Este miércoles en la Cámara de Diputados uno de los temas calientes que dará a conocer el informe de la cuenta pública 2009 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), serán las conclusiones del análisis al millonario contrato que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le entregó a la filial texana de la multinacional suiza de servicios eléctricos ABB. La expectativa reside en que este hecho ya fue examinado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que en su dictamen de noviembre de 2009, señaló que el controvertido contrato se pudo llevar a cabo sólo a cambio de sobornos por cerca de un millón de dólares a servidores públicos de la paraestatal mexicana.
Luego de esta investigación del Departamento de Justicia de EU, que adicionalmente encontró que un empresario texano, un ejecutivo mexicano y “varios” servidores públicos de la CFE estaban involucrados en actos de corrupción, soborno y lavado de dinero, el titular de la ASF le pidió al director general de la paraestatal, Alfredo Elías Ayub, un informe sobre la situación que guardaba el contrato firmado por la filial de la ABB y la dependencia a su cargo, conocido también como convenio “Evergreen”. Además, le preguntó si conocía de las acusaciones que pesaban en EU contra un grupo de funcionarios del organismo y las acciones penales y administrativas que habían implementado.
La respuesta de Elías Ayub vino en enero de 2010. El director de la paraestatal desde 1999 reconoció que en agosto de 2005 tuvo conocimiento de que en la PGR existía una denuncia contra Gustavo Salvador Torres, entonces subdirector del Centro Nacional de Control de Energía de la CFE, a quien la empresa ABB denunció penalmente, luego de enterarse de los sobornos que hacían sus representantes en Texas y la ciudad de México a servidores públicos de la paraestatal. Sin embargo, Ayub desestimó las acusaciones asegurando que tras una investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se había llegado a la conclusión de que no existían pruebas que corroboraran que Torres estuviera involucrado en actos de corrupción o soborno.
De cualquier modo, hechos posteriores produjeron nuevos cuestionamientos contra Ayub. En septiembre de 2010, la renuncia de Néstor Moreno Díaz, director de operación de CFE, acusado por las autoridades de EU de recibir un automóvil Ferrari, un yate de lujo y fuertes cantidades de dinero como parte de los sobornos que le hizo la filial de la ABB en Texas, generó que el Senado de la República le exigiera a Elías Ayub un informe sobre las supuestos actos de corrupción cometidos por su director de operaciones. El funcionario explicó que la salida de Moreno, a quien la PGR le decomisó el yate y el Ferrari -los del supuesto soborno-, se dio solamente porque éste no aclaró su participación en los actos de corrupción que se le acusaban, pero no porque en realidad estuviera involucrado.
Con estos elementos de prueba, más la revisión que haga a las cuentas públicas de la paraestatal, es como la ASF tendrá que establecer si hubo o no un daño al patrimonio de la nación cuando funcionarios de la CFE entregaron un jugoso contrato a un empresario texano que en EU, ya es investigado penalmente por actos de corrupción y sobornos. Sin duda una papa caliente que pondrá a prueba las limitaciones y alcances del máximo órgano fiscalizador del país, que por cierto lleva un año de atraso en auditorías y será hasta ahora, en febrero de 2011, que va a presentar la ejecutada sobre las operaciones realizadas en el 2009.
La historia del soborno
Cerca de un millón de dólares es lo que autoridades de EU calculan recibieron al menos cuatro funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por otorgar el contrato millonario al empresario texano John Joseph O’Shea representante de la compañía suiza ABB, dedicada a la ingeniería eléctrica en varias partes del mundo.
Gracias a la denuncia inicial de esta misma empresa a la que representaba, O´Shea fue arrestado en EU en noviembre de 2009, junto a su principal socio del lado mexicano Fernando Maya Basurto, por los delitos de corrupción y lavado de dinero. No obstante, en México no se han encontrado indicios de estos hechos. A pesar de que la empresa ABB también denunció que se entregaron sobornos a funcionarios en México, quienes presuntamente adjudicaron millonarios contratos de la CFE, los directivos de la paraestatal informaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que no hay ninguna prueba la supuesta corrupción en la que incurrieron varios de sus funcionarios.
“A la fecha no he recibido notificación de ninguna autoridad competente que informe de la imposición de alguna sanción derivada de los hechos que se investigan”, fue lo que le respondió a través de un oficio el director general de CFE, Alfredo Elías Ayub, al auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, cuando este último le solicitó en diciembre de 2009 un “Informe de Situación Excepcional” sobre el contrato multianual denominado “Evergreen”, que la paraestatal celebró con la compañía suiza ABB a través de sus intermediarios en México y EU.
