El Gobierno del Distrito Federal entregó
más de 19 hectáreas de espacio público a la iniciativa privada por al
menos 1 década, a través del Programa de Recuperación de Bajo Puentes. A
cambio, recibirá una contraprestación mensual de apenas 1 millón 492
mil 854 pesos. Operadora de Integración Urbana, Alianza de Proyectos
Estratégicos Bicentenario y Consorcio JIT son las empresas
beneficiarias. A la fecha, la Oficialía Mayor ha otorgado 34 permisos
administrativos temporales revocables para usar y aprovechar los bajo
puentes; no obstante, 10 se encuentran en proceso de revocación; de los
24 vigentes apenas operan siete, mismos que están a cargo de Operadora
de Integración Urbana, empresa que posee el 90 por ciento de los
permisos
Elva Mendoza, @elva_contra - Contralinea
Así, por un plazo de 10 años, Operadora
de Integración Urbana, SA de CV; Alianza de Proyectos Estratégicos
Bicentenario, SA de CV; y Consorcio JIT, SA de CV, administran, usan y
aprovechan los bajo puentes capitalinos a cambio de una
contraprestación.
Por los 197 mil 629 metros cuadrados
comprometidos, la administración local recibe 1 millón 492 mil 854 pesos
mensuales de privados, revelan documentos de la Oficialía Mayor
entregados a a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
El monto se deriva de 24 permisos
administrativos temporales revocables otorgados por la Oficialía Mayor,
en 2010 y 2011, a los particulares en el marco del Programa de
Recuperación de Bajo Puentes de la Ciudad de México.
Instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a
través de la Autoridad del Espacio Público, el Programa fue diseñado
para “convertir los bajo puentes, que tradicionalmente se caracterizaban
por ser lugares inseguros, bodegas, focos de contaminación, basureros,
centros de comercio informal, en espacios públicos de convivencia social
y familiar en un esquema de 50 por ciento espacios de convivencia
social, 30 por ciento áreas comerciales y 20 por ciento estacionamientos
controlados” –tal como lo señala el boletín de prensa SIID-046-2013,
fechado el 8 de mayo de 2013, emitido por la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda.
Las rentas por cada uno de los 24 permisos, que corresponden a igual
número de bajo puentes, oscilan entre los 3 mil y los 186 mil pesos
mensuales, siendo el más caro el ubicado en el cruce de Circuito
Interior, tramo Avenida Río Churubusco, con Avenida Apatlaco y Eje 5 Sur
(Purísima).
Distribuidos en nueve delegaciones, los bajo puentes concesionados
son administrados en su mayoría por Operadora de Integración Urbana, SA
de CV, quien con la posesión de 19 permisos controla el 79 por ciento de
las áreas. Entre ellas, los únicos siete bajo puentes que se encuentran
en operación.
Se trata del bajo puente ubicado en Circuito Interior Bicentenario,
cruce con Molinos y Eje 7 Sur-Extremadura (afuera de la estación Mixcoac
del Sistema de Transporte Colectivo Metro), donde se encuentran dos
tiendas de conveniencia Go Mart, el Verificentro BJ9025, una panadería
Panmex, un establecimiento Subway, una sucursal de Supertacos
Chupacabras, unos baños públicos, un gimnasio al aire libre y cuatro
locales desocupados.
En el bajo puente del cruce de Circuito Interior con Avenida División
de Norte se ubican los restaurantes El Camarón Panzón, La Marisquiza de
Tepic, Los Generalitos y Subway, una tienda Oxxo, la empresa de envíos
UPS Express y un local que comercializa azulejos, además de juegos
infantiles, un gimnasio al aire libre y estacionamiento.
Se cuenta también el bajo puente ubicado en el cruce de Circuito
Interior y Eje 3 Poniente-Avenida Coyoacán y Avenida Universidad, por el
que Operadora de Integración paga una contraprestación al Gobierno del
Distrito Federal de 107 mil 382 pesos mensuales.
