Napoleón Gómez Urrutia | Opinión-La Jornada
La experiencia de México a lo largo de décadas demuestra que para que exista una relación cordial entre empresarios y trabajadores debe prevalecer siempre el respeto recíproco y el cumplimiento de las obligaciones. En teoría, cuando una de las partes se sale de este esquema y deja de tomar en cuenta debidamente los intereses legítimos de la otra, surge el conflicto. En la práctica, no son los trabajadores quienes traspasan los marcos del derecho y de la convivencia constructiva entre ambos factores de la producción. No son ellos los creadores de conflictos.
Tras 12 años de gobiernos pro empresariales del Partido Acción Nacional, la realidad indica que los patrones son quienes con frecuencia rebasan el límite que de modo casi natural debe existir en las relaciones entre empleadores y empleados, lo cual dificulta tener u obtener condiciones viables para desarrollar una labor productiva conjunta. Esto fue notable, más que nunca, en los dos sexenios panistas, inaugurados por Vicente Fox en la Presidencia, cuando éste definió a su gobierno como “de empresarios, por empresarios y para empresarios”, lo cual desbalanceó el equilibrio obrero-patronal, que ya de por sí registraba índices agudos de marcadas diferencias desde los últimos gobiernos priístas anteriores.
La embestida antisindical desde el gobierno fue una de las principales conductas seguidas por el panismo en el poder; otra fue la permanente degradación de la política laboral gubernamental de reprimir la integridad y dignidad de los trabajadores, de lo cual son muestra evidente las situaciones de los mineros, los electricistas, el personal de la aviación, los campesinos, así como la inexistencia de una política social y la persecución generalizada de cuantas demandas populares se presentaron tanto en el terreno estrictamente laboral como en la situación económica en descenso de las amplias masas de mexicanos.
Este es un pasado que no debe repetirse y que no debió ocurrir. Las bases del progreso nacional están, entre otras cosas, en la justa, respetuosa y equitativa relación entre los factores de la producción, y México no es un país de empresarios, sino de trabajadores. El actual gobierno parece entenderlo así y, aunque con lentitud, ha estado dando muestras de que pretende aplicar una política acorde con los antiguos –pero más que nunca válidos– principios de la justicia social, a lo cual se opone el pesado andamiaje de intereses y complicidades incubadas cuando menos en los pasados tres decenios entre el poder económico privado y el gobierno.
Actualmente hay intenciones de cambio de esta conducta. La decisión oficial de hacer justicia a los electricistas jubilados en cuanto a los derechos que sobre sus propios fondos de retiro nunca perdieron y sobre la toma de nota de sus dirigentes legítimos. Otro dato es la nueva actitud ante los trabajadores mineros, expresada por el mismo presidente Enrique Peña Nieto, y suscrita en conferencia de prensa conjunta con los más importantes líderes sindicales internacionales y nacionales, por el actual titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, en el sentido de reconocer la legitimidad de nuestro liderazgo y la decisión de no proseguir con la política persecutoria contra el gremio trabajador minero. De forma adicional está el pronunciamiento que en días pasados hizo el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Zacatecas, Gilberto Zapata Fraire, quien en declaraciones a medios de comunicación hizo un llamado a los empresarios mineros de esa entidad a “respetar obligatoriamente los derechos de los trabajadores” y señaló que en este punto debe haber “una cultura y mejores asesores para que se sujeten a lo que establece el derecho mexicano”.
El funcionario reconoció que por parte de diversos empresarios mineros existen “altos intereses” que atropellan los derechos de los trabajadores. Esos empresarios, dijo, “quieren obtener ganancias o altas regalías de alguna actividad económica, quieren sacar ventaja y así es que atropellan muchas veces los intereses de los trabajadores”.
Mencionó al respecto que “surgen algunos tironeos en Peñasquito, vemos que surgen en Camino Rojo, surgen en Tayahua u otros lados, en que quieren sacar un beneficio más allá de lo que les permite la propia legislación”.
Las expresiones de inconformidad de los trabajadores mineros, agregó, están relacionadas con el incumplimiento de la ley que establece 10 por ciento de reparto de utilidades para los trabajadores, así como las violaciones a los contratos colectivos y a la libertad de asociación, y las denuncias por amenazas, prepotencia patronal, abusos “e incluso un tema más delicado, el del acoso sexual contra trabajadoras”.
Mucho es lo que tiene que andar todavía el actual gobierno en esta y otras materias. Lo importante es que ya inició un camino en el que debe persistir y acelerar el paso. La situación de México no está para mantener conflictos sin resolver, particularmente cuando éstos provienen de caprichos, arrogancia, corrupción y persecución política en contra de los sindicatos democráticos y sus líderes.
El respeto a los derechos e intereses de los trabajadores ya no es sólo un asunto laboral, sino un problema de derechos humanos, tal como lo establece el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Fuente: La Jornada
Fuente: La Jornada
