30 septiembre 2013 | Axel Didriksson | Proceso
Con la aprobación de las nuevas leyes constitucionales y secundarias de la educación, que buscan el control del ingreso y la permanencia y despido de los maestros en ejercicio, pero que no van al fondo de la aguda problemática educativa que se vive en el país, cabe preguntarse si el actual gobierno podrá contar con los suficientes recursos para que las mismas puedan ponerse en marcha, en medio de una recesión económica que se extenderá hasta la mitad del actual sexenio, de una condición de riesgo ambiental insólita (que ha redefinido el destino de miles de millones de pesos) y del crecimiento de un conflicto magisterial pocas veces visto en la historia nacional.
De por sí, México tiene uno de los gastos educativos más irracionales del mundo, porque se encuentra con los indicadores más bajos, entre los países de la OCDE, en inversión orientada a los alumnos; con los más altos respecto de lo que se orienta por gasto de gobierno, pero que escasamente tiene que ver con la cobertura y la calidad del servicio educativo que se ofrece; con una excesiva erogación (98% del total del sector) en sueldos y salarios, para mantener un sindicato que todo lo concentra, absorbe y negocia siempre a su favor y no hacia el bienestar de sus agremiados; con una falta de inversión en mejoramiento de la infraestructura escolar, en la formación de docentes, en la atención indispensable de la población más rezagada y desescolarizada. En general, se trata de un país que reproduce uno de los peores sistemas educativos del orbe, pero que ahora pretende mejorar esas deficiencias sin contar con los medios financieros que se requieren para lograrlo.
De acuerdo con la proyección de los recursos que está proponiendo el gobierno federal hacia el sector educativo para 2014 (con el fin de hacer válidas las iniciativas de reforma promulgadas durante este primer semestre), se requerirá contar con una cifra superior a los 30 mil millones de pesos, más 3 mil millones en otros programas especiales, agregando una partida especial para investigación científica (que ha sido ofrecida a la comunidad científica con el fin de alcanzar el 1% del PIB para esta actividad) y partidas a negociar para las universidades públicas (a las que por cierto se les ha presentado un presupuesto inercial recesivo).
Todo ello cae por su propio peso cuando se está anunciando que, para este año, no habrá crecimiento del gasto público ni desarrollo económico, y que se proyecta mantener un crecimiento en extremo bajo hacia los próximos tres años (entre el 1% y el 3% hacia 2014 y un ligero repunte hacia 2015, que se proyecta de 5%), con lo cual se van para abajo las pretendidas especulaciones de un mejoramiento de la calidad del sistema educativo y del desempeño de sus docentes y alumnos; es decir se trata de condiciones que están muy por debajo de las pretensiones superlativas del gobierno en el campo educativo.
En contraparte, los recursos que se proyectan para resarcir la baja formación y preparación del magisterio disminuyen, así como los gastos en rubros que se relacionan de forma directa con el mejoramiento del aprendizaje y calidad de los estudios, hacia la innovación educativa o universitaria, la puesta en marcha experimental de nuevos modelos pedagógicos, o la reducción de la burocracia de la SEP.
Con la reciente propuesta de reforma hacendaria, según se calcula, podrán recaudarse unos 240 mil millones de pesos, los cuales, como se ha anunciado, tendrán que ser repartidos entre todos los compromisos multisectoriales y “estructurales” pactados, en donde con seguridad el sector educativo será el que menos reciba, porque la reforma en los ramos de distribución de los mismos, particularmente el orientado a administrar los recursos federales hacia los estados, el denominado y muy controvertido Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), se verá mermado con el nuevo esquema centralista que se busca imponer.
En lo particular, se ha propuesto que la SEP centralice la operación de la distribución salarial a nivel nacional (lo que desde la Ley General de Educación de 1992 fue transferido a las Secretarías de Educación de los estados), así como los fondos respectivos de mejoramiento del servicio educativo en general, lo cual agrandará la burocracia de la SEP, que de por sí absorbe casi el 20% del total del gasto público federal; pero habrá que ver qué dicen y hacen los gobernadores con los burócratas que se encargan de pagar a los maestros y controlar sus prestaciones, promociones, incentivos y otros aspectos del escalafón magisterial, cuando se les diga que van a tener que despedirlos a todos.
En educación, gastar más no es equivalente a invertir en el sector para mejorar las condiciones de trabajo y estudio de los principales actores de la enseñanza y el aprendizaje, o para mejorar la formación de profesionales y técnicos. La reforma hacendaria propone recaudar más recursos para que la burocracia pueda gastar más, sin contar con un proyecto y ningún plan de mejora y calidad educativa para todos. Más leyes sin presupuesto, es como decir que lo que viene será más labia que sustancia. Eso sí, con Espartaco de por medio.
Fuente: Proceso
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