Imelda Garcia - ADN Politico
La reforma financiera, aprobada en la Cámara de Diputados, prevé cambios
que permitirían que los deudores de los bancos privados que no cumplan
con sus obligaciones adquiridas sean arraigados y puedan enfrentar hasta
dos años de prisión.
Aunque el gobierno federal y los legisladores han hablado de los múltiples beneficios para los usuarios de los servicios financieros con esta reforma, como una eventual baja en las tasas de interés y la flexibilización de los requisitos para obtener un crédito, otra parte es favorable a la banca al establecer mecanismos que le permitirán cobrar de una manera más eficaz.
Aunque el gobierno federal y los legisladores han hablado de los múltiples beneficios para los usuarios de los servicios financieros con esta reforma, como una eventual baja en las tasas de interés y la flexibilización de los requisitos para obtener un crédito, otra parte es favorable a la banca al establecer mecanismos que le permitirán cobrar de una manera más eficaz.
En el análisis de la iniciativa presidencial, diputados
señalaron que una de las metas de la reforma es otorgar certeza jurídica
a las partes que celebran un contrato de otorgamiento de crédito,
fundamentalmente a los bancos.
"ARRAIGO"
Uno
de los cambios que se introducen con la reforma financiera es la
posibilidad de que los deudores sean arraigados y obligados a permanecer
en un lugar si enfrentan un juicio mercantil y, en caso de romper ese
arraigo, podrían ser enviados a prisión, cuando hasta el momento no se
puede ser apresado por deudas de carácter civil.
De acuerdo con
las reformas hechas al Código de Comercio, en un juicio ordinario
mercantil el juez podría declarar la necesidad de aplicar medidas
cautelares contra el deudor, entre las que se contempla la “radicación
de persona”, con la cual se “advierte” al ciudadano que no debe
abandonar el lugar donde se lleva a cabo el juicio.
Es decir, el deudor debe quedarse en el lugar donde se lleva a cabo el proceso, sin la posibilidad de salir de la localidad.
En
la iniciativa original enviada por el Ejecutivo, el término utilizado
para esta acción era “arraigo” de la persona, que los legisladores
modificaron por “radicación”.
La “radicación de persona” se
solicitará “cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la
persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda”,
según lo aprobado por los diputados.
En caso de que la persona
abandone la ciudad donde se lleva a cabo el juicio sin dejar un
representante legal en su lugar, la reforma contempla que será castigado
conforme el Código Penal en cuanto a “desobediencia a un mandato
legítimo de autoridad pública”.
El Código Penal Federal, en su
capítulo VI dedicado a Delitos contra la Autoridad -el artículo 178-,
establece que: “Al que desobedeciere el mandato de arraigo domiciliario o
la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, dictados por
autoridad judicial competente, se le impondrán de seis meses a dos años
de prisión y de 10 a 200 días multa”.
Esta medida contradice a la
Constitución Política, que en el último párrafo del artículo 17,
establece: “Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente
civil”.
Ricardo Monreal,
coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, se pronunció en
contra de esta medida porque, dijo, se dan más armas a los grupos
financieros contra los ciudadanos.
“Nadie puede ser aprisionado
por deudas de carácter puramente civil, éste es el principio general.
Pues no, ahora con esta modificación de la ley, aquél que desacate el
arraigo podrá ser encarcelado por seis meses y hasta dos años de
prisión.
“Es decir, estamos legislando para las grandes
corporaciones financieras, para los grandes bancos y estamos condenando
al usuario a la prisión por la falta de pagos en tarjetas o en
compromisos”, expuso en tribuna.
La reforma financiera señala que
los acreedores podrán solicitar la “radicación de persona” mediante
documentos o con “testigos de calidad”, sin establecer a qué se refiere
dicha condición.
La “radicación de persona” puede ser solicitada
antes de que el acreedor presente una demanda contra el deudor o al
mismo tiempo que se presenta la demanda, con lo que automáticamente se
hará la notificación al deudor.
