Justo cuando en México se aprobó una ley secundaria en materia energética que no sólo estimula a los inversores extranjeros sino que les ofrece garantías inusitadas, en Estados Unidos están en marcha varios juicios de particulares contra las compañías petroleras que aplican el método del fracking o fractura hidráulica, por sus agresiones al entorno natural y los riesgos para la población. Aunque el impacto de estas querellas podrá evaluarse en unos años, cuando se den los veredictos, algunos condados y estados ya están restringiendo esas actividades.17 agosto 2014 | Emilio Godoy | Proceso
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A un grupo de habitantes de los condados de Lander, Nye y Esmeralda, en el estado de Nevada, no les quedó otro camino que la ruta legal para impedir que el gobierno estadunidense vendiera tierras federales para desarrollar proyectos de exploración y explotación de gas shale o de lutitas.
“Necesitamos hacerlo para atraer la atención de la agencia gubernamental. Con el plan de gas shale existe la posibilidad de cambiar todo lo que existe y que ya no podamos ser productores agrícolas”, explica a Proceso Debra Amens, abogada de la sociedad de responsabilidad limitada Reese River Basin Citizens Against Fracking.
Esa agrupación presentó el 29 de junio último una demanda ante la Corte del Distrito Norte de Nevada contra Ken Salazar, secretario de Interior, y la Oficina de Administración de la Tierra (BLM, por sus siglas en inglés) para frenar el plan gubernamental de vender lotes para la búsqueda y aprovechamiento de gas shale, esquisto o lutitas.
La acción judicial, de 25 páginas y con la clave 3:14-cv-00338, busca detener el avance de la venta de 102 parcelas por un total de 58 mil 356 hectáreas, de las cuales 29 se han transferido a cuatro compañías por 150 mil dólares.
En su alegato, los 150 integrantes de Reese River denuncian daño irreparable al ambiente, a tesoros culturales, a intereses económicos y al paisaje, además de argüir quebrantos a la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA): “A consecuencia de la falla de BLM para seguir procedimientos legales y su falta de debido proceso en relación con la protección ambiental, resultará un daño irreparable si se permite que avance la venta de los lotes”.
En Nevada prácticamente no hay operaciones de gas shale, por lo cual el desarrollo planeado sería el punto de partida para esa explotación de hidrocarburos.
La fractura hidráulica o fracking es la tecnología utilizada para extraer hidrocarburos no convencionales atrapados en rocas, como el gas de esquisto, para así liberarlos a gran escala.
La generación de ese recurso requiere grandes volúmenes de agua y la excavación y fractura generan enormes cantidades de residuos líquidos, que pueden contener químicos y otros contaminantes que requieren tratamiento antes de su desecho. Además, la obtención del gas de esquisto libera metano, un gas mucho más contaminante que el dióxido de carbono y que puede filtrarse a los mantos freáticos.
La querella de Reese River es parte de las medidas legales que enfrentan a tenedores de tierras, compañías, reguladores gubernamentales y organizaciones ambientalistas, en una serie de conflictos que han cobrado fuerza desde 2009.
En su Análisis de litigios en torno al shale y la fractura hidráulica, de julio pasado, Barclay R. Nicholson, socio del despacho de abogados Fulbright and Jaworski LLP, identifica al menos 155 demandas presentadas en los últimos años.
“Desde 2009, las disputas legales por fractura hidráulica y perforación han aumentado rápidamente. Ese incremento podría atribuirse, al menos en parte, a la perforación creciente en la cercanía de áreas pobladas y al mayor escrutinio mediático del proceso”, señala Nicholson.
Muchas de estas demandas –algunas colectivas– han sido entabladas por propietarios de tierras en Arkansas, Colorado, Louisiana, Ohio, Nueva York, Pennsylvania, Texas y West Virginia que cedieron los derechos de petróleo y gas a las corporaciones o residen en la proximidad de donde se han realizado las operaciones de fracking. Ellos argumentan que las empresas operadoras y perforadoras contaminan los mantos acuíferos u otras fuentes de agua potable.
