Detecta la Auditoría Superior que no tiene actualizada su base de datos sobre bienes.
Este año pretende subastar 900 vehículos y 30 inmuebles de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Este año pretende subastar 900 vehículos y 30 inmuebles de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Periódico La Jornada
Domingo 27 de febrero de 2011, p. 24
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que pretende subastar este año 900 vehículos y 30 inmuebles de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), no cuenta con un programa para la recuperación de cartera con objetivos y metas, detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública de 2009.
El SAE realiza la liquidación de ocho organismos. Fiscaliza el Sistema Banrural, que lleva ocho años, y de acuerdo con el programa de liquidación se encuentra en la tercera y última etapa. Además lleva a cabo la de LFC a partir de 2009.
Los resultados obtenidos en la auditoría de la administración de bienes asegurados y decomisados muestran que el SAE no se ajustó a las disposiciones normativas aplicables a la administración y destino de los bienes.
Sin informes sobre beneficiarios
Se observó que la base de datos del Sistema Integral de Administración de Bienes que registra y da seguimiento a la administración no se encuentra actualizada. También se determinó que el SAE no reporta a las entidades que le transfieren los bienes el costo que genera la administración de éstos ni vigiló que se cumpliera la obligación de los beneficiarios de esas transferencias de presentar los informes mensuales sobre la utilización de los bienes.
Se observó que la base de datos del Sistema Integral de Administración de Bienes que registra y da seguimiento a la administración no se encuentra actualizada. También se determinó que el SAE no reporta a las entidades que le transfieren los bienes el costo que genera la administración de éstos ni vigiló que se cumpliera la obligación de los beneficiarios de esas transferencias de presentar los informes mensuales sobre la utilización de los bienes.
La liquidación de LFC comenzó el 11 de octubre de 2009, con la publicación del decreto por el que se extingue el organismo descentralizado. El mismo decreto fijó la participación de las secretarías de Energía (Sener), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Función Pública (SFP) y la de Gobernación (Segob).
En 2009, después de la liquidación de LFC, el SAE contrató a cinco empresas especializadas para la venta de bienes mediante subastas; sin embargo, no se fundamentó la contratación por adjudicación directa ni se evaluó su desempeño. De estas empresas contratadas, una no acreditó su experiencia para realizar valuaciones y comercializar bienes, y otra no realizó la inspección física de los bienes para su valuación.
Además, en los cinco contratos de las empresas especializadas para la venta de bienes mediante subastas electrónicas y presenciales, no se especificó el servidor público del SAE responsable de administrarlos y vigilar su cumplimiento ni los términos en que el organismo verificaría y daría su conformidad por los servicios recibidos.
Se comprobó que al 31 de diciembre de 2009, la Sener no recibió del SAE los informes sobre situaciones o circunstancias no previstas en las bases para su resolución o interpretación
Se constató que el 4 de junio de 2010, la SFP designó al auditor externo para dictaminar los estados financieros iniciales del proceso de liquidación de LFC. La SFP informó que hasta junio de 2010 no había recibido el dictamen debido a que el SAE manifestó que de conformidad con las Bases para el Proceso de Desincorporación de LFC, los saldos iniciales se obtendrán una vez que se cuente con el inventario de los bienes pertenecientes al organismo en liquidación.
Por otra parte, con la revisión de la administración y seguimiento de procesos legales, se determinó que el SAE no cuenta con un programa de recuperación de cartera con objetivos y metas; su sistema para dar seguimiento a los juicios no le permite identificar las diferentes etapas procesales, lo que originó que el SAE dejara prescribir un juicio, y en dos más operó la caducidad.
Se determinó que los expedientes de una muestra de 135 juicios en trámite y concluidos en 2009 no contienen la documentación relativa a todas las actuaciones y diligencias practicadas, y que el organismo no dio seguimiento a las observaciones de los auditores legales externos que revisaron los juicios.
En razón de que la prestación del servicio público de energía eléctrica es considerado como un área estratégica del Estado, y debido al impacto económico y social que representa la extinción de LFC y a que no ha concluido su proceso de liquidación, se continuará con la fiscalización de este proceso en la cuenta pública 2010.
Fuente: La Jornada
Fuente: La Jornada
