MÉXICO, D.F. (apro).- El alto comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se sumó a las voces de
organismos internacionales que observan una grave crisis humanitaria en
México, al tiempo que coincidió con el reporte preliminar de la CIDH,
donde ésta consideró como “generalizados” los abusos en el país.
En rueda de prensa, tras reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto, el máximo representante de la ONU en materia de derechos humanos manifestó su preocupación por las reacciones adversas del gobierno mexicano ante los señalamientos de organismos internacionales, como fue el caso de negación del informe en el caso de la CIDH, la semana pasada, así como la descalificación del relator de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, en marzo anterior.
Del informe de la CIDH y
del papel que ha jugado en la investigación de la desaparición forzada
de 43 normalistas de Ayotzinapa, el representante de la ONU sostuvo que
es urgente que “el gobierno actúe decisivamente sobre las
recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI), incluyendo su insistencia de que las autoridades reviertan su
decisión de no permitir que los expertos se entrevisten con soldados del
27 Batallón, quienes estaban presuntamente en la escena del crimen
cuando algunos de los ataques tuvieron lugar” en Iguala, Guerrero.
Al señalar que México ha sido un país “muy generoso” en sus
invitaciones a mecanismos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein consideró que
“ha sido una sorpresa” la reacción del gobierno ante el informe del
relator especial Juan Méndez, quien “fue sujeto de virulentos ataques
personales por parte de algunos políticos, a pesar de que la prevalencia
de la tortura ha quedado bien establecida”, revelando una “intolerancia
ante la crítica”, también registrada tras la publicación de otros
informes internacionales.
Luego hizo un reconocimiento de las
reformas legislativas a favor de derechos humanos, además de un
extrañamiento por el “doble discurso” del gobierno de Peña Nieto, pues
siendo activo promotor en la materia a escala internacional, padece una
particular “intolerancia ante la crítica”.
“Mi mensaje sobre esta
reciente y preocupante tendencia, que se contrapone al papel
constructivo de México ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra,
es el siguiente: ‘En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el
mensaje’”, sentenció el funcionario de la ONU-DH.
Al tiempo de
refrendar la solidaridad de los organismos internacionales con el país y
su disposición para apoyar en la superación de esa crisis, puntualizó
que “ignorar lo que está sucediendo en este gran país no es una opción”
para esos mecanismos, “y no debe ser una opción para los políticos”
mexicanos.
También resaltó que muchos de los problemas señalados
hace cuatro años por su predecesora, Navy Pillay, “siguen siendo temas
de preocupación”, en tanto que percibió una sociedad “afligida por los
altos niveles de inseguridad, de desapariciones y de asesinatos, el
continuo acoso a personas defensoras de los derechos humanos y
periodistas, la violencia contra las mujeres y los terribles abusos
hacia migrantes y refugiados que transitan por el país en su camino a
Estados Unidos”.
Enseguida ilustró con una cifra lo que la CIDH
consideró como una situación de “crisis de derechos humanos”:
“Estadísticas oficiales muestran que 98% de los crímenes cometidos en
México quedan sin resolver, la mayoría de ellos no son nunca propiamente
investigados”.
Tras insistir en que “hay una fuerte convergencia
de miradas sobre los problemas de los derechos humanos en México”,
Ra’ad Al Hussein consideró “impactantes” las cifras de víctimas “para un
país que no se encuentra en medio de un conflicto”:
Más de 151
mil personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015,
“incluyendo miles de migrantes en tránsito”; al menos 26 mil
desaparecidos desde 2007, “muchos posiblemente como resultado de
desapariciones forzadas”, así como miles de víctimas de feminicidios.
El alto comisionado de la ONU dio cuenta de la “sucesión de incidentes
específicos y recientes” que han llamado “la atención y preocupación
internacionales”, al referirse a la matanza de 22 personas en Tlatlaya,
Estado de México, a manos de elementos del Ejército; la desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, así como las masacres de
Apatzingán y Tanhuato, en Michoacán.
El funcionario de la ONU dio
particular énfasis al caso de Iguala y a la intervención de la CIDH, a
través del GIEI, así como el informe que “descartó la versión original
de las investigaciones oficiales, sobre que los cuerpos de los
estudiantes habían sido incinerados en un basurero municipal”, así como
el que “las fuerzas de seguridad nacional tenían conocimiento de lo que
estaba sucediendo, pero no intervinieron”.
Para el comisionado de
la ONU el caso Iguala representa “un microcosmos de problemas crónicos
que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que
está teniendo lugar a lo largo de México. De manera particular, pone de
relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas
que afectan al país entero”.
Ra’ad Al Hussein retomó el tema de
los desaparecidos al hablar de sus encuentros con organizaciones de
derechos humanos, víctimas y familiares, y consideró que los 26 mil
desaparecidos son el resultado del “fracaso de la policía, del sistema
de justicia para esclarecer el paradero de las víctimas y lo que les
sucedió y, sobre todo, de los sucesivos gobiernos y del sistema político
en su conjunto para detener estos crímenes”, lo cual desde su punto de
vista “no sólo es lamentable, es profundamente trágico”.
Por ello
lanzó cuatro recomendaciones previas a un informe que dará a conocer en
próximos meses: fortalecer “de manera urgente” las procuradurías del
país para atender las violaciones a derechos humanos, así como a las
policías para que lleven a cabo las tareas de seguridad pública, “en
línea con la obligaciones de derechos humanos”.
Urgió a “adoptar
un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones
de seguridad pública”, e implementar las recomendaciones del GIEI, así
como considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos
graves”.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso