MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ RÍOS
Atlixco. El choque público, legal, administrativo y mediático entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el ayuntamiento de Atlixco, ocurrido en octubre del año pasado, por un pago o recibo extra de más de un millón de pesos, despertó una vez más el viejo debate nacional sobre la responsabilidad de la generación de energía eléctrica, tanto para los hogares como para el sector oficial o gubernamental.
La Comuna inició en la segunda semana de ese mes un “juicio contencioso administrativo” en contra de la CFE por la “actitud negativa” mostrada por esa paraestatal al cortar la energía eléctrica del alumbrado público y dejar sin ese servicio a más de 5 mil habitantes del centro de la ciudad y de nueve colonias, anunció entonces el Contralor Alejandro Portillo Fernández. De acuerdo con los datos proporcionados por el funcionario y por la dirección de comunicación social, alrededor de 450 luminarias dejaron de funcionar.
En el seno del Congreso de la Unión, comentó a este diario Sebastián Hernández, integrante de un grupo social de Atlixco encargado de dar seguimiento a esta problemática, existen dos corrientes totalmente opuestas que desenterraron un debate en torno a la generación de energía eléctrica en los municipios y de parte de la iniciativa privada o empresas extranjeras.
Una de éstas expone: “la Comisión de Desarrollo de Microrregiones impulsará modificaciones a las leyes generales de residuos, a la del servicio eléctrico, y al artículo 27 Constitucional para detonar proyectos productivos de generación de energía eléctrica”.
Dice: “hay ciertas lagunas legales que no se han cubierto y que impiden que haya ese tipo de tecnología ya que se requiere dar incentivos fiscales a inversionistas, así como cambiar la legislación que regula este sector y el funcionamiento de la CFE para permitir a la iniciativa privada producir este tipo de energía a través de convenios. En la ley del servicio eléctrico se tiene que ‘checar’ hasta qué punto la CFE puede aceptar que particulares generen ese servicio, tema que en otras naciones incluso ya están trabajando”.
El experto en energía, y quien presentará un proyecto al edil electo Ricardo Camacho para vislumbrar la posibilidad de crear energía a partir de los residuos del relleno sanitario intermunicipal, informó que una tonelada de residuos sólidos orgánicos produce 0.66 megavatios. “Eso indica que entre cinco y siete toneladas al día pueden sostener a una ciudad de cerca de 20 mil habitantes en alumbrado público y casas habitación. No hay un estándar, depende del modelo de máquina que opere en cada localidad o región”. Sostuvo que para un municipio de 300 mil habitantes es recomendable generar de 50 a 80 toneladas diarias de basura para producir la energía eléctrica necesaria.
Para que exista el financiamiento internacional por parte del Banco Mundial, el Banco Central Europeo, de Bonos de Carbono y Bonos Verdes tiene que estar certificado el relleno sanitario de donde se piensa obtener la basura, detalló.
Sin embargo, ahí mismo, en San Lázaro, contó, el Grupo Plural de Trabajo para Investigar las Denuncias sobre Corrupción en CFE buscará evitar que prevalezca el excedente de 44 por ciento de energía eléctrica generada por particulares extranjeros. “El gran tema a analizar es que hay una subrepticia privatización de CFE”.
Una explicación “deriva del mayor número de permisos de generación de electricidad otorgados a privados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE); se trata de contratos por 41 años que se extienden hasta el año 2041 y pueden ser renovados”.
Por los recursos que CFE dejó de percibir, se comenzó a hablar de una “privatización por la puerta trasera”. No olvidemos que tras las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en 1992, se permitió al sector privado invertir en la generación de electricidad mediante las figuras descritas.