La respuesta del funcionario generó que la ASF ordenara una investigación en las finanzas de la paraestatal en el 2009 –lapso en el que concluía el contrato con ABB-, revisión que se dará a conocer el miércoles 16 de febrero cuando el titular de este órgano Juan Manuel Portal, informe a la cámara de diputados sobre las auditorias practicadas a las diferentes dependencias federales en ese año.
Millonarias ganancias
En las investigaciones elaboradas por el Departamento de Justicia de EU, se estableció que por el contrató los dueños de ABB obtuvieron ganancias por 37 millones de dólares, para lo cual sus intermediarios entregaron 900 mil dólares en sobornos a funcionarios de la CFE.
En un comunicado de prensa, emitido el 23 de noviembre de 2009, las autoridades estadounidenses revelaron que la acusación formal contra O´Shea señalaba que “mientras se desempeñaba como gerente general de una unidad de negocios en Texas de una subsidiaria estadounidense de una corporación suiza… organizó y autorizó pagos a diversos funcionarios de la CFE a cambio de contratos lucrativos”.
Más: Revelan que la empresa de O’Shea tenía un contrato con una empresa mexicana para ser su representante de ventas en México. La compañía era dirigida por Maya Basurto, quien a su vez “recibía un porcentaje de las ganancias” que arrojaban los contratos que amarraba con dependencias gubernamentales, entre estas la CFE.
La relación de la empresa de O´Shea con la CFE inició en 1997, cuando a través de Basurto le entregaron el contrato SITRACEN, que consistía en realizar importantes mejoras estructurales al sistema de redes eléctricas de la paraestatal en México.
Por ese contrato, el intermediario texano se embolsó más de 44 millones de dólares de ganancia. En octubre de 2003, según el Departamento de Justicia de EU, los representantes de la CFE le volvieron a entregar un contrato por varios años “para tareas de mantenimiento y mejoras respecto del contrato SITRACEN, conocido como el contrato Evergreen”. Por este segundo acuerdo, O´Shea tuvo una bolsa de 37 millones de dólares. En suma, 81 millones de dólares en un lapso de 6 años.
Según lo señalado por los representantes legales de la empresa suiza ABB, quienes detectaron y denunciaron las operaciones de su intermediario en Texas, O’Shea y Maya Basurto acordaron con funcionarios de la paraestatal que de las ganancias obtenidas por avalar los contratos les entregarían el 10 por ciento pero a modo de “soborno”. Los pagos se hicieron a través de las cuentas bancarias de familiares de los supuestos servidores públicos corruptos.
Tras la captura en EU del empresario texano y el ejecutivo mexicano, éste último quien coopera como testigo del Departamento de Justicia, admitieron haber presentado facturas falsas para tratar de tapar sus operaciones, además que admitieron los sobornos que hicieron a funcionarios de la CFE.
Expedientes archivados en PGR y SFP
Tras darse a conocer las investigaciones del Departamento de Justicia de EU, en México el director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, ordenó que se interpusiera una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), para que fuera el Ministerio Público el que iniciara una averiguación por estos hechos, aun cuando desde hace más de 4 años conocía de una denuncia penal interpuesta por estos hechos contra Gustavo Salvador Torres, quien fuera subdirector de centro nacional de control de energía de la CFE y uno de los supuestos involucrados en los sobornos .
Esto lo dio a conocer el Funcionario a la ASF a través de un oficio fechado el 29 de enero de 2010, en el que reconoce que desde el 31 de agosto de 2005 conocía de una denuncia penal interpuesta en la PGR contra el subdirector de la paraestatal. La acusación la hizo el presidente de Power Technologies Division North América de la empresa ABB, Enrique Santacana, quien acusó al Ingeniero Torres de supuestos “actos inapropiados” como servidor público.
Según el director de la CFE, al conocer de la denuncia de Santacana ordenó a su contralor interno que iniciara una investigación administrativa, además de darle parte a la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular en ese tiempo Eduardo Romero Ramos, conoció las acusaciones que se investigaban en la PGR. Cinco meses más tarde, el 30 de enero de 2006 los representantes de la SFP establecieron que no existían elementos “que permitan reprochar administrativamente” al Ingeniero Torres, por lo que el expediente fue archivado.
En el oficio además, Elías Ayub informó que el contrato que se firmó con la ABB en 2003 no tenía vigencia hasta el 2009, sino que este era una extensión del que habían celebrado en 1997, pero nunca informó cuándo finalizaba. También dijo que tras el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de EU en noviembre de 2009, había solicitado que la paraestatal interpusiera una denuncia ante la PGR, dependencia que en más de 5 años no ha ofrecido ningún avance sobre las indagatorias, aun cuando en EU ya se corroboró que hubo funcionarios de la CFE que aceptaron los sobornos y el principal sospechoso ya fue detenido.