Otras querellas se refieren a sismos, temas ambientales, aplicación de la regulación, prohibiciones municipales, normas gubernamentales y pleitos por la cesión de derechos.
Sobre el contexto legal de la explotación de gas de esquisto, la consultora estadunidense HBW Resources destaca que California, Colorado, Maryland, Nueva York y Pennsylvania están considerando limitar o ya aplican restricciones o prohibiciones a las obras locales, que se tradujeron en limitaciones estatales o pueden hacerlo.
“Otros 19 estados están presentando oposición local, que se extiende a otros municipios y condados, y han influido en el debate sobre regulaciones estatales y locales para el fracking”, dice el reporte de la firma especializada.
Algunos de estos estados incluyen áreas donde ya se ha producido ese tipo de energéticos sin oposición significativa. En la primera mitad de este año, Louisiana, Texas y Nuevo México, que poseen importantes desarrollos de petróleo y gas natural, han registrado un súbito incremento de la oposición local al método de fractura hidráulica.
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| Protestas contra el fracking en Nevada. Foto: Tomada de Facebook. |
Impacto ambiental y legal
La sentencia a favor de la familia Parr, de North Texas, puede establecer un precedente para la batalla legal sobre el fracking.
En marzo de 2011, Robert Parr, su esposa Lisa y la representación de su hija Emma interpusieron un juicio ante un tribunal en Dallas contra la corporación Aruba Petroleum Inc., por perjuicios padecidos a causa de sus operaciones de gas de esquisto en el yacimiento de Barnett.
Aruba Petroleum tenía 22 pozos en la proximidad de la casa de esa familia y tres de ellos muy cerca. El más contiguo, que ya está clausurado, distaba unos 260 metros.
El pasado 22 de abril, un jurado condenó a la empresa petrolera a pagar a los Parr 2 millones 900 mil dólares porque con sus actividades incurrió en “molestia privada”.
La compañía pidió el 5 de agosto a un tribunal de Texas que invalide la sentencia porque, según ella, el veredicto fue excesivo y se contaminó por una mala conducta del jurado. Además, la petrolera expone que el fallo podría desatar una ola de juicios multimillonarios nunca antes vista.
“Se ha visto el éxito, por eso hay más demandas”, comenta la abogada de Reese River, Debra Amens.
En Nevada, la Oficina Distrital de Battle Mountain de BLM anunció el 14 de abril su intención de vender lotes de tierras federales para exploración de petróleo y gas.
Para ello, esa agencia del Departamento de Interior se basó en una evaluación ambiental que –según la querella en su contra– falló al evaluar los efectos sobre la calidad del aire, recursos históricos y culturales, sitios sagrados indígenas, especies amenazadas y desechos líquidos.
La parte acusadora recalca que sus integrantes dependen de la buena calidad del aire y el agua, del hábitat natural y la flora y fauna de la zona para sus actividades agrícolas y de pastoreo.
BLM es la dependencia responsable de administrar los territorios federales, así como los depósitos minerales subterráneos tanto en zonas federales como en estatales y privadas. En diciembre de 2014, sus oficinas enviaron cartas de consulta a los pueblos indígenas de la zona y en febrero se topó con el rechazo de los nativos Yomba Shoshone.
La agencia gubernamental estableció un plazo de 30 días de consulta que concluyó el 13 de marzo. Muchos propietarios de tierras directamente perjudicados no se enteraron de la venta propuesta sino después de que finalizó ese lapso.
“Su proceso de comentarios públicos fue muy corto y mal definido, entonces nuestros miembros no tuvieron una oportunidad real de oponerse. Las ramificaciones potenciales del fracking son graves, no lo queremos aquí”, sostiene Amens.
La evaluación de impacto ambiental reconoce riesgos por la generación de desechos líquidos y emisiones contaminantes, así como la posibilidad de derrames, liberación de fluidos industriales y materiales peligrosos. Asimismo, admite que el área parcelada es susceptible a los efectos de los sismos, ya que presenta fallas geológicas activas.
