Por Redacción T2126/05/11
MÉXICO, DF., 27 de mayo.- La Secretaría (Ministerio) de la Función Pública informó que multó y sancionó a la empresa transportes blindados Tameme por negarse a devolver más de 330 millones de pesos (mdp), de la última nómina de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
La dependencia señaló que la compañía de traslado de valores tendrá que pagar una multa por un millón 664 mil pesos y será inhabilitada por cinco años para obtener contratos con el gobierno federal.
“La sanción se derivó porque el proveedor omitió devolver los recursos públicos que pertenecen a Luz y Fuerza del Centro a pesar de instrucciones expresas y requerimientos del organismo”, detalló en su directorio de proveedores y contratistas sancionados.
La dependencia señaló que la compañía de traslado de valores tendrá que pagar una multa por un millón 664 mil pesos y será inhabilitada por cinco años para obtener contratos con el gobierno federal.
“La sanción se derivó porque el proveedor omitió devolver los recursos públicos que pertenecen a Luz y Fuerza del Centro a pesar de instrucciones expresas y requerimientos del organismo”, detalló en su directorio de proveedores y contratistas sancionados.
Cabe recordar que la empresa de transporte de valores en 2009 fue sujeta de investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) por no regresar los más de 330 millones de pesos que le fueron entregados para la nómina de Luz y Fuerza del Centro semanas antes del decreto de extinción.
La compañía recibió entre el 6 y 8 de octubre de 2009 tres depósitos por un total de 330 mdp, para ensobretado y pago de la nómina de trabajadores activos y jubilados, correspondiente a la semana 41 de ese año.
Asimismo, la empresa recibió, el 9 de octubre, 13.9 mdp por concepto de remanentes de nómina, reembolsos de caja chica y pago a trabajadores en zonas foráneas.
En noviembre de 2009, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, liquidador de LyFC, hizo el primer requerimiento y, ante la falta de respuesta, presentó una denuncia penal ante la PGR el 23 de junio de 2010.
La empresa negó en un principio contar con dicho dinero, y después argumentó que este no le pertenecía al estado sino a los trabajadores.
En agosto de 2010, Tameme demandó al gobierno por 67.1 mdp por daños y perjuicios, pero un juez desechó el recurso.
Finalmente, la empresa aceptó que tenía 214.1 mdp "bajo resguardo" y aseguró que pagó 101 millones antes de la extinción de la compañía.
