Roberto Mendoza Delgado
Comisión Independiente de Derechos humanos
Para: Miguel Márquez Ríos, Eusebio Valdez Morales, Álvaro Figueroa Santiago, Francisco Javier Domínguez Amaya, Rodolfo Vivas Espindola, Gabriel Blas Bastián, Gabriel Rodríguez Arriaga, Gilberto Burgos Martínez, Rogelio García Flores, Hugo Medina Rodríguez, Jorge Ulises Uribe Gaona, Marco Antonio Cortés Cruz, presos políticos;
Héctor Salazar Porcayo y Marco Antonio García Barrera perseguidos políticos.
En México, la legalidad se ha divorciado de la Justicia, se han impuesto los intereses de la clase dominante sobre la de los ciudadanos; se ha utilizado al poder judicial para reprimir movimientos sociales y cualquier tipo de manifestación de inconformidad. En pocas palabras, se volvió prioridad nacional la criminalización de la protesta. En este contexto el poder judicial se ha mostrado sumamente dócil y condescendiente; y se entiende aunque no lo comprendamos, -nadie muerde la mano de quien le da de comer-. El poder judicial se encuentra supeditado al ejecutivo, de hecho y de derecho, los gobernadores avalan a los presidentes de tribunales y el presidente a los integrantes de la suprema corte de justicia. Solo de esta manera se entiende que siempre se favorezca los intereses de algunos cuantos y no los de los simples ciudadanos. En el caso de la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro se sigue la misma fórmula. Calderón en su afán privatizador y con la intención de instaurar una segunda colonización española abre el sector eléctrico a la libre empresa, casualmente las beneficiadas serán las del Rey Felipe de España, una de ellas Iberdrola. Para lograr la privatización de la industria eléctrica solo tiene un obstáculo: el Sindicato Mexicano de Electricistas. Sindicato independiente, democrático y sobre todo patriótico y nacionalista. Esto al émulo de santa ana lo aterroriza y busca a cualquier precio imponer la sumisión. Utiliza a su peón preferido, el secretario del trabajo para hacer el trabajo sucio, quien con ayuda de algunos traidores del SME siembran la duda y el desconcierto entre la organización. Desde entonces la obsesión de tales sujetos es el acoso hacia los integrantes del SME. De tal suerte que hasta el momento, con ayuda de los tribunales se ha buscado la desarticulación del movimiento de resistencia del SME en contra del anticonstitucional decreto de extinción de la empresa estatal Luz y fuerza del Centro. Para cubrir sus arbitrariedades, la ilegalidad, sus mentiras y sus torpezas han mandado a resguardar el expediente por 12 años. En 12 años los mexicanos no sabremos la verdad sobre los verdaderos manejos que se dieron en la empresa del estado, empresa mexicana propiedad de los mexicanos. Y en ese contexto se encuentra PEMEX.
Una forma sutil que ha encontrado el estado mexicano para desinhibir la protesta ante la injusticia o ante la ilegalidad ha sido la criminalización de la protesta, así pues, para acallar voces incómodas les ha mandado a encarcelar, con cargos inventados o denuncias apócrifas, con testigos falsos, etc. Así paso con las indígenas de Querétaro y con Nacho del Valle y otros más de Atenco. Estamos seguros que a pesar de las autoridades mexicanas la verdad siempre saldrá a la luz y todos conoceremos la misma.
Los acontecimientos actuales en contra de los integrantes de Sindicato Mexicano de Electricistas es una clara forma de represión en contra de las personas que obstaculizan la Privatización del Sector Eléctrico, y sobre todo la entrega del patrimonio nacional a privados y extranjeros; baste decir que desde hace mucho mencionamos que el botín principal era el uso de la fibra óptica, que se construyó con impuestos de todos los mexicanos y propiedad de luz y fuerza del centro, que se podría dar el servicio gratuito a escuelas y espacios públicos por parte de compañía de luz y ahora se concesiona a televisa y tv azteca , empresas privadas que como sabemos impondrán sus cuotas de acuerdo a lo pactado con anterioridad con las autoridades encargadas del asunto. Así pues, se maneja el México del pequeño déspota.