La abogada de Reese River no está segura de ganar el litigio. No obstante, dice, “me sentiría mejor si la investigación se hace bien y hay más evidencia del daño al ambiente. Es muy riesgoso ir por gas y petróleo de esa manera. Estamos en mucho mayor peligro que en otros lugares”.
Una audiencia del caso se programó para el 4 de septiembre, a fin de escuchar a las dos partes. BLM debe decidir 10 días después si continúa con la venta de tierras, independientemente del resultado de la audiencia.
Como la mayoría de los litigios están todavía en etapas iniciales, Nicholson prevé que tomará años resolverlos, pero “será interesante ver si los tribunales abordan finalmente el tema de la supuesta contaminación del agua”.
Hasta ahora, el historial de ese tipo de demandas no muestra ningún veredicto contra el operador de un pozo, una perforadora o una empresa de servicios por la contaminación del agua subterránea ocasionada por la fractura hidráulica.
Además, el socio de Fulbright and Jaworski advierte que algunos operadores de campos de gas shale y otras empresas que cotizan en bolsas de valores, involucradas en la producción del carburante, enfrentan el potencial riesgo de litigios de accionistas privados por temas relacionados con el reporte de reservas, proyecciones financieras y asuntos ambientales.
Al respecto, la abogada Amens recomienda que los interesados e involucrados en el asunto ya asuman su postura: “Tiene que haber más investigación sobre el agua y los sismos, hacerlo un proceso abierto y que las personas sepan que tienen voz. Tienen que organizarse pronto y, si van a proceder con la acción legal, que sepan que será costosa y tendrán que estar preparados para hacerlo durante un largo tiempo”.
Contaminación por metano
Otro caso que se desahoga en los tribunales de Estados Unidos es el de Nolen Scott Ely contra Cabot Oil and Gas Corporation y otros (clave 3:09-CV-2284).
En marzo pasado, el magistrado Martin C. Carlson, de la Corte del Distrito Medio de Pennsylvania, hizo la recomendación de que la parte acusadora podía proseguir con su reclamo de molestia privada contra las compañías Cabot Oil and Gas Corporation y GasSearch Drilling Services Corporation.
Carlson consideró que el expediente contiene evidencia suficiente para que la familia Hubert reclame “molestia privada” por el impacto de las operaciones en el abasto de agua potable. Pero también concluyó que muchos de sus reclamos carecen de respaldo legal o de evidencia, por lo cual planteó que la petición de rechazo sea concedida a los acusados.
“Los Hubert han aportado evidencia indicando que las actividades de perforación realizadas negligemente por Cabot pueden haber impactado negativamente el abasto de agua de los Hubert y pueden haber ocasionado que ellos recurrieran a obtener agua de vendedores externos”, dice la resolución, de 49 páginas.
La demanda fue interpuesta el 19 de noviembre de 2009 por 44 personas para reclamar compensación por lesiones y perjuicios a la propiedad presuntamente ocasionados por las operaciones de perforación de Cabot y otros en Dimock, condado de Susquehanna, Pennsylvania.
Posteriormente algunos querellantes llegaron a un acuerdo con los acusados, por lo cual sólo quedaron 10 demandantes, quienes señalaban a las empresas mencionadas por los probables delitos de incumplimiento de contrato, inducción fraudulenta, molestia privada, negligencia y violaciones a las leyes ambientales del estado.
Ray Hubert y su esposa Victoria poseen un terreno de poco más de una hectárea en Dimock y viven en una propiedad adyacente. Rentan el primer predio a Cabot desde el 8 de junio de 2007 con fines de exploración, perforación y operación para producir petróleo y gas.
El matrimonio alega que el pozo de agua de la propiedad donde viven se contaminó de metano, y así lo confirma un reporte del hidrólogo Paul Rubin que entregaron a la Corte.
Fuente: Proceso
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