La Jornada - Editorial
En las comisiones de
Derechos Humanos y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados,
legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario
Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron ayer,
sin debate y con artimañas impresentables, un dictamen de Ley de
Manifestaciones Públicas del Distrito Federal que vulnera gravemente las
libertades y derechos ciudadanos establecidos en la Constitución,
particularmente los de reunión, expresión y libre tránsito, y se
contrapone con ordenamientos legales ya vigentes en la capital de la
República.
Semejante despropósito jurídico ha sido promovido, con intenciones
claramente electoreras de su autor panista, en aprovechamiento de la
anomalía jurídica que impone al Distrito Federal una tutela anacrónica e
injustificable por parte del Ejecutivo y el Legislativo federales, y
deja al descubierto dos asuntos centrales.
El primero es la mentalidad autoritaria y represiva que impregna a
los representantes de los tres partidos mencionados y que en tiempos
recientes ha tenido un preocupante avance en la esfera institucional del
país.
Da la impresión de que, a medida que el grupo gobernante avanza en la
siembra de factores de inconformidad social –las reformas laboral,
educativa, fiscal y energética, la paralización deliberada de la
economía, el empecinamiento en restaurar una presidencia omnímoda y
despótica–, busca cerrar las válvulas de escape pacíficas de la
inconformidad popular. En esa medida, el intento por mutilar las
libertades ciudadanas en la ciudad capital constituye una provocación
innecesaria y peligrosa que debe ser revertida en el pleno de San
Lázaro.
Por otra parte, este hecho evidencia la necesidad imperiosa y
urgente de avanzar en una reforma política para el Distrito Federal que
consagre la plena igualdad de éste respecto del resto de las entidades
federativas. De otro modo, las fuerzas de la derecha autoritaria
seguirán aprovechando la supeditación capitalina a los poderes federales
para intervenir en la vida política de la capital de la República.
Ha de considerarse que los partidos que aprobaron el dictamen de
marras –PAN, PRI y PVEM–, incluso si suman sus respectivas votaciones,
son minoritarios en el Distrito Federal y no tienen, en consecuencia,
legitimidad ni representatividad alguna para determinar las normas
legales que han de regir los asuntos de la ciudad. El hecho de que, a
pesar de todo, pretendan imponer en ella ordenamientos legales
autoritarios y represivos es expresión de una actitud antidemocrática y
de una lamentable carencia de espíritu republicano.
En lo inmediato, pues, es deseable que la ciudadanía capitalina
exprese su rechazo al dictamen aprobado ayer, y en el corto plazo debe
buscarse por todos los medios legales que se elimine el estatuto
constitucional discriminatorio que padecen los habitantes del Distrito
Federal y se logre que esta demarcación sea un estado más, con las
obligaciones, los derechos y las prerrogativas que corresponden al resto
de las entidades federativas.