16 octubre 2013 | Jenaro Villamil | Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Sin pena ni gloria, sin debate sustancial y ante la ausencia de los legisladores de las izquierdas que organizaron sus propias mesas, concluyeron los foros de la reforma energética, auspiciados por la Comisión de Energía del Senado, con llamados de los exsecretarios de Energía, Francisco Labastida Ochoa y Jordy Herrera, priista y panista, a aprobar la iniciativa de reforma constitucional enviada por el Ejecutivo federal.
“La iniciativa del presidente Peña mantiene la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos y las grandes empresas energéticas: Pemex y CFE; no hay concesiones, no hay contratos de riesgo. El petróleo y el gas seguirán siendo de los mexicanos. Pemex y CFE seguirán siendo de los mexicanos; la iniciativa de reforma constitucional evita dar concesiones”, sintetizó Labastida durante su ponencia.
El excandidato presidencial y exsenador, quien también participó activamente en la reforma energética de 2008, afirmó que la clave está en que Pemex y CFE “mantengan las explotaciones que están realizando, una especia de ronda cero, pero sobre todo que se puedan asociar para que multipliquen el capital disponible y obtengan tecnología de punta”.
Labastida afirmó que sólo así se podrá obtener energía barata, crear muchos empleos, impulsar la petroquímica y los fertilizantes, mejorar la eficiencia en las refinerías, reducir las pérdidas y los robos de energía eléctrica y mejorar la operación de la CFE.
En su ponencia, el exsecretario de Energía del gobierno calderonista, Jordy Herrera, avaló la propuesta de la ronda cero porque los nuevos y potenciales operadores podrán cambiar la velocidad e intensidad con la que se vienen trabajando en hidrocarburos.
Herrera abogó por un “fondo soberano”, que es un instrumento financiero utilizado en otros países como Noruega o Rusia y en naciones árabes, los cuales permiten crear la infraestructura básica que requieren “para darle mayor competitividad y, con ello, viabilidad económica a sus naciones.
“En nuestro caso, el fondo soberano sería el resultante de la comercialización de crudo y otros productos de todos los operadores al servicio del Estado”, afirmó Herrera.
Este mismo fondo actuaría “como garante de la estabilidad de los ingresos petroleros derivados de cambios en los precios internacionales”, así como base de financiamiento para fondear institutos de investigación del sector.
El académico Carlos Elizondo Mayer afirmó que Pemex registra pérdidas anuales por 100 mil millones de pesos en refinación, la mitad de lo que pretende recaudar el gobierno federal en la presente reforma fiscal, y ha dedicado montos sin precedentes a la inversión en explotación y exploración “con resultados exiguos”.
Ante este panorama catastrófico, Mayer Serra afirmó que no necesariamente estamos “sobreexplotando a Pemex, sino que Pemex nos está quitando una parte de la renta petrolera que pertenece a todos los mexicanos”.
El investigador del CIDE apoyó la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto porque, “afortunadamente, no estamos en el 2008”, en referencia a la reforma energética frustrada de Felipe Calderón.
Foros del PT
En contraste con la unanimidad a favor de la reforma constitucional planteada por el Ejecutivo federal, el coordinador de la bancada del PT, Manuel Bartlett, organizó otra ronda de foros, distinta a las del PRD, con especialistas que acusaron “manipulación mediática”, presiones de Estados Unidos y graves consecuencias fiscales si se aprueban las modificaciones a los artículos 27 y 28 constitucionales.
Bartlett afirmó que su partido presentará su opinión y argumentos “para esta especie de debate virtual”.
“El documento demuestra que los beneficiarios de la reforma serían Estados Unidos y sus transnacionales, y desnuda las falacias justificativas de Peña Nieto; explica las graves implicaciones económicas y de seguridad nacional, y plantea la política energética para que México sea potencia del siglo XXI”, afirmó el exsecretario de Gobernación.
En el foro del PT participaron los expertos Alberto Montoya, Rocío Vargas, Heberto Barrios, Francisco Garaicochea y Gonzalo Núñez.
Fuente: Proceso
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