Editorial-La Jornada
Las detenciones realizadas el pasado primero de diciembre en esta capital y las posteriores consignaciones de 14 de los detenidos heredaron al actual Gobierno del Distrito Federal –que tomó posesión cinco días después– un problema que habría podido ser resuelto en forma legal y rápida mediante el desistimiento de la acción penal por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la cual mantiene contra los detenidos acusaciones por el delito de ataques a la paz pública, establecido en el artículo 362 del Código Penal local.































