Mercedes
Jiménez Sotelo, vecina de la colonia Universo de Cuernavaca, fue
acusada de robo de energía eléctrica y está en prisión por no cumplir el
pago total de un convenio firmado con la CFE; es diabética, está
enferma del corazón y no tiene para pagar 24 mil pesos por un adeudo de siete mil pesos y pese a haber pagado dos mil a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue enviada a la cárcel con la
posibilidad de pasar presa tres años de su vida "como una gran
criminal".
Es la historia de Mercedes Jiménez Sotelo, quien es vecina de la colonia
Universo de Cuernavaca, quien fue enviada al penal de Atlacholoaya por
no cumplir el pago total del convenio que signó con la CFE, desde el
jueves pasado. Así lo narró su hija, Joselín Morales Jiménez, quien es una de las integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que marcharon este martes en el zócalo de la ciudad, y protestaron frente a las oficinas de la delegación Morelos de la Procuraduría Federal del Consumidor.
7 agosto 2015 | Tlaulli Preciado | La Unión de Morelos
Joselín explicó -entre llanto y mareos, pues se desmayó cuando participaba en la movilización- que su madre está acusada de robo de energía eléctrica, clasificado como delito federal. Comentó que su madre había firmado el convenio con la CFE para ir pagando poco a poco la deuda que tenía hasta ese momento con la empresa, siete mil pesos, "pero sólo pudo abonar dos mil pesos ya que no tenía más recursos y se enfermó.
En el 2014 inició un juicio en su contra y el jueves pasado fue detenida, y el sábado fue trasladada al Centro de Reinserción Social del Estado.
Luego de referir que el mismo domingo, cinco de sus conocidos, varones, también fueron apresados y llevados al penal varonil de Atlacholoaya por casos similares, Joselín dijo que el juicio de su madre se complicó porque el abogado al que recurrieron, encima las engañó, sólo les cobró dos mil pesos por consulta y no hizo nada en su favor.
En su desesperación -con una cicatriz notoria en el pecho- pidió la intervención de autoridades federales, estatales y ayuda a la ciudadanía, pues exigen que la señora Mercedes pague 40 mil pesos para poder salir en libertad, pero no los tiene, porque ella es madre soltera y está enferma del corazón. "Nomás de la luz piden 24 mil pesos y nosotros no tenemos esa solvencia, vamos al día, yo le suplico a la CFE que le otorgue el perdón a mi mamá y no la sentencien a tres años de cárcel, mi mamá ya tiene 65 años y es diabética y apenas recayó el fin de semana", narró entre lágrimas.
Según la versión de la denunciante, todavía la trabajadora social del penal le hizo firmar un papel en el que se hacía responsable porque su madre ya había llegado al lugar enferma y que si no regresaba antes de las 17 horas a pagar, la hija asumiría las consecuencias, pues tampoco la quisieron llevar al hospital.
Junto con integrantes de la Anuee, denunció que su mamá fue tratada como la más grande criminal, empujada para ser subida a una camioneta oficial para su traslado al penal, aunque está enferma, y dentro del penal, denunció, les han amenazado con que no deben acudir a la Comisión de Derechos Humanos porque les puede ir peor; "nos dijeron que si ven que los acusamos le pueden meter droga y menos sale de la cárcel, y que si siguen pidiendo a otras internas, ya sea comida o algo, se ponen violentas con ella, cuando no es una delincuente".
Los manifestantes reclamaron que había un acuerdo con la delegada de la Profeco en el sentido de que no habría represalias de la CFE ni intervenciones judiciales, hasta no resolver los casos de quejas por cobros elevados y otras irregularidades en la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica.
Joselín explicó -entre llanto y mareos, pues se desmayó cuando participaba en la movilización- que su madre está acusada de robo de energía eléctrica, clasificado como delito federal. Comentó que su madre había firmado el convenio con la CFE para ir pagando poco a poco la deuda que tenía hasta ese momento con la empresa, siete mil pesos, "pero sólo pudo abonar dos mil pesos ya que no tenía más recursos y se enfermó.
En el 2014 inició un juicio en su contra y el jueves pasado fue detenida, y el sábado fue trasladada al Centro de Reinserción Social del Estado.
Luego de referir que el mismo domingo, cinco de sus conocidos, varones, también fueron apresados y llevados al penal varonil de Atlacholoaya por casos similares, Joselín dijo que el juicio de su madre se complicó porque el abogado al que recurrieron, encima las engañó, sólo les cobró dos mil pesos por consulta y no hizo nada en su favor.
En su desesperación -con una cicatriz notoria en el pecho- pidió la intervención de autoridades federales, estatales y ayuda a la ciudadanía, pues exigen que la señora Mercedes pague 40 mil pesos para poder salir en libertad, pero no los tiene, porque ella es madre soltera y está enferma del corazón. "Nomás de la luz piden 24 mil pesos y nosotros no tenemos esa solvencia, vamos al día, yo le suplico a la CFE que le otorgue el perdón a mi mamá y no la sentencien a tres años de cárcel, mi mamá ya tiene 65 años y es diabética y apenas recayó el fin de semana", narró entre lágrimas.
Según la versión de la denunciante, todavía la trabajadora social del penal le hizo firmar un papel en el que se hacía responsable porque su madre ya había llegado al lugar enferma y que si no regresaba antes de las 17 horas a pagar, la hija asumiría las consecuencias, pues tampoco la quisieron llevar al hospital.
Junto con integrantes de la Anuee, denunció que su mamá fue tratada como la más grande criminal, empujada para ser subida a una camioneta oficial para su traslado al penal, aunque está enferma, y dentro del penal, denunció, les han amenazado con que no deben acudir a la Comisión de Derechos Humanos porque les puede ir peor; "nos dijeron que si ven que los acusamos le pueden meter droga y menos sale de la cárcel, y que si siguen pidiendo a otras internas, ya sea comida o algo, se ponen violentas con ella, cuando no es una delincuente".
Los manifestantes reclamaron que había un acuerdo con la delegada de la Profeco en el sentido de que no habría represalias de la CFE ni intervenciones judiciales, hasta no resolver los casos de quejas por cobros elevados y otras irregularidades en la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica.