En los más de 12 mil metros cuadrados, la empresa subarrenda 23
locales comerciales a Tostadas y Tacos Chupacabras; Calumma: Ensaladas y
Dulces; Horny Dogs; Tepoznieves; Mapa (Bar); 107 (Bar); Restaurante
Asadaero; Panaderías y Pastelerías Esperanza; Rosticerías Santo Gallo;
Axxa Seguros; Multifarmacias Genéricos; Don Ceviche; UPS Express; Oxxo;
Tortas Locas Hipocampo; Pizzas Plaza; Finca Santa Veracruz; McDonald’s;
Punto Ferta; Los Tres Cochinitos (restaurante); Giant (bicicletas);
Seminuevos Chevrolet; y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En el
lugar también hay estacionamientos y juegos infantiles.
En el cruce de Circuito Interior y Calzada México Tacuba, Operadora
de Integración Urbana subarrenda locales a Panaderías y Pastelerías
Esperanza, Rosticerías Santo Gallo y Alianza Express. También operan en
el sitio un estacionamiento, una escuela de judo de la delegación Miguel
Hidalgo, una pista para practicar skateboard y las Oficinas de la Ruta
28.
El bajo puente del cruce Circuito Interior y el Eje 2 Sur-Juan
Escutia ocupan locales Oxxo, UPS Express, +Kota, El Huequito: Tacos al
Pastor y E Bus (en remodelación), donde además cuentan con locales
disponibles. En el lugar también hay juegos infantiles, estacionamiento,
bancas y una estación de Ecobici.
En el cruce de Circuito Interior y Eje Central Lázaro Cárdenas, el
bajo puente cuenta con un gimnasio al aire libre; una tienda Oxxo; un
estacionamiento 24 horas; una sucursal de Super Tacos Chupacabras; Café:
Muebles y Sillas, local que vende inmobiliario para cafeterías, y cinco
locales desocupados.
Y por último, el bajo puente de Circuito Interior y Eje 1
Poniente-Avenida México Coyoacán y Avenida Centenario en el que se
encuentra La Europea; Das Welt Auto: Autos Usados Garantizados; Terapia
Física y Rehabilitación del Sur, SC; City Runner; estacionamiento;
juegos infantiles; bancas y mesas, además de que se construyen más
locales.
Alianza de Proyectos Estratégicos Bicentenario, SA de CV, cuenta con
cuatro permisos administrativos. La cifra equivale al 16 por ciento de
los bajo puentes concesionados. En una visita hecha por este semanario
se pudo constatar que los espacios están ocupados con vallas
publicitarias.
Alianza de Proyectos paga al gobierno del Distrito Federal una
contraprestación mensual de 186 mil 244 pesos por 25 mil 233 metros
cuadrados de bajo puentes en: Avenida Prolongación Gómez Farías,
delegación Álvaro Obregón; Aquiles Serdán cruce con calle Invierno, en
Azcapotzalco; Avenida Río San Joaquín cruce con Calzada Legaria,
delegación Miguel Hidalgo; y Avenida Río San Joaquín cruce con Lago
Alberto, Lago Hielmar, Cervantes Saavedra y Ferrocarril de Cuernavaca,
también en la delegación Miguel Hidalgo.
Con tan sólo uno de los permisos, Consorcio JIT, SA de CV, administra
el 4 por ciento de los espacios concesionados. El área, por la que la
empresa paga 20 mil 906 pesos mensuales, se ubica en Avenida Río San
Joaquín cruce con prolongación Moliere, delegación Miguel Hidalgo, mide 3
mil 450 metros cuadrados y está ocupada por vallas publicitarias; el
Parque de Educación Vial Consorcio JIT, SA de CV, y un estacionamiento
abierto las 24 horas.
Revocaciones: información reservada
De la información entregada a solicitud de Contralínea se
desprende que la Oficialía Mayor habría entregado 34 permisos
administrativos temporales revocables relacionados con el Programa de
Recuperación de Bajo Puentes. No obstante, 10 de ellos se encuentran
sujetos a procedimientos administrativos de revocación.
