Ejercicio que reconoce a Martín Esparza como secretario general del sindicato
- 2010-11-30•Política
Ayer a las 9 de la mañana inició la votación para elegir a Martín Esparza como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), dentro del proceso de reposición de los comicios que ordenó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), en el cual el sindicalista participa como candidato único.
A lo largo del día, arribaron a la antigua sede del SME, ubicada en la calle de Antonio Caso en la colonia Tabacalera, camiones procedentes de otros estados de la República, los cuales transportaron a agremiados para emitir su voto.
También acudieron a supervisar los comicios, los miembros de la Comisión Civil de Seguimiento a los Acuerdos entre el SME y el gobierno federal, y algunos notarios públicos.
En un comunicado de prensa, los integrantes de dicha comisión informaron que el proceso electoral inició con normalidad y apego a los estatutos del gremio.
“Se trata de un proceso que corrige violaciones anteriores del gobierno a los derechos y autonomía del propio sindicato”, señalaron.
Con la representación de la Comisión Civil, estuvieron la senadora Rosario Ibarra, el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Manuel Fuentes, y el coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Héctor de la Cueva.
Debido a un acuerdo validado por la JFCA, en el proceso electoral sólo pueden participar los trabajadores jubilados y los 16 mil agremiados que no cobraron la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que ofreció el gobierno federal, es decir, aquellos que mantuvieron un movimiento de resistencia contra el Decreto de Extinción de la paraestatal, mientras que a los 28 mil miembros de la organización que restan, no se les permitió emitir su voto.
Al respecto, De la Cueva dijo que los comicios son ejercicio transparente y legal, acorde con la larga tradición democrática del SME; y afirmó que existe una campaña mediática que intenta engañar a la opinión pública presentando el proceso como una negociación turbia o un concesión al SME, “cuando en realidad se trata de un hecho que enmienda las arbitrariedades de las autoridades laborales mexicanas”.
