercicio de los derechos de la primera infancia; a la CNDH, por la negligencia y desatención a las víctimas, por no ejercer sus atribuciones para la defensa y protección de los derechos humanos de las víctimas y por no ejercer su atribuciones para exigir el cumplimiento de la recomendación emitida sobre el caso (49/2009). Adicionalmente, se condena al Estado mexicano a modificar el esquema de subrogación de guarderías del IMSS por su clara contravención a los derechos humanos de niñas y niños, así como de cualquier otro modelo de cuidado infantil que sea contrario a la Constitución y los tratados internacionales. Al desarrollo de la política pública a todos los niveles de gobierno que tutele de manera específica los derechos de la primera infancia, niñez y adolescencia, bajo la estricta observancia de que infantes, niños, niñas y jóvenes son sujetos de derechos y en atención en lo establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que el Estado mexicano ha firmado y ratificado y por tanto forma parte de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. A acatar, atender e implementar de inmediato las resoluciones del Comité de los Derechos del Niño en lo que se refiere a los servicios de privatización, así como en lo relativo a la garantía de los derechos durante la primera infancia. A finalizar a la brevedad los juicios para determinar responsabilidad a los servidores públicos involucrados por las conductas señaladas y que se amplíe la acción penal contra todos los presuntos responsables acorde con las denuncias presentadas. A manera de reparación de daño: presentar una auténtica y sentida disculpa pública a los niños, niñas, padres, madres, familiares y comunidad entera que se vieron afectados en el incendio de la Guardería ABC, en una ceremonia pública en la misma localidad; abstenerse de violaciones futuras, de manera que esta tragedia nunca más se repita; deberá garantizar la protección y tratamiento de los niños y niñas que están lesionados; garantizar los medios económicos y de subsistencia de sus familias para este fin; atender de manera integral la afectación al plan de vida de las familias víctimas y generar las condiciones para la atención económica, médica, sicológica y de cualquier índole necesaria; construir un memorial donde están las instalaciones de la Guardería ABC, para mantener en la memoria de la ciudadanía y honrar a los y las niñas víctimas; modificar la Ley sobre escudo, la bandera y el himno nacional, para que el día 5 de junio quede establecido como día de luto nacional; que queden claramente establecidos en la Constitución los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente: se condena a Juan Molinar Horcasitas y a Daniel Karam a un mes de trabajo comunitario por cada niño o niña que perdió la vida y/o resultó lesionado en una guardería pública en atención directa a los infantes. Esto es 153 meses, equivalente a 12 años con nueve meses de servicio comunitario. Por la gravedad de los hechos quedan inhabilitados para desempeñar cualquier cargo público y/o de representación en los tres niveles de gobierno por un periodo de 20 años.