Los legisladores de izquierda
acusaron que esta medida recrudecerá los castigos contra los deudores y
da más garantías a las instituciones bancarias para que cobren el dinero
que prestaron a los ciudadanos.
Ricardo Mejía Berdeja,
legislador de Movimiento Ciudadano, acusó que más que ser benéfica, la
reforma financiera se encargará de llevar a miles de ciudadanos a
prisión.
“Aquel deudor que en virtud de la nueva legislación
laboral sea despedido injustificadamente y que no pueda pagar el
crédito, va a pagar con cárcel.
“No van a ser suficientes las
cárceles para llenar con deudas civiles a miles de mexicanos que van a
tener que pagar la insuficiencia de la economía y la crisis financiera
nacional”, manifestó en tribuna.
"SECUESTRO DE BIENES"
De
acuerdo con lo aprobado, se establece también que en caso de que un
deudor no cumpla con su obligación, la autoridad judicial puede
determinar un acto de “retención de bienes”, es decir retendrá bienes
que fueron usados como garantía y que el banco tuviera el “temor
fundado” de que pudieran ser “maltratados, dilapidados, ocultos o sean
insuficientes”.
En la iniciativa original enviada por el
Ejecutivo, el término utilizado para esta acción era “secuestro de
bienes”, pero fue modificado por los legisladores.
JUZGADOS ESPECIALIZADOS
La
reforma financiera promovió también la creación de juzgados
especializados en materia mercantil, con el fin de procurar un sistema
judicial pronto y expedito y evitar alargar los juicios mercantiles de
forma innecesaria.
Esta medida fue criticada por Lilia Aguilar,
diputada por el Partido del Trabajo, quien señaló que las condiciones
entre acreedores y deudores no son las mismas, por lo que se espera que
también sea diferenciado su acceso a la justicia.
“Tenemos juicios mercantiles fast track, que
se pudiera pensar que son a favor de la ciudadanía, pero que en
realidad nos hace enfrentarnos como ciudadanos a un juicio mercantil muy
rápido donde solamente enfrentaremos a los grandes abogados de los
grandes consorcios bancarios”, advirtió desde tribuna.
CERTEZA JURÍDICA, LA JUSTIFICACIÓN
La
exposición de motivos de la reforma establece que para ampliar las
fuentes de financiamiento es necesario garantizar certeza jurídica a los
bancos en el otorgamiento de créditos, en previsión de un eventual
incumplimiento y en la recuperación de bienes dejados en garantía.
"Especialmente
para que los acreedores recuperen de manera más sencilla sus recursos
en caso de incumplimiento por parte del deudor y particularmente, en
aquellos casos en los que existe una garantía”, indica el documento.
El
texto señala también la necesidad de agilizar los trámites en juicios
mercantiles para reducir los tiempos de admisión de pruebas y para
realizar las notificaciones a las partes, con lo que se reduce
considerablemente el tiempo del juicio y, por ende, su costo.
En
la presentación en tribuna de la reforma, el presidente de la Comisión
de Hacienda, el panista José Isabel Trejo, señaló que el cambio en el
esquema de trabajo del sistema financiero es necesario para que los
bancos tengan más facilidad de otorgar crédito, pero también de
recuperar el recurso prestado.
“Otorgar crédito en México continúa
resultando caro (...) Los procesos para la recuperación de créditos y
ejecución de garantías son lentos y costosos y un número importante de
intermediarios financieros no bancarios carecen de solidez económica o
no se encuentran adecuadamente regulados.
“Con base en este
diagnóstico, ahora es el momento de que este Congreso promueva las
acciones necesarias para eliminar los obstáculos que impiden que la
banca y el crédito sean una palanca efectiva de desarrollo para hogares y
empresas”, sostuvo en tribuna.
La discusión en lo particular de
la reforma financiera no aceptó la modificación de ningún artículo que
no había sido consensuado previamente, y todas fueron rechazadas a mano
alzada. En la discusión de las reservas, participaron casi
exclusivamente diputados de izquierda.
La reforma financiera,
presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en el marco de Pacto por
México, pasó al Senado para su estudio.
