Incidirá negativamente en los programas que han contribuido a mejorar la educación superior
Están relacionados con el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, señalan
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 del gobierno federal presenta una redistribución en los recursos ‘‘que afecta significativamente a programas que han contribuido de manera importante a la mejora en la calidad de la educación superior y que se encuentran relacionados con el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018’’, señalaron rectores de universidades públicas del país.
Por ello, los académicos solicitaron a la Cámara de Diputados corregir estos recortes mediante un incremento en los recursos ordinarios y extraordinarios para el siguiente ejercicio fiscal, que permita a las casas de estudio cumplir las metas de cobertura y calidad planteadas por la administración de Enrique Peña Nieto.
En un análisis que los rectores conocieron durante la sesión del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (Cupia) –realizada el pasado viernes a puerta cerrada en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí–, perteneciente a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), se asienta que el proyecto de presupuesto para 2014 presenta una reducción de poco más de 2 mil 200 millones de pesos.
Si este déficit se aprueba sin modificaciones afectaría cuatro programas ‘‘fundamentales’’ para la ampliación de la oferta y el mejoramiento de la calidad en las universidades estatales, y sería ‘‘insuficiente’’ para el desarrollo de los programas académicos de cinco instituciones federales.
El proyecto presupuestal del Ejecutivo para 2014 presenta un incremento en lo general, al pasar de 103 mil millones de pesos aprobados para 2013, a casi 180 mil millones propuestos para 2014. Sin embargo, la afectación se encuentra en el rubro de fondos extraordinarios y en algunos programas federales donde hay una disminución importante, pues hay una caída en los recursos que para 2013 fueron más de 8 mil 950 millones de pesos y para el siguiente ejercicio se presupuestan poco más de 6 mil 750 millones.
Para los directivos universitarios, el incremento mínimo necesario a educación superior para el ejercicio 2014 debe ser de 2 mil 647 millones 503 mil 219 pesos.
Los cuatro programas que irían a la baja son: Fortalecimiento de la Calidad de las Instituciones Educativas, donde la propuesta del Ejecutivo para 2014 es de mil 202 millones de pesos, cifra por debajo de los mil 849 millones aprobados para 2013; Desarrollo Profesional Docente, el cual bajaría de 747 millones de este año a 453 millones; Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, al que en 2013 se asignaron casi mil 118 millones de pesos y el planteamiento para el siguiente año es de 151 millones, y Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, cuyo presupuesto actual es de 614 millones de pesos y el gasto para el próximo año plantea 464 millones.
Los integrantes del Cupia resaltaron que el presupuesto para el nivel superior debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: la ampliación del sistema para alcanzar la meta fijada por el Ejecutivo de 40 por ciento de cobertura; las necesidades presupuestales que requiere el desarrollo de los programas académicos con elevados niveles de calidad; la suficiencia en el subsidio ordinario de las instituciones para cubrir el gasto corriente (sueldos y gasto de operación), también el fortalecimiento del Programa de Carrera Docente para los educadores de las universidades estatales; el avance en la atención de los pasivos financieros en materia de pensiones y jubilaciones de su personal, y el sostenimiento de los recursos de los Fondos de Financiamiento Extraordinario dirigidos al fortalecimiento de las universidades e instituciones públicas de este nivel.
Tras conocer los detalles del análisis, los más de 60 rectores asistentes elaboraron un pronunciamiento donde demandan de forma unánime que el Estado cumpla con el ‘‘imperativo legal’’ de dedicar al menos 8 por ciento del PIB a la educación y uno por ciento a ciencia y tecnología.
En el documento –firmado en nombre de los dirigentes universitarios por el secretario general ejecutivo de Anuies, Enrique Fernández Fassnacht– también se exige que el Estado institucionalice un modelo de financiamiento del sector con un ‘‘horizonte plurianual’’ y que se comprometa a alcanzar una inversión pública anual para las universidades de al menos 1.5 por ciento del PIB.
Otras dos demandas son que se transfiera a las casas de estudio el financiamiento y operación de los programas y fondos oficiales del sector, y que se otorgue soporte financiero a un programa emergente de renovación de la planta académica que implique apoyos para el retiro voluntario y pensiones con salarios dignos.
Fuente: La Jornada
Fuente: La Jornada