Usan a policías, militares, golpeadores y asesinos para intentar detener el descontento de los trabajadores
El Tribunal constató la criminalización de los conflictos laborales y la militarización de centros de trabajo
Por María de Lourdes Martínez González
El Tribunal Internacional de Libertad Sindical resolvió nuevamente condenar al gobierno federal mexicano por cometer graves violaciones a los derechos de los trabajadores.
En su declaración, presentada casi al final de la marcha del primero de mayo del 2011, en el zócalo de la ciudad de México, destaca que a un año de su última sesión "este tribunal observa con alarma...la profundización de la violación sistemática de los derechos fundamentales del trabajo. En medio de un clima de violencia generalizada a la cual contribuye la violencia que viene ejerciendo el Estado contra los trabajadores y sus organizaciones".
La declaración del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, que fue leída por Horacio Medina de Argentina y Estrella Nuñez de Chile, destaca que el Estado mexicano lejos de cumplir con sus obligaciones internacionales y las que emana de su constitución política, insiste en el incumplimiento de las normas internacionales.
En su declaración, presentada casi al final de la marcha del primero de mayo del 2011, en el zócalo de la ciudad de México, destaca que a un año de su última sesión "este tribunal observa con alarma...la profundización de la violación sistemática de los derechos fundamentales del trabajo. En medio de un clima de violencia generalizada a la cual contribuye la violencia que viene ejerciendo el Estado contra los trabajadores y sus organizaciones".
La declaración del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, que fue leída por Horacio Medina de Argentina y Estrella Nuñez de Chile, destaca que el Estado mexicano lejos de cumplir con sus obligaciones internacionales y las que emana de su constitución política, insiste en el incumplimiento de las normas internacionales.
"Se ha comprobado la persistencia de diversas formas de violencia que ejerciendo contra los trabajadores mexicanos y sus trabajadores y sus organizaciones. La violencia física, a través del uso de las fuerzas policiales e incluso el ejército, por medio de golpeadores contratados o de paramilitares que ejercen la intimidación, el terror y el asesinato, la militarización de regiones enteras y la criminalización creciente de la protesta social".
Para este Tribunal los 11 integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, presos luego de una protesta que realizaron para conmemorar un año y medio de que se decretó ilegalmente la extinción de su fuente de empleo, " son presos políticos, son presos de conciencia. Esta violencia es impulsada por los medios masivos de difusión, en algunos casos es deformada o ignorada la información. En el mismo sentido es ignorada la movilización en defensa de los derechos de los trabajadores".
Señaló que es inadmisible que a 5 años de la explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos, Coahuila, aún no sean rescatados los cuerpos de 63 de los 65 muertos. Y que tampoco se haya ejercido acción penal contra los responsables de ese crimen industrial.
Los oradores del Tribunal Internacional de Libertad Sindical concluyeron el informe de las conclusiones de su encuentro, que se realizó en la ciudad de México del 28 al 30 de abril del 2011, con un buen susto, pues se cayó la estructura de la mampara gigantezca que sostenía la manta de vinil con las demandas de los sindicatos en la marcha de el Día del Trabajo. El año pasado, también tuvieron un percance. Justamente cuando leían su informe y sus conclusiones en la marcha del primero de mayo, uno de sus representantes provenientes de Canadá, sufrió un golpe de calor,debido a las altas temperaturas que se reportaron en el centro del país.
El Tribunal Internacional de Libertad Sindical resolvió que la libertad sindical tiene como condición para ser una realidad, que exista la libertad de conciencia, la libertad de opinión, el derecho de manifestación pública y que exista un estado de derecho y democrático. Y que el Estado mexicano a través de sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial ha incurrido en abandono notable de sus funciones promotoras y protectoras de la libertad sindical. Y continúa bloqueando por acciones propias o por omisión el derecho a la libertad sindical.
"La violencia constatada en contra de los trabajadores y sus organizaciones, al ser reiterada, generalizada y sistemática, afecta gravemente el estado social de derecho, comprometiendo a todas las autoridades federales de los tres poderes. En particular hemos analizado el proyecto de reforma laboral y el de seguridad nacional y comprobamos el sentido regresivo, en términos de los derechos fundamentales del trabajo. Y de prosperar empeoraría aún más la situación económica y social de los trabajadores".
Conminó al gobierno mexicano a que de inmediato cese de las conductas antisindicales, consistentes en injerencia sindical del poder ejecutivo, de los empleadores y en violaciones a a la autonomía sindical.
También señala que verificó que hay menoscabo de la integridad física y psicológica de los trabajadores por causa de la afiliación sindical, por parte de las autoridades mexicanas a nivel federal, estatal y municipal.
El tribunal constató la criminalización de los conflictos laborales e hizo responsable al gobierno mexicano ante la comunidad internacional por el uso de esas prácticas violentas que ha provocado la militarizaición de ciudades como como Cananea, Sonora, en donde el conflicto laboral en la mina del mismo nombre, se ha militarizado.
Exigió una investigación seria, para establecer las responsabilidades civiles, penales y laborales por la explosión de la mina 8 de Pasta de Conchos.
Reclamó al gobierno mexicano reestablecer en su trabajo a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y a repararles los daños ocasionados con el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
