"El conflicto magisterial que se ha desarrollado en la ciudad de México
no puede ni debe exceder los límites de la legalidad", aseveró el
organismo de derechos humanos.
Aristegui Noticias
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se manifestó por hacer el “uso legítimo” de la fuerza en caso de que las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la capital del país rebasen los límites establecidos por la ley.
En un comunicado, la CDHDF indicó que conforme a los artículos 1 y 21 de la Constitución y de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal, la autoridad cuenta con la facultad para hacer uso de la fuerza en caso de ser necesario ante situaciones que afecten el bien común en la ciudad de México.
“La CDHDF no se opone al uso legítimo de la fuerza, por el contrario,
ha enfatizado que, de ser necesario, deberá emplearse atendiendo en
todo momento los principios de racionalidad, congruencia y
proporcionalidad”, señaló.
Se reproduce el comunicado íntegro de la Comisión:
POSICIONAMIENTO DE LA CDHDF SOBRE EL CONFLICTO MAGISTERIAL EN EL DISTRITO FEDERAL
· Este Organismo hace un enfático llamado a los actores
involucrados a dialogar y evitar acciones que generen un clima de
crispación y violencia.
· El conflicto magisterial no puede ni debe exceder los
límites de la legalidad, los derechos de manifestación y protesta no son
derechos absolutos.
Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) el
respeto y reconocimiento de los derechos de todas y todos los ciudadanos
es esencial para la convivencia pacífica de una sociedad democrática.
El diálogo y la concertación política deben ser la vía institucional
para superar las discrepancias y construir acuerdos.
Ante las manifestaciones y bloqueos de protesta que se han registrado
en los días recientes en la ciudad de México, por parte de integrantes
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la
CDHDF hace un nuevo y enfático llamado a privilegiar el diálogo y evitar
acciones que generen un clima de crispación y violencia.
El conflicto magisterial que se ha desarrollado en la ciudad de
México no puede ni debe exceder los límites de la legalidad, ni en lo
que se refiere al ejercicio de los derechos a la libre expresión y de
reunión, ni en lo que toca a las acciones de la autoridad para resolver
las afectaciones colaterales al mismo. Las y los integrantes de la CNTE
tienen sin duda derecho a manifestarse y a expresarse libremente y la
CDHDF debe ser garante de ello; sin embargo esta Comisión no puede ser
omisa ante las múltiples afectaciones que el ejercicio de este derecho
implica para las y los habitantes de la ciudad de México.
Como ya lo ha señalado este Organismo, los derechos de manifestación y
protesta no son derechos absolutos. En una sociedad democrática hay
restricciones que son necesarias y están previstas en la ley para
proteger los derechos y libertades de todas las personas.
Por lo anterior, en días pasados este Organismo solicitó medidas
precautorias al Gobierno del Distrito Federal (GDF), con el propósito de
privilegiar los métodos de disuasión, sensibilización y diálogo para
fomentar la tolerancia y el respeto entre los habitantes de la capital
ante el conflicto magisterial.
Del contenido de esas medidas también se desprende que la CDHDF no se
opone al uso legítimo de la fuerza, por el contrario, ha enfatizado que
de ser necesario, deberá emplearse atendiendo en todo momento los
principios de racionalidad, congruencia y proporcionalidad, tal y como
lo señalan los Artículos 1 y 21 de la Constitución y de la Ley que
Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del
Distrito Federal.
En este contexto, y en el ámbito de sus atribuciones, la CDHDF
exhorta al Gobierno Federal, al Congreso de la Unión y al Gobierno
capitalino a mostrar voluntad política para, conjuntamente con el
movimiento magisterial, solucionar el conflicto a la brevedad; y a los
líderes del movimiento magisterial, les conmina a sensibilizarse
respecto de la cantidad y magnitud de las implicaciones que el ejercicio
de su derecho ocasiona a las y los habitantes de la ciudad.
