La Jornada - El Correo Ilustrado
Aclaración del gobierno de Puebla
En relación con la nota titulada
Puebla tiene la cifra más alta de presos políticos, publicada en la edición impresa de ayer, 10 de agosto, me permito precisar lo siguiente: Negamos categóricamente que en Puebla existan presos políticos como se afirma en la nota, descartando absolutamente que la entidad ocupe el primer lugar nacional en ese aspecto.
Con independencia de las impresiones respecto de los casos que
consideran, pues en ningún apartado se señala quiénes son los 241
presos políticosque con ese carácter estiman, en el estado de Puebla únicamente quienes cometen actos que transgreden la ley, son quienes deben responder por sus conductas.
Sin fundamento alguno se hace referencia a la supuesta existencia de
241 perseguidos y procesados políticos, lo cual carece de sustento
alguno. De los siete nombres que se mencionan, la Procuraduría General
de Justicia de Puebla está en disposición de mostrar los expedientes, ya
que enfrentan procesos penales bajo la intervención del Poder Judicial,
considerando elementos para comprobar la existencia de delitos y la
probable responsabilidad de dichas personas en actos fuera de la ley. En
la mayoría de los casos, el juez penal ha dictado auto de formal
prisión al demostrar la probable responsabilidad de los procesados.
En concreto me refiero a Rubén Sarabia Sanchez alias Simitrio,
Angélica Macutil Cóyotl, Juana Macuitl Cóyotl, Adán Xicale Huitle,
Alejandro Paul Xicale Coyopotl, y los ex presidentes auxiliares de La
Resurrección, Sabino Leonardo Báez Serrano; de San Miguel Canoa, Raúl
Pérez Velázquez; y de San Bernardino Chalchihuapan, Jairo Javier Montes
Bautista.
Todos los expedientes han sido analizados y revisados a través de
medios de impugnación que los detenidos han propuesto, resultando las
resoluciones adversas con lo que se confirma que las personas
mencionadas están vinculadas con hechos fuera de la ley, por lo que se
descarta que se les pueda considerar en calificativos como
presos o perseguidos políticos, se trata de procesados que enfrentan cargos por diversos delitos.
Lamentamos la falta de rigor periodístico en la nota mencionada, pues
la información carece de veracidad, además no cuenta con algún elemento
que pruebe lo que se afirma en la misma. De esta forma, solicito
atentamente que esta aclaración sea publicada en el mismo espacio en el
que la nota en cuestión fue emitida a fin de que sus lectores cuenten
con la información correcta.
Roberto Albiztegui Coello, director general de Medios Nacional del gobierno de Puebla
Respuesta de La Jornada de Oriente
Sobre la carta del representante del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, quien señala que faltó rigor de La Jornada de Oriente al informar sobre el problema de los presos políticos en el estado de Puebla, señalamos lo siguiente:
Ningún gobierno acepta que detiene a sus ciudadanos por causas
políticas o acciones de conciencia. En Puebla muchas personas han sido
detenidas por motivos políticos y, tras ser encarceladas, han podido
salir en libertad por falta de pruebas. Sin embargo, después han seguido
enfrentando procesos penales en juicios plagados de irregularidades,
como fueron sus detenciones.
Presos políticos, sociales o de conciencia también hoy en día están
en cárceles poblanas solamente por haber manifestado posiciones
contrarias a las políticas públicas del Poder Ejecutivo. Los que han
logrado su libertad –en algunos casos pagando fianzas exorbitantes– son
obligados a firmar cada semana en los juzgados y a erogar altas sumas de
dinero para pagar abogados y otros gastos de los juicios.
Otra situación padecen ciudadanos que enfrentan órdenes de arresto
por estas mismas razones y se ven obligados a vivir escondidos o en la
zozobra, pues en cualquier momento pueden ser encarcelados.
Sobre la afirmación de que no existen datos sobre los presos
políticos en el estado es básico citar que el Comité Para la Libertad de
los Presos Políticos y el Cese a la Represión Social en Puebla ha
publicado, de manera actualizada, las listas de las personas que se
encuentran en las situaciones antes descritas, por lo que no se puede
asegurar que no hay un registro del asunto en cuestión.
Si en el gobierno del estado quieren saber más sobre la definición de
presos políticos, les sugerimos recurrir al Manual de Amnistía
Internacional, en el cual se explica con puntualidad las características
de dicha categoría y entonces se podrá analizar que los 241 casos a los
que se hace referencia en la nota informativa en comento sí se ajustan.
Redacción de La Jornada de Oriente