Es de esta manera que la ASF se encuentra ante una prueba que este miércoles le hará medir sus alcances y limitaciones como máximo órgano fiscalizador del país, al tratar de destapar la supuesta corrupción en la CFE y que en EE.UU ya fue evidenciada por el Departamento de Justicia, cuyos funcionarios detuvieron a dos involucrados en estos hechos e identificaron a por lo menos dos de los servidores públicos de la paraestatal que participaron en los millonarios sobornos.Fuente: Animal Político
La respuesta de Elías Ayub vino en enero de 2010. El director de la paraestatal desde 1999 reconoció que en agosto de 2005 tuvo conocimiento de que en la PGR existía una denuncia contra Gustavo Salvador Torres, entonces subdirector del Centro Nacional de Control de Energía de la CFE, a quien la empresa ABB denunció penalmente, luego de enterarse de los sobornos que hacían sus representantes en Texas y la ciudad de México a servidores públicos de la paraestatal. Sin embargo, Ayub desestimó las acusaciones asegurando que tras una investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se había llegado a la conclusión de que no existían pruebas que corroboraran que Torres estuviera involucrado en actos de corrupción o soborno.
De cualquier modo, hechos posteriores produjeron nuevos cuestionamientos contra Ayub. En septiembre de 2010, la renuncia de Néstor Moreno Díaz, director de operación de CFE, acusado por las autoridades de EU de recibir un automóvil Ferrari, un yate de lujo y fuertes cantidades de dinero como parte de los sobornos que le hizo la filial de la ABB en Texas, generó que el Senado de la República le exigiera a Elías Ayub un informe sobre las supuestos actos de corrupción cometidos por su director de operaciones. El funcionario explicó que la salida de Moreno, a quien la PGR le decomisó el yate y el Ferrari -los del supuesto soborno-, se dio solamente porque éste no aclaró su participación en los actos de corrupción que se le acusaban, pero no porque en realidad estuviera involucrado.
Con estos elementos de prueba, más la revisión que haga a las cuentas públicas de la paraestatal, es como la ASF tendrá que establecer si hubo o no un daño al patrimonio de la nación cuando funcionarios de la CFE entregaron un jugoso contrato a un empresario texano que en EU, ya es investigado penalmente por actos de corrupción y sobornos. Sin duda una papa caliente que pondrá a prueba las limitaciones y alcances del máximo órgano fiscalizador del país, que por cierto lleva un año de atraso en auditorías y será hasta ahora, en febrero de 2011, que va a presentar la ejecutada sobre las operaciones realizadas en el 2009.
La historia del soborno
Cerca de un millón de dólares es lo que autoridades de EU calculan recibieron al menos cuatro funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por otorgar el contrato millonario al empresario texano John Joseph O’Shea representante de la compañía suiza ABB, dedicada a la ingeniería eléctrica en varias partes del mundo.
Gracias a la denuncia inicial de esta misma empresa a la que representaba, O´Shea fue arrestado en EU en noviembre de 2009, junto a su principal socio del lado mexicano Fernando Maya Basurto, por los delitos de corrupción y lavado de dinero. No obstante, en México no se han encontrado indicios de estos hechos. A pesar de que la empresa ABB también denunció que se entregaron sobornos a funcionarios en México, quienes presuntamente adjudicaron millonarios contratos de la CFE, los directivos de la paraestatal informaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que no hay ninguna prueba la supuesta corrupción en la que incurrieron varios de sus funcionarios.
“A la fecha no he recibido notificación de ninguna autoridad competente que informe de la imposición de alguna sanción derivada de los hechos que se investigan”, fue lo que le respondió a través de un oficio el director general de CFE, Alfredo Elías Ayub, al auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, cuando este último le solicitó en diciembre de 2009 un “Informe de Situación Excepcional” sobre el contrato multianual denominado “Evergreen”, que la paraestatal celebró con la compañía suiza ABB a través de sus intermediarios en México y EU.
La respuesta del funcionario generó que la ASF ordenara una investigación en las finanzas de la paraestatal en el 2009 –lapso en el que concluía el contrato con ABB-, revisión que se dará a conocer el miércoles 16 de febrero cuando el titular de este órgano Juan Manuel Portal, informe a la cámara de diputados sobre las auditorias practicadas a las diferentes dependencias federales en ese año.
Millonarias ganancias
En las investigaciones elaboradas por el Departamento de Justicia de EU, se estableció que por el contrató los dueños de ABB obtuvieron ganancias por 37 millones de dólares, para lo cual sus intermediarios entregaron 900 mil dólares en sobornos a funcionarios de la CFE.
