La Jornada - Editorial
El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, anunció ayer su dimisión al cargo
derivada del desarrollo que han tenido los hechos de los últimos días, en alusión velada al escándalo por el uso indebido de un helicóptero propiedad de esa dependencia. Debe recordarse que el pasado 31 de marzo se difundió una fotografía que exhibía al ex funcionario y a su familia abordando la aeronave para trasladarse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un día después Korenfeld se vio en la necesidad de reconocer el hecho, al que calificó de
error inexcusable, si bien trató de justificar el traslado argumentando una dolencia en la rodilla, gesto que, lejos de apaciguar las críticas contra el funcionario, las multiplicó.
La dimisión del hasta ayer director de la Conagua es una medida de
obvia necesidad y de mínimo decoro institucional, que no exime, sin
embargo, de responsabilidad a las autoridades competentes de realizar
pesquisas exhaustivas e imponer, en su caso, las sanciones
correspondientes, toda vez que hay evidencia de que Korenfeld violentó
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, cuyo artículo 8 establece como obligación de todo funcionario
utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos.
Por otra parte, aunque el caso Korenfeld haya acaparado la atención
de la opinión pública en días recientes, no debe pasarse por alto que el
caso es sólo un botón de muestra del consabido manejo patrimonialista y
abusivo de los recursos públicos. Esa conducta no es exclusiva de la
administración actual, sino que constituye un vicio característico del
régimen y está difundido en buena parte de la clase política:
funcionarios, representantes populares, jueces y magistrados, gobiernos
estatales y municipales, y organismos autónomos.
En esa lógica resulta inquietante que la renuncia del referido
funcionario no haya sido consecuencia de un compromiso gubernamental
con la transparencia y la rendición de cuentas de sus servidores
públicos, sino resultado de diversos factores contingentes: la difusión
de una fotografía tomada por un ciudadano y el carácter impopular que
pesaba sobre el propio Korenfeld por su papel de autor y promotor del
impugnad proyecto de ley general de aguas, que pretende limitar y
privatizar el consumo del líquido, iniciativa que, en ausencia de su
principal gestor, debe ahora revisarse a fondo.
Lo anterior obliga a preguntarse cuántos casos de uso indebido de los
recursos públicos, tanto o más graves que el comentado, suceden día a
día sin ser expuestos a la luz pública y permanecen, por tanto, impunes.
En suma, el episodio protagonizado por el ex titular de la Conagua
muestra lo necesaria y urgente que resulta una cruzada para la
moralización general de las oficinas públicas. Si esa medida habría sido
necesaria y pertinente en cualquier otro momento, lo es especialmente
en el actual, cuando prevalece un clima de crisis económica que se
traduce en recortes presupuestales. En caso de que el gobierno no actúe
en esa dirección, la opinión pública no tendrá razones para ver en la
dimisión anunciada ayer más que una medida de control de daños por parte
del grupo en el poder, y se alimentará el descontento social que ya
campea por el país.