Pese a que se trata del espacio público, en su Décima Segunda Sesión
Extraordinaria, de fecha 29 de agosto de 2014, el Comité de
Transparencia de la Oficialía Mayor declaró a la información de los 10
permisos como “de acceso restringido en su modalidad de reservada”.
Al respecto emitió: “No es posible poner a disposición dicha
información ya que podría influir en las actividades de verificación
sobre el cumplimiento de las leyes, así como impedir la prevención o
persecución de los delitos; que tiene como fin determinar el
incumplimiento de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público
en atención a las causales de revocación, dentro de las cuales se prevé
la comisión de delitos, situaciones consideradas como susceptibles de
reserva”.
Uno de ellos es el bajo puente de Taxqueña y Calzada de Tlalpan,
donde habitaba un grupo de alrededor de 30 personas (15 menores de edad)
en situación de calle, que fueron retirados violentamente por alrededor
de 150 granaderos en marzo de 2012.
Apoyado por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, el legislador
perredista Diego Raúl Martínez presentó ante el pleno de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal un exhorto para que la Autoridad del
Espacio Público y la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del
Distrito Federal revisara, revocara (de considerarlo) y reactivara el
proyecto, toda vez que a decir de ellos el sitio permanecía abandonado,
con deterioro y lugar de indigencia, así como de comercio informal y
acumulación de basura.
El documento, del que Contralínea posee copia, está fechado el
2 de abril de 2013, y aunque en entrevista vía telefónica el
asambleísta Manuel Alejandro Robles asegura que no han dado seguimiento a
su petición, dicho bajo puente no figura entre los 24 que participan
del programa y que cuentan con permiso administrativo, por lo que se
deduce, se encuentra en proceso de revocación.
A decir de Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, AC,
organización que trabaja desde hace 18 años con población callejera, los
bajo puentes han sido históricamente refugio de niños, niñas, jóvenes y
adultos mayores en situación de calle.
Señala que bajo el modelo de recuperación de espacios públicos del
Distrito Federal, los primeros que quedan fuera son las poblaciones
pobres y las poblaciones callejeras –que incluso están por debajo de los
indicadores de pobreza extrema–: “Se retira a la gente que trabaja o
vive en ellos”. Política que dice, son actos de limpieza social.
Pese a que los asambleístas Manuel Alejandro Robles, de la bancada
del Partido de la Revolución Democrática, Orlando Anaya, del Partido
Acción Nacional y María de los Ángeles Moreno, del Partido
Revolucionario Institucional, coinciden en que la rehabilitación y
recuperación de los bajo puentes es necesaria y urgente, se pronuncian
en contra de la opacidad que rodea el proceso de asignación de los
permisos administrativos, así como el monopolio ejercido por Operadora
de Integración Urbana, SA de CV, el subarrendamiento, el manejo de los
recursos, así como el uso meramente comercial de las áreas.
“Un caso emblemático son los tacos Chupacabras, negocio que antes
estaba sobre la banqueta y que se logró llevar a la formalidad con
éxito. Ahora abonan a la imagen urbana”, señala Manuel Alejandro Robles.
El diputado invita a las autoridades a replicar el modelo para así dar
soluciones viables al ambulantaje, pues de continuar dando sólo
oportunidades a cadenas comerciales “no se está resolviendo lo que
ocurre en las calles, donde –dice– ya hay suficientes Oxxos”.
Orlando Anaya, asambleísta, afirma que el modelo representa la
privatización del espacio público y cuestiona que no se den procesos de
consulta pública donde la comunidad se involucre y decida sobre el
espacio público. “Lo que se necesita son centros culturales,
deportivos…”
Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Autoridad del Espacio
Público y la Oficialía Mayor. Al cierre de edición, ninguna de las
dependencias del Gobierno del Distrito Federal aceptó hablar sobre el
tema.
Fuente. Contralinea
Fuente. Contralinea