En un comunicado de prensa, emitido el 23 de noviembre de 2009, las autoridades estadounidenses revelaron que la acusación formal contra O´Shea señalaba que “mientras se desempeñaba como gerente general de una unidad de negocios en Texas de una subsidiaria estadounidense de una corporación suiza… organizó y autorizó pagos a diversos funcionarios de la CFE a cambio de contratos lucrativos”.
Más: Revelan que la empresa de O’Shea tenía un contrato con una empresa mexicana para ser su representante de ventas en México. La compañía era dirigida por Maya Basurto, quien a su vez “recibía un porcentaje de las ganancias” que arrojaban los contratos que amarraba con dependencias gubernamentales, entre estas la CFE.
La relación de la empresa de O´Shea con la CFE inició en 1997, cuando a través de Basurto le entregaron el contrato SITRACEN, que consistía en realizar importantes mejoras estructurales al sistema de redes eléctricas de la paraestatal en México.
Por ese contrato, el intermediario texano se embolsó más de 44 millones de dólares de ganancia. En octubre de 2003, según el Departamento de Justicia de EU, los representantes de la CFE le volvieron a entregar un contrato por varios años “para tareas de mantenimiento y mejoras respecto del contrato SITRACEN, conocido como el contrato Evergreen”. Por este segundo acuerdo, O´Shea tuvo una bolsa de 37 millones de dólares. En suma, 81 millones de dólares en un lapso de 6 años.
Según lo señalado por los representantes legales de la empresa suiza ABB, quienes detectaron y denunciaron las operaciones de su intermediario en Texas, O’Shea y Maya Basurto acordaron con funcionarios de la paraestatal que de las ganancias obtenidas por avalar los contratos les entregarían el 10 por ciento pero a modo de “soborno”. Los pagos se hicieron a través de las cuentas bancarias de familiares de los supuestos servidores públicos corruptos.
Tras la captura en EU del empresario texano y el ejecutivo mexicano, éste último quien coopera como testigo del Departamento de Justicia, admitieron haber presentado facturas falsas para tratar de tapar sus operaciones, además que admitieron los sobornos que hicieron a funcionarios de la CFE.
Expedientes archivados en PGR y SFP
Tras darse a conocer las investigaciones del Departamento de Justicia de EU, en México el director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, ordenó que se interpusiera una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), para que fuera el Ministerio Público el que iniciara una averiguación por estos hechos, aun cuando desde hace más de 4 años conocía de una denuncia penal interpuesta por estos hechos contra Gustavo Salvador Torres, quien fuera subdirector de centro nacional de control de energía de la CFE y uno de los supuestos involucrados en los sobornos .
Esto lo dio a conocer el Funcionario a la ASF a través de un oficio fechado el 29 de enero de 2010, en el que reconoce que desde el 31 de agosto de 2005 conocía de una denuncia penal interpuesta en la PGR contra el subdirector de la paraestatal. La acusación la hizo el presidente de Power Technologies Division North América de la empresa ABB, Enrique Santacana, quien acusó al Ingeniero Torres de supuestos “actos inapropiados” como servidor público.
Según el director de la CFE, al conocer de la denuncia de Santacana ordenó a su contralor interno que iniciara una investigación administrativa, además de darle parte a la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular en ese tiempo Eduardo Romero Ramos, conoció las acusaciones que se investigaban en la PGR. Cinco meses más tarde, el 30 de enero de 2006 los representantes de la SFP establecieron que no existían elementos “que permitan reprochar administrativamente” al Ingeniero Torres, por lo que el expediente fue archivado.
En el oficio además, Elías Ayub informó que el contrato que se firmó con la ABB en 2003 no tenía vigencia hasta el 2009, sino que este era una extensión del que habían celebrado en 1997, pero nunca informó cuándo finalizaba. También dijo que tras el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de EU en noviembre de 2009, había solicitado que la paraestatal interpusiera una denuncia ante la PGR, dependencia que en más de 5 años no ha ofrecido ningún avance sobre las indagatorias, aun cuando en EU ya se corroboró que hubo funcionarios de la CFE que aceptaron los sobornos y el principal sospechoso ya fue detenido.
Es de esta manera que la ASF se encuentra ante una prueba que este miércoles le hará medir sus alcances y limitaciones como máximo órgano fiscalizador del país, al tratar de destapar la supuesta corrupción en la CFE y que en EE.UU ya fue evidenciada por el Departamento de Justicia, cuyos funcionarios detuvieron a dos involucrados en estos hechos e identificaron a por lo menos dos de los servidores públicos de la paraestatal que participaron en los millonarios sobornos.Fuente: Animal Político
