MÉXICO, D.F. (Proceso).- La noticia de que el secretario de Hacienda,
Luis Videgaray, también es beneficiario de los favores financieros e
inmobiliarios del dueño de Grupo Higa ha profundizado la indignación de
los mexicanos ante la evidencia de estar gobernados por un pequeño grupo
que utiliza los cargos públicos para satisfacer su pasión por el lujo.Que México sea una cleptocracia no es novedad; lo inédito es que esa vergonzosa realidad se ha convertido en un escándalo nacional e internacional y que la sociedad mexicana ya no está dispuesta a tolerarla. Además, las informaciones conocidas y por conocer acerca de casos concretos de corrupción en la cima del poder ya no pueden ser censuradas como en el pasado. Por el contrario, el periodismo crítico e independiente –del cual Proceso es precursor y paradigma– se ha extendido a otros medios electrónicos e impresos, y desde luego a las redes sociales, para denunciar la podredumbre que corroe al sistema mexicano.
Todos los interesados en la verdadera transformación de México
debemos exigir una investigación independiente respecto de las turbias
hipotecas de las casas de la esposa del presidente Peña Nieto y del
secretario Videgaray con las empresas del señor Juan Armando Hinojosa
Cantú, así como un análisis pormenorizado de todos los contratos que han
sido otorgados a Grupo Higa durante la gestión de Enrique Peña Nieto
como gobernador del Estado de México y como presidente de la República.
La mirada crítica de la opinión pública nacional e internacional está
atenta al resultado de la averiguación que se realiza en el Congreso
sobre la licitación del tren México-Querétaro y de su repentina
cancelación, para evitar que el PRI y sus aliados la manipulen. Esto
ocurrirá igualmente con el resto de las impostergables pesquisas. El
Poder Legislativo tiene que cumplir con su deber de ser contrapeso, no
comparsa, del Ejecutivo.
La intención gubernamental de condenar dichos escándalos a la
opacidad y el olvido es hoy claramente inviable. No hay puente
Guadalupe-Reyes que valga. La sociedad mexicana demanda una
investigación rigurosa, transparente e independiente sobre el conflicto
de interés en que han incurrido el presidente (a través de su esposa,
por lo que hasta ahora se sabe) y el encargado de las finanzas públicas
del país. ¿Existen las instituciones con la independencia y voluntad
necesarias para realizarla?
Todo indica que las revelaciones en torno a las corruptelas que antes
permanecían en secreto seguirán brotando como flores en primavera. Lo
que hemos visto hasta ahora es apenas la punta del iceberg, pero
representa una oportunidad histórica para empezar a enfrentar con
seriedad el problema de la corrupción impune que asfixia al país. Así lo
ha reconocido el propio secretario Videgaray: “Entiendo plenamente que
la información dada a conocer hoy por el Wall Street Journal es y será
materia de interés en la opinión pública. Así debe ser: En una sociedad
abierta y democrática, los servidores públicos debemos estar sometidos
al permanente escrutinio de la sociedad”.
El reclamo social es claro: La reticencia presidencial a que sus
acciones sean investigadas debe dar paso a la ineludible transparencia y
rendición de cuentas. El jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio
Nuño, tendrá que rectificar su actitud, reflejada en la obtusa
declaración que hizo al diario El País: “No vamos a ceder aunque la
plaza pública pida sangre y espectáculo, ni a saciar el gusto de los
articulistas”. No es cuestión de “bravuconadas”, señor Nuño, sino de
resolver una crisis de legitimidad que está a punto de derivar en
ingobernabilidad.
El presidente y sus asesores parecen no haberse percatado de que la
pérdida de legitimidad se traduce en la falta del consenso social
necesario para asegurar el respeto y la obediencia de la población sin
necesidad de usar la fuerza. Para recuperar su credibilidad y autoridad,
es necesario que Peña Nieto supere esa combinación de soberbia y temor
que hasta ahora le ha impedido hacer un diagnóstico certero de la
coyuntura nacional. Su mermada autoridad moral está debilitando su poder
de gobernar con apego a la ley y a la prudencia política, lo cual pone
en riesgo la estabilidad de la nación.
La inconformidad ante la confusión del Ejecutivo no es sólo un clamor
popular, sino también un reclamo dentro del propio Estado, que se ha
manifestado con lucidez y energía en los discursos de los titulares de
la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH). Ambos textos pueden ser interpretados como un
llamado al presidente Peña Nieto a salir del letargo autoritario que
produce una ceguera irresponsable.
Resumo algunas ideas expresadas por el presidente saliente de la
SCJN, Juan Silva Meza: “Todos los servidores públicos debemos rendir
cuentas de nuestros actos (…) No será el transcurso del tiempo, ni el
silencio de las instituciones, lo que permitirá superar la adversidad
(…) Se debe escuchar el reclamo de hartazgo con una actitud renovada”.
(Deseamos) “un país donde no se promueva la corrupción y el abuso de
poder, generando impunidad”.
Sintetizo ahora los conceptos manifestados por el presidente entrante
de la CNDH, Luis Raúl González: “Los oprobiosos hechos de Iguala y
Tlatlaya no son producto de una generación espontánea. ¿Dónde estaban
las instituciones de seguridad del Estado? (…) Imposible volver a la
‘normalidad’ anterior, puesto que estaba asentada en la simulación”. El
ómbudsman enfatizó que la erosión de la legitimidad del gobierno obliga a
las autoridades a ejercer la autocrítica para cambiar de actitud,
estrategia y discurso.
No merecemos un gobierno de impostores. Es preciso impedir que el PRI
imponga un Sistema Nacional Anticorrupción que asegure la impunidad
selectiva de los corruptos mediante un “Consejo Nacional para la Ética
Pública” presidido por el Ejecutivo federal. La independencia es un
requisito indispensable de la institución encargada de combatir la
corrupción. Ha llegado el momento de poner fin a la cleptocracia.
