Pide reconocer la magnitud de las violaciones a garantías
José Antonio Román / Periódico La Jornada / Jueves 8 de octubre de 2015, p. 4
José Antonio Román / Periódico La Jornada / Jueves 8 de octubre de 2015, p. 4
Amnistía Internacional (AI) exhortó al gobierno
mexicano a reconsiderar su posición en torno al informe preliminar de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e implementar sus
recomendaciones.
En un pronunciamiento, Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI sección México, dijo que el Estado tiene que cambiar la cultura prevaleciente de abusos de derechos humanos e impunidad.
Además, agregó, debe demostrar que está preparado para hacer de ésta una verdadera prioridad política y dar pasos firmes que pasen del discurso al desarrollo de planes integrales y medidas concretas para resolver los problemas estructurales en materia de derechos humanos.
“De igual manera, para que las recomendaciones emitidas por organismos internacionales tengan impacto real en los derechos humanos, es necesario que el gobierno mexicano reconozca la magnitud de las violaciones a los mismos.
No se podrá hacer frente al problema mientras no se admita que existen diferentes patrones de violaciones a derechos humanos profundamente arraigados, y no así un contexto de aislados y extraordinarios casos, señaló el directivo de AI.
Esto porque en respuesta a la CIDH, la Secretaría de
Gobernación señaló que el informe no refleja una situación generalizada
del país, sino una visión muy parcial, con sólo algunos casos
específicos aislados.
En su informe, la CIDH puntualizó la brecha que existe
Además, definió la situación actual como una
Fuente: La Jornada - Opinión
En su informe, la CIDH puntualizó la brecha que existe
entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país.
Además, definió la situación actual como una
crisis de graves violaciones de derechos humanos, caracterizada por niveles críticos de desapariciones forzadas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, tortura, desplazamiento interno forzado y violencia contra personas defensoras y periodistas.
Fuente: La Jornada - Opinión